El discurso de Alberto Fernández en el Congreso, con su parrafada sobre la querella a Mauricio Macri por el destino del préstamo del FMI, tuvo un efecto político particular en el Frente de Todos: en cascada, operó como un abre puertas y, desde distintos espacios del oficialismo, se apuraron denuncias, reformas y planteos contra Juntos por el Cambio (JxC).
En pocas horas avanzó un expediente contra Patricia Bullrich y diputados del PRO, asomó una iniciativa para que los funcionarios de Cambiemos involucrados en la querella por la deuda deban responder con su propio patrimonio y reapareció la idea de que jueces y fiscales deban pagar Ganancias.
Brotó, todo, de terminales bien diferentes y parece indicar una dinámica: que, a partir de la denuncia anticipada por Fernández sobre Macri -y de sus críticas respecto a la Justicia-, se generó un margen para planteos de naturaleza política y judicial contra referentes de la oposición, procedimiento que hasta ahora tuvo pocos y contados antecedentes. Aquel viejo axioma peronista de “no judicializar” la política.
La denuncia contra Bullrich y diputados del PRO como Waldo Wolf y Fernando Iglesias, además del referente de los Jóvenes Republicados Ulises Chaparro, fue por “instigación a cometer un delito” y “llamado delito de odio”, a raíz de las bolsas mortuorias y otras simbologías utilizadas en la movilización del sábado 27 de febrero, de la que participaron Bullrich y los demás dirigentes.
La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional 8 a cargo de la Yamile Bernan, Fiscalia 34 de Juan Pedro Zoni, y la causa quedó con el número 9162/21. La demanda se inició desde el Grupo Independencia, que reúne a dirigentes peronistas de varias provincias, que coordina la bonaerense Daniela Bambill y que integran, entre otros, la ex ministra Felisa Micelli, Roberto Feletti, Julio Fernández Baraibar, Mariano Pinedo, Jorge Coscia y, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou.
El otro expediente, de carácter legislativo, lo promovió el diputado por San Juan y presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, que solicitó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción (OA) “instruyan los procedimientos tendientes a promover una acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron” en los acuerdos con el FMI en 2018.
Gioja anuda varios argumentos y cita, entre otros puntos, que “el primer expediente sobre el préstamo fue creado en el Ministerio de Hacienda nueve días después de la firma de la primera Carta de Intención para solicitar el crédito (del 12/6/2018)”, que “no hay constancia de dictamen jurídico previo para firma de dicha Carta”, ni tampoco “del dictamen previo del Banco Central de la República Argentina sobre el impacto del crédito, lo que es exigido por el artículo 61 de la ley 24.156”.
En paralelo, el diputado Rodolfo Tailhade aportó otra variable que vinculó dos temas: el tratamiento, a partir de la semana que viene del proyecto de suba del mínimo no imponible de Ganancias, que llegará a comisión de DIputados el lunes próximo, con la histórica discusión en torno al pago de ese impuesto por parte de los jueces y fiscales. “El Congreso debe aprovechar este debate para incluir expresamente en el proyecto de ganancias, la obligación de los funcionarios judiciales, activos y jubilados, de pagar el impuesto. Hay que terminar con los privilegios insoportables de este bochorno que es el Poder Judicial”, apuntó el legislador en Twitter.
PI