¿Regular o Prohibir? ¿Existe una oposición entre lo social y lo ambiental? ¿Es el ambientalismo en nuestro país el responsable de la pobreza y la desigualdad? ¿Deberíamos reducirnos a tratar de resolver la problemática socioambiental del Riachuelo y callar todo el resto? Son numerosos los falsos dilemas que enrarecen la discusión sobre el carácter de las demandas ambientales que existen en Argentina, al servicio de la recusación de la ley que prohibió recientemente la salmonicultura a gran escala en Tierra del Fuego o de la defensa de la expansión de la frontera hidrocarburifera en el mar argentino (véase en este diario el artículo de Roy Hora, así como otros artículos en Le Monde Diplomatique).
En este artículo quisiéramos abordar el falso dilema Regulación o Prohibición, a fin de desmontar parte del sentido común hegemónico que amenaza con cancelar el ambientalismo, desnaturalizando el debate público.
Prohibir es regular
En primer lugar, resulta falso oponer prohibición y regulación. Es cierto que no toda regulación culmina en una prohibición, pero cuando se trata de problemáticas ambientales, regular implica, algunas veces, prohibir -parcial o totalmente- el uso de determinada técnica o sustancia. Es así desde siempre en nuestro derecho interno y en el derecho internacional. Se prohíben técnicas (como el fracking en muchos países del mundo) o el uso de determinadas sustancias en una actividad (en Mendoza o Chubut la minería no está prohibida; está prohibido usar determinadas sustancias) o determinadas actividades en lugares específicos (nuestro Código de Minería prohíbe la minería en ciudades desde el Siglo XIX; desde 2010 la Ley Nacional de Glaciares prohíbe la minería en glaciares).
Las regulaciones en las ciudades tienen infinidad de prohibiciones. Es larga la lista. Por ejemplo, en 2005 en las tintorerías de la Ciudad de Buenos Aires se prohibieron el uso de percloroetileno y otras sustancias cancerígenas en las actividades de lavado. Recientemente se prohibió en todo el país el uso de ftalatos y PVC en la fabricación de juguetes y artículos para niños. Es así porque las regulaciones/prohibiciones ambientales deben ser aplicadas e interpretadas al compás de los avances y modificaciones en el conocimiento científico. Si antes se desconocía absolutamente el potencial dañoso de determinada actividad o de determinada sustancia, y por eso no se la prohibió expresamente, y luego se descubre el riesgo, es necesario obrar en consecuencia.
En el caso en debate, en Tierra del Fuego la ley prohíbe “el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia” pero la prohibición no es total, porque la norma sigue permitiendo “actividades de cultivo para el repoblamiento” y reconoce “los proyectos existentes de acuicultura” (no hay actualmente salmonicultura en la provincia). Tampoco están prohibidos los sistemas de cría de salmones denominados RAS (por su sigla en inglés “Sistemas de Recirculación para Acuicultura”, ubicados en tierra firme y en circuitos cerrados).
A partir de la década 1970, en todo el mundo, se han ido prohibiendo sustancias altamente tóxicas para la salud humana (como ocurrió de modo pionero con el DDT y continuó luego con otras sustancias tóxicas), o más recientemente técnicas asociadas a las energías extremas, altamente destructivas y contaminantes, como el fracking o la fractura hidráulica en países como Francia, Bulgaria, Irlanda, Alemania, Inglaterra y varios estados de Estados Unidos (entre ellos New York). Es por eso que, en función del principio precautorio, en toda Europa, está prohibida la soja transgénica. El Sur global también tiene sus ejemplos. Uruguay no solo tiene prohibida la técnica del fracking sino que, en 2020, anunció oficialmente el abandono de la exploración petrolera offshore en sus aguas, a pesar de que existían proyectos de exploración. En 2019, Costa Rica declaró la moratoria en la explotación de todos los hidrocarburos en territorio continental y marino hasta el año 2050. Varios estados de Brasil tienen moratorias de la técnica del fracking. En Nueva Zelanda, país tan admirado mundialmente por el manejo de la pandemia, que también tiene prohibido el fracking, la presidenta Jacinta Ardern, canceló toda nueva exploración de petróleo en alta mar desde el año 2018. En México está prohibida la siembra de maíz transgénico y se estableció una prohibición progresiva del glifosato hacia 2024.
En el sur global dichas prohibiciones/regulaciones apuntan a proteger territorios, poblaciones y economías regionales, que hoy registran una expansión incontrolada de modelos de maldesarrollo, de corte extractivista y a gran escala, como la minería a cielo abierto, el agronegocio y la utilización de agrotóxicos, la destrucción de humedales y bosques nativos, la expansión de energías extremas, la expansión de la frontera pesquera, la contaminación industrial. Estos modelos van configurando zonas de sacrificio, desde la gran cuenca del Río Matanza-Riachuelo, pasando por Jachal (San Juan) y Catamarca, producto de la minería, hasta los pueblos y escuelas fumigados por el glifosato.
En Argentina no hay tensión entre ambiente y desarrollo
En nuestro país no hay tensión real entre ambiente y desarrollo. Para decirlo de otro modo: no es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites ni controles. Nuestro país está liberalizado desde el punto de vista ambiental. Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo). Además, y gracias al paquete tecnológico asociado a esta soja, la Argentina es el país de mayor consumo de agrotóxicos per cápita en el mundo, convirtiéndose en lo que el médico y científico Andrés Carrasco denominaba “un laboratorio a cielo abierto”. Los impactos sociosanitarios del glifosato están cada vez más a la vista, como vienen denunciándolo desde hace más de 15 años las vecinas (porque sí, son sobre todo mujeres), así como el enorme trabajo de relevamiento de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Puede verse también un reciente informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, acerca de los efectos de los agrotóxicos en la salud infantil.
Otro ejemplo es la minería a gran escala, que se lleva a cabo en numerosas provincias, como en Catamarca, que muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador a pesar de más 20 años de actividad. O en San Juan, donde la mina Veladero fue responsable de graves desastres ambientales, que contaminaron con solución cianurada cinco ríos, en 2015, 2016 y 2017. No solo la expresión “Minería Sustentable” es un oxímoron en relación a este tipo de minería. También sucede que la normativa que rige esta actividad es de los años 90, y asegura grandes beneficios y nulos controles a las corporaciones transnacionales. Sin embargo, nadie osó tocar, en nombre de la “regulación”, dicha normativa de carácter nacional. No es casual que las asambleas territoriales apuntaran a sancionar leyes de carácter provincial que limitan este tipo de minería, a través de la prohibición del uso de determinadas sustancias tóxicas en la actividad. Basta recordar que la normativa menemista rige incluso para la minería del litio, terreno en el cual en los últimos años se avanzó mucho en la multiplicación de concesiones a empresas transnacionales y en conflictos con las poblaciones, y cero en regulaciones.
Justicia ambiental y justicia social van de la mano
En segundo lugar, durante las últimas décadas, no solo aquí sino en otras regiones del Cono sur, distintos gobiernos buscaron oponer lo social y lo ambiental. Así, los progresismos justificaron el neoextractivismo y la depredación ambiental en nombre del desarrollo y la reducción de la pobreza. Eso generó una situación paradójica, a partir de la instalación de una agenda selectiva de derechos, que negaba y/o desestimaba las demandas socioambientales, y gran parte de los reclamos indígenas por tierra y territorio.
En la actualidad, América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta, incluso en términos de concentración y acaparamiento de tierras, algo que redefinió la cuestión de la disputa por la tierra, a través de la expulsión de poblaciones y la criminalización, incluso del asesinatos de campesinos e indígenas. No por casualidad, es también la región donde se asesinan más activistas de derechos humanos y ambientales. A nivel global, 2017, con 207 asesinatos, casi cuatro personas por semana, fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el ambiente, el 60% de ellos, en la región latinoamericana. La mayor parte de estos crímenes están ligados a la expansión de los monocultivos (la agroindustria), la tala y la gran minería.
Todavía hoy se sigue oponiendo lo social a lo ambiental, como si hubiera una contradicción entre ambos, desestimando que quienes más sufren los daños ambientales en nuestras latitudes son los sectores más vulnerables, porque habitan en zonas expuestas a fuentes muy contaminantes, y carecen de los medios económicos y humanos para afrontar las consecuencias y resistir los embates del neoextractivismo, y sobrellevar los impactos del cambio climático (inundaciones, sequías, tormentas). No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en todo el mundo con los de la degradación y sufrimiento ambiental, como denunció desde un comienzo el movimiento por la justicia ambiental y climática.
Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es un disparate. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza. O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos.
Tampoco es posible aceptar la tesis de aquellos que proponen desde el atril, desconociendo los procesos sociales y territoriales específicos, que “hay que regular, no prohibir” como si estuvieran en la senda “del medio”, entre dos posiciones antagónicas. Eso es igualmente falso. Por más épica que quieran trasmitir, este tipo de posicionamientos se inserta lejos de cualquier narrativa de justicia social y ambiental, y termina por avalar los planes de la Sociedad Rural Argentina, de las grandes petroleras, de la minera Barrick o de la transnacional Monsanto/Bayer.
En consecuencia, habría que colocar el foco en las causas de esta negación persistente. Resulta increíble y hasta suicida que en plena crisis climática y en situación de colapso ecológico, atravesando una pandemia de indudable raíz zoonótica, muchos continúen minimizando o subestimando la centralidad de las problemáticas socioambientales.
En esta línea, preocupa enormemente el nivel de desconocimiento de nuestra situación ambiental no solo en el campo político y mediático sino también en las ciencias sociales. Sorprende que algunos afirmen que la Argentina “tiene una huella ecológica positiva” (como escribió Roy Hora, en este mismo diario el sábado pasado), cuando en realidad nuestro país emite el 0,9% de las emisiones globales de GEI (gases de efecto invernadero), ubicándose en el puesto 22 del ranking mundial de las 192 naciones que son parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU (PNUD, 2016). Esto se debe a que tenemos una matriz energética eminentemente fósil, así como a los crecientes cambios en el uso del suelo, producto de la expansión de la frontera agraria y de la deforestación. La tesis de que Argentina es “carbono positivo” es una fake news difundida por entidades ligadas al agronegocio, para minimizar el enorme impacto ambiental de su actividad.
Los niveles de ignorancia de nuestra historia ambiental son tales que, aquellos que mencionan la problemática del Riachuelo como la más importante, sino la única válida, se pretenden inaugurales, desconociendo la enorme y larga lucha social y ambiental que hay en dicho territorio. Fueron precisamente los vecinos y vecinas de la cuenca, junto a organizaciones ambientalistas, los que llevaron al más alto Tribunal judicial del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una problemática socioambiental que acompaña además la historia de la Argentina (hay fallos judiciales sobre este tema del Siglo XIX).
Si es cierto, como dijera recientemente en Venecia el ministro de Economía Martín Guzmán, que “la lucha contra el Cambio Climático es uno de los grandes desafíos de la humanidad”, es hora entonces de que Argentina avance en una agenda de transición ecosocial. La negativa del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, de aprobar nuevas exploraciones offshore en el mar argentino sin que Argentina cuente con un plan de transición energética, marcaría un verdadero hito ambiental y una decisión inédita que revitalizaría la democracia luego del contundente rechazo popular en una audiencia pública que contó con más de 500 participantes.
Transición ecosocial
En nuestro país, la rápida expansión de un arco de organizaciones socioambientales, su potencial dinámica como movimiento de movimientos, al estilo de los feminismos, es uno de los datos conspicuos del período. De la mano de un potente protagonismo juvenil, cada vez más vinculado a las asambleas territoriales de todas las provincias, el Ambientalismo Popular se va instalando como un adversario menos fácil de marginalizar que antaño. El ambientalismo deviene así no solo un actor molesto, cada vez más filoso e insoslayable, que exige no solo vocería pública y participación en las decisiones colectivas, sino también cambios importantes orientados a la protección de los bienes comunes y más aún, a una agenda de transición ecosocial. Por supuesto, existen diversos grupos y estrategias y esas diferencias buscarán ser explotadas y amplificadas desde los sectores de poder, para debilitar el impacto de la gran ola ecosocial sobre la sociedad, diluir la radicalidad del mensaje y la urgencia de la transición. Pero al calor de estas luchas sociales, de estas batallas culturales, la sociedad va reconociendo la importancia de la crisis socioecológica y la validez de otros lenguajes de valoración del territorio, de otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza.
Nadie es ingenuo. No se está diciendo que la transición sea simple o lineal, mucho menos en un contexto de potenciación de las desigualdades, de destrucción de los ecosistemas y de expansión de las extremas derechas. No hay una transición, sino varias. Una justa y popular, planificada y con la gente adentro; y otra, de carácter corporativa y de mercado, con mucho dolor social y ecológico. Así, la transición en sí misma es hoy un concepto en disputa.
En Argentina tenemos la creatividad para pensar (y realizar) otros paradigmas productivos y potenciar economías regionales para la salida de la pandemia. Pero para ello, debemos abrir cuanto antes la discusión sobre todos estos temas, pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, y en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa y de mercado, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios.