¿Hasta dónde puede llegar el racismo? El miércoles por la noche, cuatro de las mujeres mapuches detenidas en el operativo del Ministerio de Seguridad de Nación, por orden de la Justicia Federal, fueron trasladadas a Buenos Aires en una decisión arbitraria que solo reafirma el ensañamiento que tiene la justicia con las comunidades indígenas.
Más de 1600 kilómetros separan Villa Mascardi de Buenos Aires. Villa Mascardi es el lugar donde supuestamente ocurrieron los delitos que se les imputan a estas mujeres. ¿Cuáles? No se sabe. ¿Por qué las trasladaron si debían indagarlas en 48 horas? No se sabe, pero podemos decir que para obstaculizar su derecho a la defensa. ¿Se pudieron entrevistar con sus abogades antes de ser indagadas? No. De hecho, dispusieron su traslado a una cárcel federal sin siquiera estar procesadas.
De las siete mujeres detenidas el martes, dos de ellas son lactantes y una fue detenida con un embarazo a término, obligada a dejar de lado su cosmovisión a la hora de parir –lo que ocurrió anoche, mientras sus hermanas estaban en la incertidumbre del traslado. La arbitrariedad y la violencia racista es tal que hay que repetir incesantemente que estas mujeres tienen derechos humanos, que tienen derechos culturales, que tienen derechos territoriales. La jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, no puede desconocer que separar a estas mujeres de su lugar de origen implica arrancarlas de un vínculo místico con la tierra, sino también alejarlas de sus defensorxs y dificultar su comunicación con elles.
¿Puede el Estado argentino explicar el ensañamiento en este caso?
Durante el operativo realizado por un comando unificado, cuya celeridad en el armado sorprendió a les propies trabajadorxs del Ministerio de Seguridad de la Nación, y un despliegue desmesurado, allanaron numerosos predios que el pueblo mapuche reclama como propios, ancestrales. Se trata de territorios arrebatados luego de un genocidio indígena. Pero la causa que fue piedra de toque investigaba hechos que no se corresponden con la desmesura del operativo de Aníbal Fernández. Y, además, esos predios estaban siendo discutidos en litigios diferentes, en distintas instancias procesales, en distintos juzgados. ¿No hubo ningún rasguño? ¿Cómo le decimos a toda esta desproporción, arbitrariedad?
El despliegue de hombres armados que avanzan sobre familias es de por sí un hecho que violenta. Más aún cuando las mujeres y les niñes que encontraron no tuvieron chance de diálogo. Un gobierno popular obligatoriamente debe tener una seguridad democrática: la consigna fue dicha en más de una ocasión este jueves, durante el lanzamiento de la Red Federal de Defensa de Organizaciones Sociales.
El Estado cerró el diálogo y abandonó las mesas de trabajo que buscaban garantizar los derechos que la Constitución reconoce a las comunidades indígenas. ¿Son para todes los derechos humanos? En teoría, sí, pero como vemos, no están garantizados. Pero si creemos que sí, entonces tal vez haya que gritarlo más fuerte. Parece que no se escucha.
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