Pese a las acciones y directivas que el Gobierno de Javier Milei tomó desde el inicio de su gestión contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia con el desmantelamiento de áreas sensibles de investigación y análisis sobre las violaciones a los derechos humanos, una serie de investigaciones de lesa humanidad en la que se analizan la complicidad civil empresarial han cobrado un nuevo impulso en las últimas semanas.
Una de esas investigaciones es la que ocurre en los Tribunales Federales de San Martín, donde se realiza actualmente un proceso oral y público que hecha luz sobre el funcionamiento de la estructura de inteligencia de la Fuerza Aérea y sobre el secuestro y apropiación de menores nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico militar. No obstante, familiares y querellantes reclaman mayor celeridad para evitar que la impunidad biológica se imponga por sobre la Justicia.
Las disoluciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), de los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas; la negativa del Ministerio de Seguridad a entregar archivos de sus integrantes a pedido de los organismos que investigan la apropiación de menores y la decisión de suspender el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado son algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo libertario como parte de una escalada negacionista.
Sin embargo, los procesos judiciales de lesa humanidad siguen adelante y se verificaron algunos avances en investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado contra trabajadores y la participación civil en la delación al aparato represivo.
El 4 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de Emilio Parodi, exgerente de la empresa Molinos Río de La Plata durante la última dictadura. El ejecutivo está acusado de participar en los secuestros de trabajadores de la empresa que estaba ubicada en Avellaneda.
“Estamos empujando esta causa desde hace años. Comenzamos a querellar con otros familiares y empezamos a tener la sensación de que esta vez podemos obtener justicia”, señaló en diálogo con elDiarioAR Analía Fernández, hija de Francisco Fernández, trabajador de la empresa que se encuentra desaparecido desde el 7 de julio de 1976, cuando fue secuestrado por un grupo de tareas.
Fernández ingresó a Molinos en 1973 y se desempeñaba en el área de mecánica, donde había integrado la Lista Blanca del Sindicato de Aceiteros ligada a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), ligada a las organizaciones de superficie del peronismo revolucionario. Santos Ojeda y Roberto José Rivolta, son los otros dos trabajadores que permanecen desaparecidos.
Parodi es acusado de haber confeccionado listas de trabajadores que tenían actividad sindical y entregarlas al Ejército. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, compuesta por los jueces Carlos Alberto Vallefin y Roberto Agustín Lemos Arias, confirmó el procesamiento del jefe de personal de una de las empresas harineras más grandes del país.
“Con este procesamiento, la causa quedó a un paso del juicio oral y público. Esperemos que pronto tengamos novedades y podamos lograr una condena. Luchamos contra el tiempo. Esperemos que el proceso se haga el año que viene y Parodi llegue vivo para responder por haber entregado a mi papá y a sus compañeros”, remarcó Analía, maestra de una escuela primaria del Gran Buenos Aires.
Parodi es acusado por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenaza en perjuicio de Francisco Fernández.
Otra investigación sobre complicidad empresarial que tuvo avances en las últimas semanas fue la de astilleros Astarsa, cuya instrucción está en manos de la jueza federal de San Martín Alicia Vence.
La magistrada citó, el 12 de septiembre pasado a prestar declaración indagatoria al exgerente de Astarsa, Daniel Lacoa, y al ex subgerente de la misma empresa Carlos Alberto Collongues.
Los exdirectivos son acusados por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 19 víctimas que fueron entregados a las fuerzas represivas por la patronal. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los militares se instalaron en la empresa, ubicada en el partido de Tigre y con la complicidad de directivos y algunos sectores sindicales fueron secuestrados varios trabajadores, algunos de los cuales permanecen desaparecidos.
Collongues, quien es actualmente tesorero de la Fundación para el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y es sindicado como responsable de confeccionar nóminas de empleados para astillero al Ejército, no se presentó por motivos de salud.
Lacoa –quien era su superior y está sospechado de conocer la existencia de esas listas– presentó un escrito en el cual negó los hechos que se le imputan.
Una pelea contra la impunidad biológica
“Estamos dando una pelea contra la impunidad biológica. Se demoran mucho los llamados a las indagatorias en todas las causas. En esta en particular hay muchas pruebas y está todo dado para avanzar con medidas concretas”, indicó Pablo Llonto, abogado que litiga en varias causas de lesa humanidad y que en el expediente de Astarsa representa a los familiares de las víctimas.
En tanto, en los tribunales federales de Rosario sigue el juicio que analiza la responsabilidad del exjefe de personal de la metalúrgica Acindar en Villa Constitución, de un exjefe militar, de 21 expolicías federales, de un exprefecto y de un ex policía santafesino como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios.
Se trata de hechos ocurridos durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como “El Villazo”. Los delitos se procesan después de 49 años, pero los acusadores son optimistas en relación a su resolución.
“Venimos con un ritmo bastante bueno en relación a la realización de las audiencias, y si seguimos de esta forma, creo que podemos tener un veredicto antes de fin de años”, estimó el fiscal federal de Rosario Adolfo Villate,
En cambio, la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad en el Ingenio “La Fronterita”, en Tucumán, se encuentra demorada. La investigación se elevó a juicio oral hace tres años, pero la realización del debate se concretaría en febrero del año que viene.
“Es una causa que abarca delitos cometidos contra 68 personas en las instalaciones de esa fábrica azucarera. La empresa había cedido parte de su terreno para que se montara un centro clandestino de detención que fue parte de un circuito represivo que se montó en Famaillá durante el operativo Independencia”, afirmó el abogado tucumano Rodrigo Scrocchi, quien sigue la querella que representa a Andhes, un organismo de derechos humanos que desde hace años representa a las víctimas del terrorismo de Estado en el norte de Argentina.
Los acusados son Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori y Fernando Cornú De Olmos, directivos de este ingenio en los conflictivos tiempos del Operativo Independencia.
El accionar de la Fuerza Aérea
Más allá de los casos de complicidad civil, otro juicio de lesa humanidad que avanza es el que se sigue en los Tribunales de San Martín por las causas unificadas de Mansión Seré IV, Riba II y las comisarías de Haedo, Castelar y Moreno. Un proceso en el que se investiga el accionar del aparato de inteligencia de la Fuerza Aérea durante el terrorismo de Estado en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.
Se aguarda que el debate de este proceso se prolongue durante un año, durante el cual se analizarán crímenes perpetrados en perjuicio de 114 víctimas, que estuvieron cautivas en el ámbito de la Subzona militar 16, correspondiente al organigrama represivo que la última dictadura militar desplegó en el país.
El 6 de octubre de 1978, el su oficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Vázquez “El Colo”, Francisco Gómez y otros militares, secuestraron a José Manuel Pérez Rojo, Patricia Roisinblit -embarazada de 8 meses-, y la hijita de ambos, Mariana Eva Pérez, quien entonces tenía 15 meses. También se llevaron a Gabriel Pontnau socio de José Manuel en un negocio de cotillón que ambos tenían en Martínez. La desaparición de Gabriel es analizada por primera vez en un proceso oral y público.
Mariana --quien hoy tiene 47 años-- fue entregada a su primo Marcelo Rubén Moreyra, de 17 años, al que siguieron controlando y amenazando durante meses. Fue Marcelo quien reconoció a un “pelirrojo” entre los represores que “le dejaron” a su prima. No era otro que Vázquez Sarmiento.
El 12 de septiembre pasado, Mariana Eva Pérez Rosinblint declaró ante el Tribunal y narró su historia como víctima y el recorrido que siguió conocer la verdad y lograr Justicia.
Vázquez Sarmiento fue condenado el año pasado a 15 años de prisión por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, el nieto restituido 102. El pasado 11 de julio recibió la visita, junto a otros represores como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, de los diputados libertarios Beltrán Benedit, estuvieron presentes Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci.
A excepción de Bonacci, el resto de los legisladores se fotografiaron con este grupo de criminales de lesa humanidad como parte de una actividad en la cual se planificaban estrategias para que los represores accedieran a prisiones domiciliarias.
“El Colo”, como se lo conoce a Vázquez Sarmiento, se desempeñó en los años del terrorismo de Estado como un agente de la inteligencia de la aeronáutica. Estuvo 20 años prófugo y su detención se produjo en 2021 en la localidad bonaerense de Ituzaingó, tras permanecer prófugo durante más de 20 años.
A fines de 1977, “El Colo” llevó a su casa a un niño recién nacido en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA y que le sustrajeron a María Graciela Tauro, detenida cuando cursaba el cuarto mes de embarazo.
Hace 22 años, Ezequiel, con la colaboración de Abuelas de Plaza de Mayo, denunció que había sido anotado como hijo biológico de Juan Carlos Vázquez Sarmiento y su pareja, Stella Maris Emaldi.
En 2016, en la primera causa RIBA, fueron condenados a 25 años de prisión Omar Rubens Graffinga y Luis Tomás Trillo, por los secuestros de Patricia y José Manuel. Francisco Gómez, apropiador de Guillermo Pérez Rosinblit, también nacido en la ESMA e hijo menor de la pareja desaparecida, recibió una condena de 12 años de prisión.
“Estos juicios son importantes para abrir otras investigaciones y formular otras imputaciones. Sobre todo en tiempos en los cuales hay una política negacionista desde el Poder Ejecutivo”, aseguró Verónica Bogliano, letrada a cargo de la querella que sigue en este juicio la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
LC/MG