En el pico de las tensiones que desde hace años divide a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los cuatro ministros del máximo tribunal mantendrán este jueves por la mañana el primer plenario del año, informó una alta fuente del Palacio de Justicia a elDiarioAR.
Ante la consulta de este medio, los voceros institucionales del tribunal no confirmaron el encuentro, pero en los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se preparaban para verse las caras de manera presencial antes del mediodía, con el clima de mayor presión sobre sus espaldas: 14 pedidos de juicio político por presunto mal desempeño que el oficialismo buscará activar en la comisión de la cámara de Diputados.
El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Justicia, casi en paralelo al inicio de la segunda sesión de la comisión de Juicio Político, que este jueves a partir de las 11 comenzará a escuchar a quienes solicitaron los proyectos contra los ministros de la Corte.
En el plenario, los cuatro ministros de la Corte deberán fijar la agenda del tribunal para los próximos meses, incluyendo qué casos tendrán prioridad y qué audiencias públicas se realizarán (hay pendientes varias por temas medioambientales con incidencia política, como la de los desmontes en el Gran Chaco argentino, conocida como la demanda del Yaguareté contra las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero).
Los jueces de la Corte deberán tratar las recusaciones presentadas por el Gobierno, que solicitó a los ministros del tribunal que se abstengan de intervenir en la disputa judicial por la coparticipación de los impuestos nacionales entre el Ejecutivo nacional y la Administración porteña. Además, deberán fallar sobre el recurso de reposición presentado por el Gobierno nacional por este mismo caso. En ambos puntos, se espera el rechazo de ambos planteos del presidente Fernández.
El máximo tribunal también tiene pendiente fallar sobre la causa Dólar Futuro, que incide directamente en el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los jueces ya tienen desde finales de año un dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitando que revoquen los sobreseimientos anticipados de la expresidenta y del resto de los acusados (como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce) y ordenen realizar el juicio oral y público que nunca comenzó.
Además, los jueces deberán decidir si asistirán a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dé su discurso ante el Congreso. Es tradición institucional que los ministros de la Corte asistan, si es que este año son invitados, dado el abierto enfrentamientos con el Gobierno, que busca la destitución de los magistrados.
El primer plenario de los jueces no pasará sin que surja debate sobre el hecho que activó que el Presidente solicitara la apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con los pedidos de juicio político contra la Corte (los que estaban sin avances desde hace años y el que presentó el propio mandatario junto a 14 gobernadores aliados por el fallo de la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires).
Se trata de los chats filtrados en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro en los que el funcionario intercambió información con Silvio Robles, vocero y director de la vocalía del presidente de la Corte, Rosatti, sobre el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por los fondos para financiar la policía porteña.
La Corte está atravesada con una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques: el trío que conforma la mayoría (integrado por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018.
En el marco de esa pelea interna de poder, Lorenzetti hizo saber a través de periodistas y allegados que solicitará al trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz la salida de Silvio Robles, vocero y principal asesor del presidente de la Corte, como informó elDiarioAR.
Aunque los jueces saben que los pedidos de juicio político en su contra no podrán avanzar hasta el final, ya el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para acusarlos en el recinto de Diputados ni para destituirlos en el Senado, aguardan una larga embestida del Frente de Todos en los medios de comunicación a través de la actividades de la comisión de Juicio Político.
Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz preparan una defensa conjunta. Los jueces de la mayoría, además, ya mantuvieron sus conversaciones durante enero, sin Lorenzetti, aseguró una fuente del tribunal.
En la sesión de este jueves en la comisión parlamentaria está previsto que expongan:
- la referente histórica de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas; y los abogados Claudia Rocca y Guillermo Torremare por la Asociación Argentina de Juristas;
- los diputados oficialistas Vanesa Siley, Eduardo Valdés (por el pedido presentado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores oficialistas), María Rosa Martínez y Pablo Carro. Posiblemente también la senadora Juliana Di Tullio;
- la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, y, a confirmar, su colega y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, por los dos pedidos de juicio político a Lorenzetti;
- los abogados Federico Gustavo Mendez y Pablo Gastón Llopart;
- los particulares Ricardo Antonio La Greca y Diego Sánchez;
- Patricia Indiana Isasa, ex detenida desaparecida;
- Pablo Llonto, abogado.
La sesión de la comisión de Juicio Político podría extenderse más de cuatro horas. Los diputados de distintas fuerzas políticas podrán preguntar a los expositores por sus argumentos para solicitar el jury de los jueces del máximo tribunal.
El próximo jueves 9 de febrero se espera que los diputados de la comisión voten el informe de admisibilidad, el paso necesario para abrir las investigaciones por los 60 hechos denunciados contra los ministros de la Corte. El oficialismo tiene mayoría (cuenta con 16 diputados sobre 31), por lo que se entiende que el informe sería aprobado e iniciaría la etapa de medidas de prueba.
ED