Manuel García-Mansilla tuvo que dar explicaciones en el Senado sobre cómo actuaría siendo juez de la Corte Suprema ante el derecho al aborto, luego de que en 2018 se manifestara enfáticamente en contra cuando la ley tuvo un primer derrotero parlamentario en la gestión de Mauricio Macri, pero no prosperó. El candidato al máximo tribunal propuesto por Javier Milei –a la par del juez Ariel Lijo– intentó este miércoles una salida técnica a su polémica postura en el marco de la audiencia pública que enfrenta en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
El catedrático fue abordado desde el radicalismo y el kirchnerismo sobre qué haría al respecto como miembro del máximo tribunal en caso de que le toque definir la constitucionalidad o no de la ley 27.610 de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE), que se sancionó finalmente durante el gobierno de Alberto Fernández. Afirmó que “las leyes vigentes se tienen que cumplir”, pero dejó dudas sobre su postura de fondo, ya que entendió que la norma choca con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Mansilla también ensayó una respuesta más personal para defenderse de lo que acusó como un “prejuzgamiento” en su contra. Justificó que sus posiciones en el debate de 2018 las hizo como “académico” y que no corresponde a una postura “confesional” y negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia –actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral–.
En aquella intervención en el Senado de hace seis años, García Mansilla planteó “objeciones jurídicas” en contra del aborto legal, postura de la que ya se sabe que Milei está en contra. “El aborto es un delito, que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal”, había dicho en 2018 el abogado, cuando apuntó fundamentalmente contra la posibilidad de acceder al derecho hasta la semana 14 del embarazo –como quedó establecido en la norma vigente–. Explicó entonces que “la Convención Interamericana de Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el proyecto propone” y que “el proyecto choca frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño”. Había pedido a los senadores que no se “convalide un atropello a nuestro sistema constitucional”.
“No hablé sobre toda la ley”, dijo García Mansilla este miércoles ante la Cámara alta con respecto a sus opiniones de 2018 y explicó que solo apuntaba contra el artículo 4 inciso a) del proyecto de aquel entonces, que refería sobre la legalización. “Entiendo que hay un conflicto normativo entre ese inciso y dos tratados internacionales”, ratificó el candidato a la Corte, pero cuando el senador Martín Lousteau (CABA-UCR) le dijo si eso definiría una potencial definición suya en la Corte, acotó: “Si usted interpreta que lo que opiné como académico implica un prejuzgamiento, la respuesta es no”. Y amplió ante el requerimiento del legislador: “Cómo fallaría en un caso en particular no se lo puedo decir porque estaría prejuzgando”.
Antes había salido por arriba del laberinto: “Todas las opiniones las vertí como académico, con una libertad en abstracto que un juez no tiene. Académico y juez son dos roles absolutamente distintos”, buscó desentenderse de sus expresiones pasadas. También dijo como argumento “que la Corte Suprema no decide casos de aborto periodicamente”.
Fue la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) quien le señaló a García Mansilla si su postura sobre la IVE tenía que ver con una visión confesional, y el candidato contestó: “Los argumentos que esgrimí cuando vine al Senado no son argumentos confesionales, salvo que tengamos que explicar que el derecho esgrimido es sostener una postura confesional. No es así”. Luego agregó: “Si tuviese que decidir en cualquier caso, deberá fallarse conforme a derecho”.
La oposición también le lanzó un dardo a García Mansilla luego de que ayer el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contrariara a la ley de Identidad de Género al decir que el Gobierno rechaza “las identidades sexuales que no se alinean con la biología”. “Honestamente no vi las manifestaciones de Cúneo Libarona”, aclaró primero el candidato, pero luego agregó: “La ley de Identidad de Género es vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales”.
MC/JJD