Kicillof: “El Estado tiene que tener el control completo y absoluto de sus vías navegables”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, manifestó hoy que la fiscalización y las decisiones de las vías navegables “tienen que estar bajo el control de la sociedad argentina y de su Estado” y consideró que “no pueden quedar a la decisión de un privado”.

“El Estado tiene que tener el control, la fiscalización y el cobro de los peajes de la Hidrovía”, sostuvo el mandatario bonaerense en declaraciones a radio La Red, después de que el mes pasado el Gobierno prorrogara por 90 días la concesión de la Hidrovía.

En ese sentido, afirmó que “después las tareas de dragado dependerá si hay empresas nacionales o con capacidades porque eso hay que hacerlo mañana” y señaló que “sin duda el Estado tiene que tener el control completo y absoluto de sus vías navegables”.

Kiciloff manifestó la necesidad de que el Estado nacional tome el control de una vía estratégica para el comercio exterior argentino. “Las vías navegables tienen que estar bajo el control de la sociedad argentina y bajo el control de su Estado, y es lo que marca nuestro estado normativo” remarcó.

Asimismo, señaló que “después si una tarea la realiza un privado o el propio Estado, tienen que estar sujetos a control y a decisiones del Estado” y “no pueden quedar a la decisión de un privado”.

“Es como cuando vas a hacer una ruta, tenés la capacidad, pero la puede realizar el Estado, una empresa pública o una empresa privada, pero vos no podés dejar que el privado decida hacia dónde va la ruta, cobre el peaje, decida cuándo hace el mantenimiento y controle lo que pasa”, mencionó a modo de ejemplo.

“Me parece muy bien la decisión del presidente Alberto Fernández, de hacernos participar a los gobernadores que entendemos en estas cuestiones y que involucran a nuestras provincias”, sostuvo el gobernador y dijo que la provincia de Buenos Aires, con el Canal Magdalena y la redistribución de las cargas de los puertos, “se juega muchísimo su futuro también productivo”.

“Esa es la discusión de fondo”, aseveró Kicillof, y explicó que “como pasa con cualquier servicio público, el servicio lo puede prestar un privado o una empresa nacional o estatal en condiciones de calidad y eficiencia”.

“Pero a la hora de decidir la política que implementa para dónde y cómo tiene que ser el Estado, eso es lo que no se puede delegar”, advirtió.

En ese contexto, explicó que “no es que no se pueda delegar la construcción”, sino “hacia donde va ese kilómetro de ruta, qué calidad tiene y quién la usa. Ahí hay que hacer un avance muy fuerte en el control y las decisiones”, concluyó.

A fines de abril, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, temporariamente a cargo del Ministerio de Transporte, prorrogó por 90 días la concesión para la “modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado” de la vía navegable troncal -los canales fluviales del río Paraná- por lo que el actual concesionario, el consorcio Hidrovía SA, continuará a cargo de la operatoria hasta el fin del mes de julio.

Por su sentido estratégico, el futuro de la Hidrovía tiene pendiente a los gobernadores de al menos siete provincias, a las grandes cerealeras que operan en la Argentina, a las empresas navieras y al sindicato de Dragado y Balizamiento. Pero además es motivo de una intensa discusión pública entre las distintas alas del Frente de Todos desde noviembre del año pasado.

Desde 1995, la red fluvial está en manos del consorcio que integran la compañía belga Jan de Nul y la empresa argentina Emepa, propiedad del empresario Gabriel Romero. Por ahí salen entre el 75 y el 80% de las exportaciones, en su gran mayoría soja y cereales. La concesión que iba a durar 10 años se prorrogó gobierno tras gobierno, con la firma de Carlos Menem, Eduardo Duhalde y, finalmente Cristina Fernández de Kirchner, en 2010. 

CB con información de Télam