La Unidad de Información Financiera (UIF) dejó de estar autorizada para ser querellante en casos de corrupción y lavado de activos, según dispuso el Gobierno nacional.
El Poder Ejecutivo publicó este jueves un decreto en el Boletín Oficial en el que modificó las facultades del organismo y, si bien no le prohibió estas actuaciones, el espíritu es que deje de participar como parte actuante.
“La UIF establecerá, en cada caso, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 24 de la presente ley, las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cumplir y su plazo de cumplimiento. La prescripción de la acción prevista en el artículo 24 bis de la presente ley quedará suspendida desde el momento en que se acceda al régimen y por el plazo de cumplimiento fijado. Si durante el plazo fijado por la UIF la persona que se acoge al presente régimen no comete un nuevo incumplimiento al artículo 21 de la presente ley, repara los daños en la medida establecida y cumple con las demás obligaciones que se le impongan, se extinguirá la acción para aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo para el supuesto del incumplimiento investigado”, señala la norma.
El decreto también cambia la ley de inteligencia con relación a las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad.
Por otro lado, la norma publicada este jueves le otorga a la UIF, al mando de Paul Starc, la facultad de intercambiar información con otros organismos cuando considere “que la información puede permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos o resultar relevante en la materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La UIF ya contaba con la posibilidad de manejar información, pero ahora también se le agregó la opción de ser utilizada para “su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La designación de Paul Starc como presidente de la UIF, anunciada en enero en reemplazo de Ignacio Yacobucci, fue formalizada recién el 7 de abril pasado, con el decreto 256/2025 firmado por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Quién es Paul Starc, a cargo de la UIF
Paul Starc llega a la UIF con una trayectoria en el mundo judicial que, a primera vista, parece prometedora. Sin embargo, su CV está plagado de controversias que ensombrecen cualquier intento de destacarlo como una figura intachable, de acuerdo al perfil que publicaba Pedro Lacour en elDiarioAR en enero pasado.
Starc no es ningún desconocido para aquellos que transitan los pasillos del poder. Hijo del brigadier Luis Starc, señalado como testaferro de Alfredo Yabrán y cofundador de OCA, su apellido resonó en casos vinculados al lavado de dinero durante la década de 1990, curiosamente una de las problemáticas que la UIF apunta a combatir y erradicar. Su carrera judicial se inició en 1988 como auxiliar superior de sexta en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los años siguientes, Starc ascendió a cargos como prosecretario administrativo en el Juzgado Federal N° 3 desde agosto de 1991 y secretario a cargo de la Secretaría N° 7 del mismo juzgado, entre junio de 1993 y mayo de 1994. Posteriormente, ejerció como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, posición que desempeñó durante 12 años, de mayo de 1994 a junio de 2006.
Pero su momento de mayor exposición tuvo lugar entre diciembre de 2007 y febrero de 2009, durante su paso por la función pública. En ese periodo, Starc estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos de Daniel Scioli como gobernador y Carlos Stornelli como ministro de Seguridad provincial. Su corta gestión estuvo marcada por las desprolijidades que envolvieron al caso Pomar, un símbolo de ineficacia y desorganización. La desaparición y muerte de una familia entera en 2009, hallada varias semanas después al costado de la ruta tras haberse despistado del camino y cuya investigación derivó en la denuncia contra varios policías por la omisión de sus deberes y la falsificación de actas de rastrillaje. Tras ese hecho, Starc regresó a su rol como fiscal federal titular en Tres de Febrero.
Más allá de los argumentos oficiales para designar a Starc, detrás de su nombramiento se esconde un dato de color que deja entrever hasta donde es capaz de llegar Santiago Caputo a la hora de cobrarse revanchas personales. Conocido por hacer alarde de sus gustos onerosos, el fiscal elegido para encabezar la UIF es ni más ni menos que la expareja de María Eugenia Talerico, directiva de la unidad antilavado entre 2016 y 2019 y madre de sus dos hijas.
A comienzos de enero, ella había protagonizado una polémica en redes con @MileiEmperador, la cuenta atribuida al asesor presidencial, luego de que la interpelara por la supuesta lista de la AFIP de Mauricio Macri para proteger a empresarios vinculados al kirchnerismo.
“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, pocas horas después de su cruce virtual con “John”, el alter-ego de Caputo en X. La exfuncionaria de Cambiemos, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. En Casa Rosada opinan lo contrario, como marcó una fuente en las últimas horas: “Todo marcha acorde al plan”.
Cómo describe el Gobierno a Starc
Desde la página del Gobierno argentino, al momento de su designación oficial como titular del organismo, el Ejecutivo describió el curriculum de Paul Starc:
Starc es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1990.
Cursó y aprobó el Programa de asistencia sobre Anti Terrorismo de Luisiana State University, Police Academy, (Luisiana, United States of America,1995), el Programa de Actualización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho Universidad Austral Argentina (1999), el Workshop sobre Fraude y Corrupción Internacional de la International Association of Persecutors (Beijing, China,1999).
Además, completó el curso de “Capacitación para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos”, brindado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Buenos Aires, Argentina, 2002), y el curso de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (2004).
A su vez, participó del “Primer simposio internacional de crímenes económicos”, de la Universidad Notarial Argentina y el Centre for International Documentation on Organised and Economic Crime (CIDOEC), en Cambridge, U.K. (2004).
Fue profesor invitado durante los años 1994, 1995 y 1996 al Seminario a cargo del Dr. José Nicasio Dibur, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.
Desarrolló tareas en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1988 1991), en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1991–1994).
Se desempeñó como Fiscal Federal Adjunto en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11 (1994 – 2006). Fue Fiscal Federal Titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero (2006 – 2007). Se desempeñó como Subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (2007-2010). Desde 2010, es el titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero.
Con información de agencias.
IG