El fallo a favor del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene por ahora un impacto meramente “político” y “moral” en las defensas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios allegados al kirchnerismo, procesados por supuestos delitos de corrupción, y los abogados aún no han decidido si lo usarán en el corto plazo como un nuevo antecedente jurídico del llamado lawfare (“guerra judicial”) en las causas y juicios, según explicaron a elDiarioAR varios de ellos, en on y off the record. De hecho, sostienen, que ya han realizado planteos similares a los de Lula da Silva que en algunos casos todavía no tienen resolución o han terminado en fallos desfavorables para los investigados.
A pesar del impacto mediático y la celebración del propio presidente Alberto Fernández, los abogados consultados no ven una consecuencia inmediata del “efecto Lula” aunque sostienen que el fallo del juez Edson Fachin en Brasil “tiene puntos de contacto” y “podrá usarse en futuros planteos” ante la Corte Suprema y los tribunales orales federales.
Este lunes, el ministro Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que interviene en los procesos del caos Lava Jato, hizo lugar a un habeas corpus presentado en noviembre por la defensa de Lula da Silva y anuló todas las decisiones judiciales en su contra tomadas por el juez federal Sérgio Moro en cuatro casos de presunta corrupción, según el fallo al que accedió este medio. El juez Fachin, quien integra el máximo tribunal brasileño, no declaró inocente al dos veces presidente brasileño sino que ordenó que los expedientes vuelvan a foja cero y sean tramitados nuevamente por otro juez, en otra jurisdicción.
El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina.
Lula estaba condenado en base a las decisiones del entonces juez Moro, con jurisdicción en Curitiba, en el estado de Paraná, pero el juez Fachin determinó que Moro no era el juez natural para intervenir en las denuncias contra el expresidente, no sólo porque los hechos no habrían ocurrido en su territorio sino porque tampoco habrían una justificación suficiente para vincular los casos contra Lula da Silva a la Operación Lava Jato, la megacausa de Moro que absorbió las denuncias contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Al anular los cuatro procesos, Fachin levantó la proscripción que pesaba sobre Lula da Silva y lo habilitó para ser candidato en 2022.
“Lo que se resolvió en Brasil pone en evidencia una matriz de persecución en la región y expone a jueces que carecen de objetividad o imparcialidad, y esos planteos están en la Corte, pero el efecto del fallo no es de aplicación inmediata en las causas locales”, dijo a este medio Carlos Beraldi, abogado de Fernández de Kirchner. Esa “matriz de persecución” es lo que los defensores denominan lawfare, una embestida judicial y mediática contra dirigentes políticos de la izquierda en América Latina, entre ellos Fernández de Kirchner y Lula da Silva.
“El impacto del fallo en Argentina es político en lo inmediato, más que jurídico, pero tiene una enorme significación y pone de relieve las características del lawfare”, afirmó Eduardo Barcesat, abogado de Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y uno de los empresarios procesados por el caso de los cuadernos, de los pocos que no declaró como imputado colaborador en el caso y negó su participación en el supuesto pago de coimas a los Kirchner para obtener contratos de obra pública.
Hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso.
Los fallos de tribunales extranjeros suelen citarse como antecedentes o jurisprudencia, en especial cuando se trata de decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos o de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa de Fernández de Kirchner dice que no están pensando en planteos en el corto plazo pero el fallo brasileño será una herramienta para reforzar los planteos que ya vienen llevando adelante y que sostienen que las causas contra la vicepresidenta se basan en una “persecución judicial política y mediática”. “El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina”, dijo Beraldi.
Ambos penalistas también resaltan que si bien no esperan un impacto jurídico, insistirán con sus planteos ante la Corte y otros tribunales inferiores. “La Corte Suprema argentina tiene diversos planteos de nulidad similares y no ha hecho nada aún. Debe prontamente propiciar el desmontaje del lawfare. Es lo que esperamos que suceda”, sostuvo Barcesat.
Beraldi y Barcesat plantean varios paralelismos entre los planteos de la defensa de Lula, a la que el juez Fachin hizo lugar, y algunos de los planteos de la vicepresidenta en varias de las causas en su contra. “En la Corte Suprema, hay planteos que se vinculan con el fallo en Brasil. Uno es la figura del juez enemigo. Nosotros venimos recusando al juez Bonadio desde 2015, 2016”, sostuvo Beraldi. La mayor parte de los procesamientos contra la vicepresidenta fueron ordenados por el fallecido juez federal y esos casos están camino a juicio oral y público, como el de los cuadernos del chófer Oscar Centeno.
“También, por ejemplo, en la causa de Vialidad (que está en pleno juicio) hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso”, agregó Beraldi.
“No descartamos nuevas presentaciones por este fallo. De hecho, hace unos diez días, insistimos con un planteo de nulidad por el caso de los cuadernos en un recurso de queja ante la Sala I de la Casación Federal, reprochando que el Tribunal Oral Federal número 7 rechazó tratar las nulidades planteadas antes del juicio y sostuvo que se van a tratar al final, cuando dicte sentencia”, aseguró Barcesat.
El abogado de Ferreyra agregó: “Las nulidades que planteamos se centran en el origen de la causa de los cuadernos ya que se evitó el sorteo informático de juez (la denuncia y el aporte de los cuadernos fue realizada directamente ante el fiscal Carlos Stornelli en presunta conexión con una causa ya iniciada sobre importación de GNL); en la falta de un soporte técnico audivisual de las declaraciones de los arrepentidos (los dichos de los imputados colaboradores sólo quedaron asentados por escrito y no en audio y video); y que se nos negara durante la instrucción la producción de prueba como informes fiscales y un careo con (el exfuncionario Claudio) Uberti, quien involucró a mi cliente en su declaración”.
Paralelismo con el caso de Lomas
Existen incluso planteos de las defensas de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y del exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que también tiene un paralelismo con el caso Lula, según las resoluciones analizadas: la competencia y la jurisdicción del expediente por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Nieto, Arribas y Majdalani plantean que si la mayoría de los hechos ocurrieron en Capital Federal y las órdenes salieron de la AFI (ubicada a metros de la Casa Rosada), el caso debe investigarse en los tribunales de Comodoro Py 2002.
La causa se originó en un juzgado federal de Lomas de Zamora tras la declaración de un acusado de narcotráfico como arrepentido y las partes (acusados y querellantes) trabaron durante meses una disputa judicial sobre dónde correspondía realmente que el caso fuera investigado. Ganaron los acusados, quienes lograron que el actual juez de la causa, con asiento en Lomas de Zamora, fuera apartado y el expediente recayera en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. Fernández de Kirchner, una de las supuestas espiadas y querellante en la causa, solicitó a la Casación que revierta esa decisión y devuelva el avanzado expediente al juez de Lomas. La resolución está pendiente en el máximo tribunal penal federal.
ED