El jueves 20 de abril, la Corte Suprema de Justicia reorganizó su poder por mayoría (tres jueces contra uno). El hecho que resumió el reordenamiento del tablero en la cabeza del poder Judicial se materializó en el desplazamiento de un funcionario que hasta entonces parecía “un intocable”, como lo definieron varios consultados por elDiarioAR en el Palacio de Justicia. Detrás de la salida de Héctor Daniel Marchi, el poderoso administrador general de la Corte, los jueces supremos barajaron algunas de sus mejores cartas para dar de nuevo: manejo de la información; control de todo lo que sucede en la Corte; decisión y acceso a “la caja” o los fondos millonarios del tribunal.
La Corte Suprema se está reconfigurando para repartir el poder concentrado por el contador Marchi, quien había acumulado funciones centrales para la vida del tribunal desde su llegada, durante la primera presidencia de Ricardo Lorenzetti, en 2007.
La decisión fue tomada por sólo tres de los cuatro ministros de la Corte: su presidente, Horacio Rosatti; su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y el ministro decano, Juan Carlos Maqueda. El trío que hace posible que cualquier fallo del tribunal vea la luz, ya que vota en bloque desde hace unos dos años.
Los jueces de la mayoría afirmaron en una acordada que ordenaron la reestructuración en el marco de “un importante proceso de modernización y reorganización” para dotar a la Corte “de adecuados mecanismos de control que garanticen la transparencia”.
El juez Lorenzetti votó en contra de la nueva estructura de poder, ya que esta implica el desplazamiento de uno de sus hombres de mayor confianza y de la estructura que había pensado para el tribunal durante sus consecutivas presidencias (2007-2018).
El súper administrador general es una figura que ya no existe en la Corte. Con el traslado de Marchi a un tribunal inferior, los jueces de la mayoría dividieron sus funciones y crearon una Secretaría Jurídica General con la misma categoría que una Secretaría de Administración General.
Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda decidieron dispersar las funciones que concentraba la Secretaría de Administración General y crearon un Secretaría Jurídica para que ésta absorba parte de las funciones. Señalaron en la acordada que “el control interno de la gestión administrativa y el asesoramiento jurídico en el ámbito del Tribunal
se encuentran a cargo de órganos que dependen de la Secretaría General de Administración“ y que esto no podía seguir sucediendo, dijeron. Es decir, afirmaron que Marchi se controlaba a sí mismo.
¿Quién perdió?
Hay quienes identificaban a la última versión de Marchi como la de un “jugador independiente”, que había ganado su propio poder dentro del tribunal y había tejido sus propias alianzas con otros jueces, además de su estrecho vínculo con Lorenzetti. La dureza de las palabras y el tono del voto de disidencia de Lorenzetti, sin embargo, reflejan su apoyo total a Marchi.
La salida de Marchi no sólo significa la reasignación o reparto del poder interno que concentraba el saliente administrador. También es un intento para reordenar el poder supremo hacia afuera del tribunal.
La concentración de poder de Marchi, para muchos, significaba que el juez Lorenzetti, aún desplazado por sus colegas de la presidencia y el manejo general de la vida interna de la Corte desde 2018, conservaba un poder fáctico, real: el manejo de la información y del control a los demás jueces. ¿Por qué? Porque Marchi no sólo manejaba las finanzas y administraba los fondos del tribunal -que no es poco-. También tenía incidencia directa sobre áreas clave puertas adentro: desde la mesa de entradas hasta el control de auditoría.
Lorenzetti perdió en 2018 su poder como armador de la Corte y sus fallos pero no perdió su influencia en el poder político y económico: desde presidentes y gobernadores hasta empresarios mantuvieron y mantienen a Lorenzetti muy cerca suyo.
Manejar la súper secretaría de Administración General significa conocer antes que nadie cualquier presentación, demanda, amparo, solicitud que ingresara a la Corte. Significa conocer su trayecto dentro del tribunal, dónde se traba, dónde fluye. Desde un pedido para acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces hasta una solicitud de la comisión de Juicio Político, que se encuentra investigando a los jueces por presunto mal desempeño.
¿Quién ganó?
Las cartas aún no están asignadas, explica a elDiarioAR una fuente que conoce al dedillo el funcionamiento de la Corte, pero. La ahora nueva Secretaría Jurídica General quedó a cargo de un secretario letrado, Luis Sebastián Clérici, de manera transitoria.
La Secretaría General de Administración también quedó de manera transitoria a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1, Damián Ignacio Font, de formación y expertise en Derecho Civil. Ni Font ni Cleri responden a Rosatti o Rosenkrantz, los jueces aliados pero en pugna por el poder que alguna vez le perteneció a Lorenzetti.
“Cuando Rosatti y Rosenkrantz definan a quiénes nombran en estas dos secretarías es cuando sabremos quién ganó, o quién ganó más”, explica una fuente del tribunal.
¿Qué se juega?
Información y poder de control y ejecución. La nueva Secretaría Jurídica General deberá “intervenir o dictaminar con carácter previo a la participación de los ministros en los asuntos de superintendencia en aquellos casos en que la resolución pueda llegar a afectar derechos subjetivos o intereses legítimos”. De esta forma, quien asuma como secretario de Asuntos Jurídicos podrá intervenir en la organización interna del tribunal: sería como un poder ejecutivo dentro y para la Corte.
También deberá “dirigir y supervisar” todos los temas jurídicos propios de la Corte -no de las causas que llegan a la Corte- y la actuación de la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Contenciosos, la Mesa General de Entradas y la Dirección de Despacho. Todo lo que entra y sale de la Corte, pasará por esta secretaría. Es parte del control y manejo de la información interna que antes concentraba Marchi.
Recortando al Ministerio
Además, la nueva Secretaría Jurídica General deberá “supervisar la tramitación de las causas judiciales en las cuales la Corte Suprema es parte”. Es decir, defenderá los intereses del tribunal ante los tribunales.
En este sentido, la Corte también le quitó al Ministerio de Justicia de la Nación la función de defender y representar a la propia Corte en las causas en las que es parte actora o demandada, una decisión central en medio de la disputa política con el Ejecutivo. Los jueces sostuvieron que busca “robustecer el accionar independiente de la Corte” y “asumir -progresivamente- la defensa de sus intereses en sede judicial, creando un órgano específico y con independencia técnica encargado de ejercer su representación”.
La plata, los libros
“Esta Corte estima necesario dotar de mayor especialidad y autonomía funcional al órgano encargado de realizar el control contable, financiero y de gestión de la superintendencia que desarrolla como cabeza del Poder Judicial”, sostuvieron los jueces de la mayoría. Crearon una Dirección de Control Interno y Auditoría, funciones que también concentraba Marchi; y un Cuerpo de Auditores de Gestión, que reportará directamente a los jueces del tribunal “a fin de asegurar la necesaria autonomía funcional respecto de las áreas controladas”. Es decir: a partir de ahora los jueces controlan a los que administran la Corte.
El patrimonio de los jueces
En la nueva estructura, la mayoría en la Corte asignó a la Secretaría Jurídica General como encargada del control de la presentación de declaraciones juradas de los jueces y funcionarios obligados por ley a informar su situación patrimonial. “General tendrá a su cargo la recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales y coordinará el procedimiento con la Dirección de Recursos Humanos”.
“En el mes de noviembre de cada año, la Dirección de Recursos Humanos elaborará el listado de los sujetos obligados a presentar su declaración jurada patrimonial integral y procederá a su publicación en la página web del Tribunal”, ordenó la mayoría suprema.
Quién audita
Con la asunción de Lorenzetti como presidente del tribunal, el administrador general también incorporó poder sobre la auditoría interna: control contable, económico financiero y patrimonial de la Corte. Eso también cambiará.
“Suprimir el Cuerpo de Auditores Judiciales, la Asesoría Jurídica, el Cuerpo de Auditores de Gestión y la Unidad de Auditoría Interna. El personal de esas dependencias pasará a reportar ante la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Control Interno y Auditoría, según corresponda”. Todas estas áreas pasarán a la órbita de la Secretaría Jurídica.
En su voto en disidencia por el desplazamiento de Marchi y la reorganización de la Corte, Lorenzetti afirmó que la decisión de trasladar a su contador de confianza era “una sanción porque ha presentado un informe (de auditoría) sobre la Obra Social (del Poder Judicial de la Nación), de fecha 19 de abril, que no parece gustar”. Ante la consulta de elDiarioAR, en la Corte desmintieron que la decisión esté relacionada con dicho informe y sostuvieron que el voto conjunto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para desplazar a Marchi ya estaba firmado el 29 de marzo, mientras que el informe sobre la obra social se presentó el miércoles 19 de abril.
ED