La rezonificación de Costa Salguero es la tercera parte de una saga que comenzó en 2018 con la aprobación del llamado “Distrito Joven”, un plan del gobierno porteño que habilitaba la instalación de locales gastronómicos, bares y boliches en tierras ganadas al río con el objetivo de revitalizar la franja costera. El plan dividía el área entre el Parque de la Memoria y Costa Salguero en cinco sectores y el gobierno aseguraba que para la explotación de estos locales buscaría un modelo de concesiones a operadores privados.
Esto cambió radicalmente en diciembre de 2019, cuando el oficialismo porteño aprobó, en soledad y en una de las últimas sesiones del año, un proyecto de ley para la venta (ya no concesión) de los terrenos del sector 5, donde hoy funcionan las concesiones de Costa Salguero. Con la firma del propio Horacio Rodríguez Larreta, y con la intención de “llevar adelante una política de austeridad respecto al patrimonio inmobiliario de la Ciudad”, el proyecto habilitaba el desarrollo urbanístico en hasta el 35% del sector, aclarando que las edificaciones no podrían superar los cuatro pisos de altura debido a cercanía al aeroparque Jorge Newbery. La votación ocurrió en medio de reclamos generalizados de la oposición. “Esta sesión parece un pijama party de venta de tierras”, dijo el legislador Gabriel Solano. Pero eso no sería todo.
Tras la autorización para la desafectación del dominio público, y en plena pandemia, las autoridades locales firmaron un convenio con la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y lanzaron un “concurso de ideas” para ese sector de la Ciudad. Luego de discutir el proyecto ganador con el estudio Franck-Menichetti, el larretismo llevó al recinto la famosa propuesta de “rezonificación” en la que aparecían edificios de hasta 29 metros de altura, más del doble de lo propuesto el año anterior.
Tampoco queda clara la solidez legal de la movida. A finales de octubre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad dictó una cautelar que suspende la venta de los terrenos (lo aprobado hace un año atrás) hasta tanto se resuelva si las tierras pertenecen efectivamente al dominio público del Estado. En ese caso, explicaron los jueces, es posible que no se hayan cumplido con los requisitos constitucionales para la sanción de la ley, dado que fue aprobada en una sesión sin el procedimiento de doble lectura con audiencia pública. Los magistrados recordaron que el predio “forma parte del dominio del Estado y constituye parte de la Ribera del Río de la Plata, ha sido objeto de particular tutela tanto en el orden constitucional, como en el de las normas que mayor importancia tienen en la planificación urbanística y que constituyen el eje de las políticas de desarrollo de la Ciudad, como son el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico.”