El proyecto se discute al más alto nivel. El reclamo de los movimientos sociales por un Salario Básico Universal está en los despachos del gobierno nacional. Después de la masiva movilización del 7 de agosto pasado, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, el debate por la forma de abordar la emergencia social en un contexto de pandemia y aumento de pobreza se intensificó en las últimas semanas dentro del Frente de Todos. En público y en privado.
Las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) plantean que la medida debe aprobarse de manera urgente y sostienen que el gobierno de Alberto Fernández tiene capacidad de financiar un piso de ingreso universal superior a la línea de indigencia y equivalente a un tercio del salario mínimo.
Comandada por dirigentes sociales que en muchos casos son funcionarios y en otros forman parte de la alianza oficialista, la cúpula de la UTEP multiplicó sus esfuerzos desde el 7 de agosto para lograr que el salario universal sea considerado como una alternativa posible por parte de un gobierno que camina hacia las elecciones en un contexto de lo más delicado, donde la vacunación acelerada y la reapertura de la economía no alcanzan a compensar el derrumbe de los ingresos que se profundizó durante los últimos tres años y medio.
De acuerdo al borrador del proyecto de la UTEP al que accedió elDiarioAR, el objetivo es que el Salario Básico Universal vaya destinado a las personas de entre 18 y 65 años en edad de trabajar que no tiene una inserción plena en el mercado laboral. Una transferencia que esté dirigida a la población que queda al margen tanto del régimen de Asignaciones Familiares y la AUH -para menores de 18 años- como del sistema previsional que rige para los mayores de 65.
La discusión se dio en las últimas semanas a través de los medios entre Juan Grabois y Andrés Larroque, pero es mucho más profunda puertas adentro del gobierno. Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, que anticiparon más de una vez una posición en principio refractaria a la propuesta, mantienen un vínculo estrecho con el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y, según dicen entre los movimientos sociales afines al gobierno, ya no le cierran la puerta por completo. Lo dijo anoche Larroque en C5N cuando reiteró su idea de un modelo que genere empleo genuino pero habló de su buena relación con Grabois y afirmó: “Lo que estamos discutiendo es qué hacemos en el mientras tanto”. Con la vicepresidenta a la cabeza, el cristinismo sostiene que, como sucede con la AUH, sería necesario una contraprestación en materia educativa y laboral para acceder a un beneficio de ese tipo.
La semana pasada, hubo un hecho que marcó hasta qué punto el tema se está debatiendo en el interior del oficialismo. Grabois y el diputado del Frente de Todos Itai Hagman se reunieron con Martín Guzmán en el ministerio de Economía para discutir el tema. El encuentro, reconocido sólo de manera informal en lo más alto del gobierno, se extendió durante varias horas. Grabois y Hagman integran juntos el Frente Patria Grande, que se sumó al kirchnerismo en las últimas elecciones.
El objetivo de los movimientos sociales es ambicioso: que el Presupuesto 2022, que Guzmán debe presentar tres días después de las PASO en el Congreso, incluya una partida para financiar la medida. Pero esa posibilidad, que le devolvería al oficialismo la iniciativa con un proyecto destinado a su base electoral, demandaría un equilibrio de lo más fino para un gobierno que apunta a cerrar cuanto antes con el Fondo y sigue caminando por la cornisa de la escasez.
En base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y de fuentes estadísticas complementarias, desde la UTEP sostienen que el número de beneficiarios del Salario Básico Universal sería de alrededor de 9,4 millones de personas, una cifra similar a la que recibió el IFE en los meses iniciales de la cuarentena estricta. Con un tope de dos salarios básicos universales por grupo familiar, el propósito es garantizar un piso de ingresos hasta que el mercado laboral del país consiga generar nuevos puestos de trabajo formales. Ahí es donde empieza una de las discusiones más intensas en el oficialismo. Porque mientras para la dirigencia política el objetivo es volver a crear “un modelo de producción y empleo” que permita reducir al mínimo la transferencia de ingresos, para los dirigentes sociales el regreso a un modelo de pleno empleo es inviable y la precariedad laboral llegó para quedarse.
La propuesta de la UTEP establece un monto de un tercio del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con un tope máximo en el monto de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC. Para números de agosto de 2021 eso significaría una prestación de $9.360 mensuales por persona. En el caso de los monotributistas A (o de asalariados formales con ingresos menores al tope de la categoría A del monotributo), sería de un sexto del SMV y M, $4680.
Entre los movimientos sociales que apoyan al gobierno, afirman que el costo fiscal bruto de 2,5% del PBI pero se reduciría al 1,6% del PBI con la absorción de otros programas hoy vigentes como el de la Tarjeta Alimentar que implementó el ex ministro Daniel Arroyo y tanto Grabois como Emilio Pérsico cuestionaron. Además, los economistas que trabajan con los movimientos sociales aseguran que el 100 por ciento del Salario Universal será destinado al consumo de productos esenciales y generará un ingreso adicional por lo que finalmente el costo fiscal neto rondaría el 1,07% del PIB. Cómo financiar esa partida es lo que el gobierno, en especial Guzmán, debería resolver después de un año de pandemia en el que el gobierno nacional no otorgó el paliativo del IFE para los sectores más vulnerables y la cifra de muertos pasó de 43 mil en diciembre pasado a más de 110 mil en vísperas de las PASO.
Entre los fundamentos de la propuesta se citan recomendaciones de organismos internacionales como los de la Comisión Mundial Sobre el Futuro del Trabajo de la OIT, que plantea: “los gobiernos deben garantizar la protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez para todos los trabajadores en todas las formas de empleo, incluido el empleo por cuenta propia, sobre la base de una financiación sostenible y los principios de solidaridad y reparto de riesgos”. La ONU y la CEPAL también incluyen sugerencias similares sobre una amplia cobertura para los más vulnerables.
En lo que coinciden La Cámpora y Grabois sin fisuras es en que el Salario Básico Universal debería pagarse a través de la ANSES que hoy conduce Fernanda Raverta, sin ningún tipo de intermediario, tal como sucede con la AUH. Es un mecanismo que contrasta con el Plan Potenciar Trabajo, la herramienta que Pérsico venía promoviendo por encima de la Tarjeta Alimentar y que se incrementó durante el gobierno de los Fernández, hasta abarcar a más de un millón de beneficiarios.
El debate por supuesto excede al gobierno pero se da con particular intensidad en el oficialismo, como se vio en el cruce de Grabois con Larroque en torno al sindicato de pobres del que habló el ministro de Desarrollo Social de Axel Kicillof. Para la UTEP, lo que define al continente que ahora se pretende cubrir no es que son pobres sino que son trabajadores precarios. En el borrador de los movimiento sociales acercaron al gobierno se considera fundamental distinguir entre trabajo y empleo. “Este conjunto de personas excluidas de un empleo que les provea una remuneración formal plena, sí desarrollan distintas formas de trabajo: en la informalidad, como cuentapropistas, en la economía popular, en la agricultura familiar, en tareas sociocomunitarias o incluso en trabajos domésticos y de cuidado. Pero en todos los casos se trata de trabajos que no son suficientemente valorizados por el mercado, y a veces no son ni siquiera remunerados. De ahí la decisión de nombrarlo como un ‘salario’ y no simplemente como un ‘beneficio’, ‘ingreso’ o de ‘transferencia’”.
DG