El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dispuso una medida cautelar interina que suspende los efectos del decreto 116/2025, que establecía la transformación del Banco Nación de ente autárquico a sociedad anónima. De este modo, la resolución pone un freno a la intención del Ejecutivo de modificar la estructura del principal banco estatal del país.
Según Ramos Padilla, el Gobierno pudo haberse excedido en los límites fijados por el Congreso al aplicar la delegación de facultades establecida en la Ley Bases (27.742). La decisión se enmarca en una acción judicial promovida por trabajadores del Banco Nación, que buscan declarar inconstitucionales y nulos ciertos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y de la Ley 26.122, en tanto avalarían la privatización de la entidad.
En septiembre pasado, el mismo juez había señalado que la normativa vigente no permitía la privatización del Banco Nación sin una ley específica del Congreso. En aquella resolución, Ramos Padilla destacó que la Ley Bases originalmente incluía al Banco Nación dentro de las empresas sujetas a privatización, pero que finalmente fue excluido tras el debate legislativo.
Además, había cuestionado la contratación de un estudio jurídico privado por parte del directorio del BNA para avanzar en la transformación de la entidad en sociedad anónima. Según el juez, esa decisión no solo era apresurada, sino que contradecía el propio decreto en el que se apoyaba, ya que el DNU 70/2023 promovía una gestión austera en el uso de los recursos públicos. Señaló que el banco podría haber recurrido al Cuerpo de Abogados del Estado para obtener asesoramiento.
En ese fallo, Ramos Padilla concluyó que, con la entrada en vigencia de la Ley Bases y la exclusión del Banco Nación de la lista de empresas privatizables, la causa había perdido vigencia.
El 19 de febrero, en pleno trámite de apelación de aquella decisión, el Gobierno publicó el decreto 116/2025, que dispuso la conversión del Banco Nación en sociedad anónima. Para los trabajadores que iniciaron la demanda, esta medida constituye un paso decisivo hacia su privatización, con impactos económicos, sociales y jurídicos.
El juez recordó que el Banco Nación no estaba contemplado en el artículo 48 del DNU 70/2023, que establece que las empresas con participación estatal pueden transformarse en sociedades anónimas. Su carácter de ente autárquico lo dejaba fuera de esa disposición. También subrayó que la Ley Bases había eliminado expresamente al Banco Nación de la lista de entidades privatizables.
No obstante, el Ejecutivo avanzó en su transformación, argumentando que el artículo 3 de la Ley Bases le otorgaba facultades para modificar la estructura jurídica de organismos descentralizados. Ramos Padilla advirtió que este cambio podría ser un paso previo a la privatización, ya que permitiría el ingreso de capitales privados en el banco estatal.
MM