El conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios aeronáuticos escaló este miércoles a partir de la decisión del Ministerio de Seguridad de denunciar al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, por “amenazas”, mientras los gremios anticipan nuevas medidas que derivarán en más complicaciones para los viajeros.
El Gobierno dio un paso más hacia la desregulación del sistema de atención en tierra de los servicios aéreos, para culminar con el monopolio que ejercía hasta el momento la empresa estatal Intercargo, uno de los bastiones sindicales.
Intercargo era, hasta hoy, la única empresa que prestaba esos servicios a las compañías aéreas que no contaban con soporte de handling propio, como sí lo tienen Flybondi, la propia Aerolíneas Argentinas y American Airlines.
Eso provocaba que, si este gremio paralizaba sus actividades, se resentía toda la actividad aerocomercial, ya que solamente las tres empresas mencionadas podían seguir operando normalmente.
Al desregular esa actividad y dejar de lado el monopolio de Intercargo, las compañías aéreas primero, y cualquier otra empresa en condiciones de hacerlo después, podrán prestar el servicio de rampa, liberando de esa manera la dependencia casi exclusiva que tenía hasta hoy la empresa estatal.
Mediante la resolución 326/2024 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó el nuevo “Reglamento para la obtención del Certificado de Atención en Tierra”, para aquellas empresas que quieran brindar servicios de rampa o handling.
Esta decisión se dio en línea con lo anunciado oficialmente el martes en cuanto a que cualquier empresa aérea o particular podrá prestar desde ahora los servicios de rampa, y que abarca cuestiones como la provisión de escalerillas para el embarque y desembarque de pasajeros, equipos de carga y descarga de equipajes, mercancías y otros objetos.
También dirección de maniobras de las aeronaves en tierra, limpieza de cabinas y retiro de residuos, equipos de pushback (retroceso de las aeronaves en su posición) y la operación de las mangas, entre otras.
A partir de este momento, las empresas aéreas podrán prestar sus propios servicios de handling y ofrecer los mismos a otras aerolíneas, como el caso de Flybondi, que ya obtuvo de parte de la ANAC la autorización para hacerlo.
Como resultado de esta resolución, la empresa Dnata, proveedora y líder mundial de servicios aéreos y de viajes, que ofrece asistencia en tierra, carga, viajes, catering y venta minorista de calidad y seguros en 34 países de seis continentes, manifestó su intención de operar los servicios de rampa en Argentina.
El secretario de Transporte, Franco Moggeta, mantuvo este miércoles una reunión con el Embajador de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Abdulla Alqemzi; con Phil MacGrane CEO para Brasil de la empresa DNATA; junto al Subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez y la titular de la ANAC, María Julia Cordero, donde la empresa se interiorizó sobre las ventajas que ofrece el país con la desregulación aérea.
Por su parte, los gremios aeronáuticos denunciaron que el Gobierno pretende el cierre “autoinflingido” de Aerolíneas Argentinas y fustigaron duramente al presidente de la compañía, Fabián Lombardo.
El comunicado, firmado por APLA, APA (Asociación del Personal Aeronáutico), UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) y AAA (Asociación Argentina de Aeronavegantes), advirtió que se está procurando “un lock out patronal, que buscaría detener la operación de la compañía para luego culpar a los sindicatos y sus trabajadores”.
Y remarcaron que la cuestión “no es salarial, sino política”, y se manifestaron dispuestos “a dar la pelea por la continuidad de nuestro trabajo hasta las últimas consecuencias”, al señalar que no van “a negociar” su “dignidad ni a ceder ante un proyecto destructivo y precarizador, cuya única meta es disciplinar, someter y reducir para poder vendernos a sus socios extranjeros”.
El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich denunció a Biró por presuntas extorsiones y amenazas, a raíz de declaraciones donde el dirigente había advertido que el conflicto salarial en el sector iba a ponerse “mucho peor”.
La denuncia quedó a cargo del juzgado federal 12 que subroga el juez Ariel Lijo y fue presentada por el abogado Fernando Soto, que representa al ministerio que conduce Bullrich.
La presentación se hizo porque las expresiones del sindicalista “generan serias preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de Aerolíneas Argentinas y en la seguridad de los pasajeros”.
Además el Ministerio sostuvo que esas expresiones “podrían ir más allá del ejercicio legítimo del derecho a huelga” y podrían ser “amenazas extorsivas”.
En declaraciones periodísticas, Biró había dicho en los últimos días que el conflicto que mantienen los gremios aeronáuticos con el Estado nacional por reclamos salariales es “grave” e iba a ponerse “mucho peor”.
Este jueves los gremios realizarán una asamblea conjunta de la que pueden surgir nuevas medidas de fuerza, mientras que el próximo viernes se reunirá el Directorio de Aerolíneas Argentinas para convocar a la Asamblea de Accionistas para dentro de 20 días, ocasión en que se decidirá la expulsión de Biró del directorio.
Biró convocó a la asamblea para la sede sindical para no interferir en los vuelos. A su vez, ATE realizará un paro del personal administrativo que en principio no incidiría en la salida y llegada de los vuelos.
JJD, con información de NA