El juez de feria Martín Cormick rechazó hoy los argumentos del Estado Nacional y dio un plazo de 48 horas para que el Ministerio de Capital Humano restituya el suministro de asistencia alimentaria a comedores y merenderos.
Según la orden del juez, “todos los comedores venían recibiendo algún tipo de asistencia (tanto económica como en especias) y a partir de la llegada de la Sra. Pettovello al Ministerio de Capital Humano esa asistencia se ha eliminado por completo”.
Anteriormente, el juez de feria del fuero Contencioso Administrativo le había dado 48 horas a la cartera de Pettovello para que explique en forma documentada si cumple con una medida cautelar en la que se le ordenó garantizar el derecho a la alimentación de las personas que asisten a los comedores.
El 22 de julio Cormick había dispuesto: “Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”.
La resolución se refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores. El magistrado pidió además que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes”.
“Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”, agregó.
La causa comenzó a principio de este año, cuando las organizaciones reclamaron que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantengan las políticas sociales. A raíz de esto, se presentó un amparo colectivo que aprobó el juez Lara Correa.
Se trata de un cargamento de casi seis millones de kilos de alimentos que están guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán.
En primera instancia, la cartera dirigida por Pettovello también había apelado al fallo de Sebastián Casanello, que ordenaba la entrega de los alimentos depositados. En aquella oportunidad, consideraron que el magistrado “violó la Constitución Nacional” al “entrometerse” en una política pública del Gobierno nacional.
CRM