Hotesur-Los Sauces es un caso que vuelve a quedar en etapa de juicio, pero que lejos está de llevarse adelante en lo inmediato y aún no se tiene certeza sobre cuándo la vicepresidenta, Cristina Kirchner, eventualmente podrá estar en el banquillo de los acusados junto a su hijo, Máximo, ante sospechas de lavado de dinero y otros delitos.
Tras el fallo de Casación que ordenó realizar el juicio, pues se había dictado el sobreseimiento de los más de veinte implicados sin hacer una audiencia, todavía queda un largo camino.
El fallo de la Sala I de Casación con la firma de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.
La titular del Senado y los demás implicados tiene dos caminos: hacerlo por la vía normal mediante un recurso extraordinario que debe conceder el propio Tribunal o bien “en queja” ante la Corte si aquel no lo concede.
Es decir, en el caso de que la vicepresidenta o cualquiera de los otros implicados apele, llegará a la Corte y ahí no hay plazos para que el máximo tribunal resuelva. Eso llevará su tiempo.
En paralelo, el Tribunal Oral 5, que había sobreseído a los implicados con la firma de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, ya no será el mismo, porque como ambos ya opinaron que no hay delito sin hacer juicio, serán otros magistrados quienes intervengan.
Sólo quedará la jueza Adriana Palliotti, quien nunca opinó sobre el fondo del asunto.
Por ello, habrá todo un proceso para integrar el Tribunal y los nuevos integrantes también quedarán sujetos a posibles recusaciones o planteos de las partes. La integración es probable se haga una vez que haya fallo de la Corte Suprema, con lo cual no será en lo inmediato.
Además, el Tribunal Oral antes del arranque del juicio tiene pendiente la realización de algunos peritajes en esta causa en la que se sospecha de Cristina y Máximo Kirchner y los demás acusados de haber estado involucrados en maniobras de lavado de dinero.
Qué dicen los fiscales
Los fiscales Diego Velasco y Mario Villar argumentan que las sociedades Hotesur y Los Sauces funcionaron como una “pantalla” para llevar adelante contratos “simulados” y así recibir dinero de privados a quienes la entonces presidenta, Cristina Kirchner, habría beneficiado con licitaciones durante su gestión.
Velasco, el fiscal que tendrá a cargo la acusación durante el juicio, y Villar, su superior ante la Cámara Federal de Casación Penal, mantuvieron que el juicio debía realizarse para analizar los varios contratos que Lázaro Báez por un lado y Cristóbal López por el otro tenían con el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner.
En el caso de Lázaro Báez, ya condenado por la “Ruta del Dinero K” a diez años de prisión, a través de Austral Construcciones tenía como único cliente al Estado Nacional, en el Gobierno de Cristina Kirchner.
Asimismo, los pagos de Austral Construcciones y las empresas Los Calzos y Del Curto y Kank & Costilla por otro, eran mientras Lázaro Báez se convertía en el mayor contratista del Estado.
Sumado a eso, la investigación por la cesión de obra pública vial demostró la concentración de obras en la provincia de Santa Cruz, donde aquel predominaba.
También la acusación de los fiscales apunta a los complejos habitacionales que a la firma Los Sauces pagaban las empresas de Cristóbal López.
Justamente, hay pendientes peritajes para analizar esos contratos que se realizarán ahora que la causa vuelve al Tribunal Oral para realizar el juicio.
Parte de la argumentación fiscal en contra del sobreseimiento que habían dictado los jueces es que debía llevarse a cabo el juicio porque no había prueba nueva incorporada como sí habían determinado los magistrados Daniel Obligado y Adrián Grünberg, al valorar elementos de la causa Oil Combustibles y el caso Vialidad.
La imputación de los fiscales y las pruebas tienen que ver con los contratos y justamente derribaron el argumento sobre que los mismos están bancarizados, algo que los jueces habían valorado como indiciario que no se había cometido delito.
Antecedentes del caso
Hotesur-Los Sauces es un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos grupos empresarios proveedores del Estado: los de los empresarios Báez, Cristóbal López y De Sousa.
Fernández de Kirchner atravesó hasta ahora un único juicio oral y público hasta el momento, que le valió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en la adjudicación de obras viales a Báez.
El ex dueño de Austral Construcciones ya tiene dos condenas en su haber: la Cámara Federal de Casación bajó su condena de primera instancia (12 años) a diez años de prisión por lavado de dinero agravado por el caso conocido como “la ruta del dinero K”; y tiene otra sentencia de seis años en su contra por el caso Vialidad, por su participación en una defraudación a la Administración pública liderada supuestamente por la entonces presidenta y socia del empresario, que debe ser revisada en el mismo tribunal superior.
López y De Sousa fueron absueltos por el voto de la mayoría de los jueces en el juicio por la causa Oil Combustibles, con apelación mediante del fiscal, que espera que Casación revoque esa sentencia a favor de los empresarios del Grupo Indalo, quienes fueron juzgados por presunta defraudación a la Administración pública. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 condenó al ex titular de la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cuatro años y ocho meses de prisión por el mismo delito en este mismo juicio.
Con información de NA.
IG