Cuando el lunes el juez Edson Fachin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), hizo lugar a un habeas corpus que había presentado en noviembre la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva y anuló todas las decisiones judiciales previas tomadas en contra de quien fue dos veces presidente de Brasil, la noticia dio la vuelta al mundo. Las consecuencias judiciales y las consecuencias políticas del anuncio del relator (o ministro especializado) del Lava Jato en la máxima corte constitucional brasileña guardan entre sí un vínculo necesario que sin embargo parece menos indisoluble y menos inmediato que el nexo ya manifiesto entre el resultado de la batalla por la interpretación de esta noticia y quién será el vencedor de las próximas presidenciales brasileñas. El supremo Fachin está lejos de haber sustituido el veredicto de culpabilidad pronunciado por el juez federal Sérgio Moro por uno de inocencia. Pero sí sustituye el mayor efecto práctico de aquella sentencia: si el magistrado de Curitiba inhabilitó políticamente con su fallo a Lula para las elecciones de 2018, el de Brasilia levantó la proscripción para quien ahora sin duda será en 2022 el candidato del Partido de los Trabajadores (PT). El único que podría vencer a Jair Bolsonaro, quien en las elecciones pasadas lo derrotó sin enfrentarlo, y que buscará su reelección.
Al hacer lugar al habeas corpus de la defensa de Lula, el juez Fachin dejó sin efecto las decisiones tomadas por el Juzgado Federal n°13 de Curitiba (en el estado de Paraná) en cuatro procesos que habían culminado en sentencias condenatorias. En todos estos cuatro casos, la causa pública de la condena era la misma: atribuir a la corrupción y al cohecho la proximidad del ex presidente con determinados bienes. En cada uno de estos cuatro casos, lo que diferían eran los bienes: un tríplex en la ciudad balnearia paulista de Guarujá, un terreno en la localidad paulista de Atibaia, otro terreno comprado para la fundación suprapartidaria sin fines de lucro Instituto Lula (dedicada a la colaboración de Brasil con África y Latinoamérica), y donaciones destinadas a este Instituto.
Fachin dio la razón a los abogados defensores, Cristiano Zanin y Valeska Martins, que el 3 de noviembre de 2020 habían presentado un hábeas corpus. El juez supremo concordó en que el Juzgado Federal n°13 de Curitiba, al mando del juez Sergio Moro durante la mayor parte de la Operação Lava Jato, que había investigado la cartelización de la obra pública encabezada por la empresa constructora Odebrecht en sus vínculos con el Estado brasileño y la petrolera estatal Petrobras, era incompetente hacer lugar a esas cuatro acciones penales dirigidas contra Lula, y por lo tanto mucho más incompetente aún para encausar al expresidente, procesarlo, juzgarlo y condenarlo. Esta incompetencia jurisdiccional, que debería haber tenido como efecto que el juez Moro derivara las denuncias e investigaciones que dieron origen a las causas, no es, o no es ante todo, territorial. Importa que los bienes cuya existencia en la proximidad del ex presidente era señalada por los denunciantes no estuvieran en el estado de Paraná, sino en otros estados. Pero importa menos que algo más grave, que señala Fachin. Aun si estos bienes pertenecieran a Lula -como entendió, más que demostró, Moro-, aun si su origen fuera espurio o dudoso -como lo decidió Moro-, la relación de esos bienes con Lula y con el objeto de las investigaciones del Lava Jato era tenue en el mejor de los casos -si hubiera que razonar las decisiones de Moro- , e inverificable en el peor.
En otras palabras, Fachin no declaró la inocencia de Lula. Sencillamente, dijo que los cuatro procesos que se le siguieron en Curitiba no tendrían que haberse iniciado allí. Si es que tenían que iniciarse, si es que realmente había indicios suficientes como para procesar a Lula. Fachin no se pronuncia al respecto. Remite todo lo actuado a la Justicia Federal en el Distrito Federal de Brasilia. Quien lo reciba, podrá utilizarlo –si es que este profuso material le sirve, y si decide que hay elementos suficientes para abrirle una nueva causa a Lula, porque la de Curitiba es como si no hubiera existido. Un juez del TSF como Marco Aurélio Mello buscó enfatizar el argumento menos importante –la incompetencia por el domicilio- y no mencionar el mayor –la irrelevancia del objeto procesal para la operación Lava Jato, en la cual, en pro de la economía de fuerzas y de la concentración unitaria de la instrucción, se había concedido extraterritorialidad a Moro. Mello dijo a la radio-televisión Bandeirantes que “la sociedad en general” entiende mal el derecho, y que esta decisión no va a beneficiar el buen nombre del Lava Jato, que dejó de existir el 3 de febrero, según lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraná.
Lo menos que podría decir el PT en este momento, y hay que decir que está desplegando, desde su presidenta Gleisi Hoffmann (diputada federal, coincidentemente, por el estado de Paraná) una disciplinada sobriedad, es que Lula, condenado como corrupto victimario, fue víctima. Y, en la versión mínima, si no de una persecución política encarnizada y personalizada, que distraía a jueces y fiscales de otros procesos y otros crímenes y gastaba recursos preciosos y escasos en una investigación -que no llegó a resultados muy determinantes o determinados- acerca del estatuto legal de un departamento en una playa de segundo orden en el menos turístico de los litorales brasileños, sí de un error procesal mayúsculo, cometido en primera instancia y confirmado en segunda. En el caso del triplex de Guarujá, donde la construcción de departamentos triplex en serie es elegida por economía, no lujo, Moro condenó a Lula a 12 años y 7 meses. El Superior Tribunal de Justicia redujo la pena a 8 años y 10 meses, con enorme velocidad procesal, apenas conoció la sentencia de la instancia inferior. La clemencia de la reducción ocultaba la severidad de la confirmación: por la ley de ‘Ficha Limpa’, todo reo condenado en segunda instancia queda en Brasil privado de sus derechos políticos pasivos, no puede ser candidato.
Si no quedan dudas, según el relator del STF, de un error procesal que costó a un ex presidente del PT un año y siete meses de prisión, y una proscripción política fatal para su partido, en cambio se fortifican todas las que pesan sobre el accionar de Moro, que surgen de la pura observación del encadenamiento de los antecedentes, en especial cuando se unen los posteriores con los anteriores. Que lucen como si estuvieran conectados como causas y consecuencias. El enjuiciamiento de Lula, sus puntuales y oportunas y veloces condenas en primera y segunda instancia, la inhabilitación de su candidatura presidencial, la derrota en la segunda vuelta del 28 de octubre de un mal conocido (por el electorado) candidato petista Fernando Haddad ante el populismo de derecha de Jair Bolsonaro con su lema “Brasil y Dios por encima de todos”, y la designación, aceptada con entusiasmo, de Sergio Moro como ministro de Justicia en su primer gabinete, invitaban a una interpretación retrospectiva de unos hechos de los cuales, con prescindencia absoluta de cuál hubiera sido la intención o propósito, habían tenido una facilitación sine qua non en el activismo procesal del magistrado de Curitiba.
En su decisión, el juez Fachin no se limitó a hacer lugar al habeas corpus que reabrió la carrera política de Lula. Al mismo tiempo, extinguió diez habeas corpus de la defensa del ex presidente que pedían la anulación con otro argumento, el de denunciar la parcialidad de Moro, a la luz de las revelaciones de sus diálogos con el Ministerio Público, conocidos por The Intercept Brasil, en el que juez y fiscal Deltan Dallagnol parecían en colusión, prejuzgando la culpabilidad del acusado, para buscar pruebas que demostraran una autoría criminal que para ellos no la requería, porque estaban íntimamente convencidos de ella de antemano. De este modo, las audiencias en el STF, fijadas para el segundo semestre de este año, en la que se consideraría si el ex juez cometió algún delito en el ejercicio de sus funciones, no tendrán lugar: no se puede determinar si un magistrado o funcionario obró bien o mal en un juicio que no tuvo lugar, o que ahora debe considerarse como si nunca hubiera existido.
En los hechos, Fachin salvó a Lula sin entrar en cuestiones sustantivas. Otro tanto ocurre con Moro. Y salvando a Moro, salva al Lava Jato. Si el STF hubiera encontrado a Moro culpable de prejuzgamiento, eso habría desencadenado un efecto dominó sobre todas sus sentencias en el contexto de la operación anti-corrupción. Aquí el deslinde es nítido: en estos cuatro casos era incompetente, dice Fachin, pero (o, incluso, porque) en el conjunto del Lava Jato sí era, y fue, competente. Esta segunda parte de la decisión de Fachin es vista en Brasilia por demasiadas voces como el motor de la primera: para salvar a Moro, dicen, libera a Lula. Con lo cual el ex presidente petista encuentra aliados improbables, como el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, líder del Centrão, grupo de partidos que ven a Moro como enemigo, porque ellos mismos están investigados en el Lava Jato. Lira tuiteó que Lula acaso se merezca este sobreseimiento, pero Moro ¡nunca!
Si esta habilitación de la candidatura de Lula favorece o no a Bolsonaro, es también motivo de especulación. El presidente ya reaccionó para CNN Brasil, cual Donald Trump, contra la Justicia y los medios y los progresistas aliados contra el pueblo y defensores de su impunidad de casta. Llegó a la presidencia como caudillo de la antipolítica y el más incorrecto de los opositores al PT, la polarización será mayor con Lula haciendo campaña que preso. A la vez, lo volverá más dependiente de su alianza con el Congreso. Y entonces, cada vez que diga que Lula es ‘ladrón, bandido, que debe estar detrás de las rejas’, eso será un búmerang para diputados y senadores que fueron o están siendo procesados por el Lava Jato, en causas con jueces naturales no controvertidos. La primera víctima del Lava Jato había sido la presidenta Dilma Roussef, que cayó en 2016. Había caído gracias a un impeachment express hábilmente armado, con una estrategia que hace recordar a la de Fachin. De 36 pedidos de impeachment contra la ex presidenta petista, el entonces presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que sabía que contaba con los votos destitutorios en el Senado, eligió uno, por ‘pedaladas’ fiscales, reasignación de partidas entre los rubros de la contabilidad del Estado, que sólo iba a afectar a Rousseff, sin arrastrar a terceros en su caída. Fachin liberó a Lula, salvó a Moro, y el resto sigue como estaba. Por ahora.