El gobierno de Javier Milei anunció esta tarde que designó por decreto en la Corte Suprema a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla “hasta la finalización del próximo período legislativo”.
El 28 de agosto de 2024, durante su audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Manuel García-Mansilla sostuvo que “no hubiera aceptado” ser designado en comisión, pese a considerar que “es un mecanismo constitucionalmente válido”. Seis meses después, Javier Milei lo nombró por decreto como juez de la Corte Suprema.
La senadora Anabel Fernández Sagasti lo interrogó sobre la decisión de Mauricio Macri en 2015, cuando intentó designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, antes de que obtuvieran el acuerdo del Senado. “Visto el impacto que tuvo el decreto 83 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión”, respondió García-Mansilla en aquella ocasión.
Desde su entorno, tras conocerse su designación, explicaron que la respuesta “fue ante una pregunta hipotética” y que “los contextos son importantes”.
Durante la audiencia, García-Mansilla advirtió que ciertas atribuciones constitucionales pueden afectar a las instituciones según “el contexto en que se ejerzan”. Puso como ejemplo la ampliación de la Corte Suprema y sostuvo que, aunque es una “facultad estrictamente constitucional”, su aplicación puede generar “descrédito en el Poder Judicial”.
Cuando Fernández Sagasti le preguntó si una designación en comisión podría afectar la independencia de un juez, García-Mansilla reconoció que “es posible” que un magistrado nombrado de esa manera tenga “falta de independencia” si debe fallar en causas que involucren al Poder Ejecutivo.
AB con información de agencia NA.