Un solo candidato a la hidrovía, una DGI desdibujada y la promesa de un dólar barato

No podían imaginarse un fin de 2024 mejor. Ni podían ocultar su optimismo para 2025. En el Palacio Duhau, sobre la avenida Alvear, celebraron este martes al mediodía el ministro de Economia, Luis Caputo, con algunos de los mayores empresarios de la Argentina, Luis Pagani (dueño de Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Carlos Miguens Bemberg (de la eléctrica Central Puerto), Sebastián Bagó, Federico Braun (de supermercados La Anónima y Banco Galicia), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy, PAE), Cristiano Rattazzi (Modena, concesionaria de autos y alquiler de helicópteros) y Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la entidad convocante de la cita. Menos envalentonado que en el encuentro de una semana atrás con el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, en el evento anual ProPymes que organiza Techint, Rocca insistió con “nivelar la cancha”, su latiguillo para denunciar que producir en la Argentina se encareció en dólares. Hasta Javier Milei reconoce que un tipo de cambio así llevará a las compañías a la quiebra.

Caputo respondió que nivelará la cancha, le admitió que quiere hacer competitivas las empresas argentinas, que se irán bajando los impuestos “cuando se pueda” porque el déficit fiscal cero es “intocable” y que su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, seguirá liberalizando sectores para bajar costos –desde la facilitación de la competencia importada hasta quitar reglas para el transporte automotor de pasajeros, al estilo Perú, y de cargas–.

Pero el ministro de Economía aclaró que no devaluará el peso. Eso arruinaría su plan de bajar la inflación al 1% mensual, el número que obsesiona al presidente Javir Milei y que quiere imponer en las paritarias, para bronca del camionero Hugo Moyano. El ministro, que en 2018 desobedeció hasta al Fondo Monetario Internacional (FMI) con tal de evitar una “deva”, argumentó que si un país “anda bien, es rico e influyente” –no describía a sus compañeros de mesa–, es natural que se aprecie su moneda.

Igual, esta semana no fue obra de la naturaleza que su mano derecha, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, interviniera fuerte en el mercado de los dólares financieros para evitar que subieran demasiado, como ocurrió en Brasil y otros mercados emergentes afectados por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar poco la tasa de interés ante la previsión de mayor inflación a partir del futuro gobierno proteccionista de Donald Trump. Pensar que Milei sostenía que era de soberbio querer decirle al mercado lo que debe valer el dólar, pero su gobierno intervino para hacerlo. Al menos, puede decir que ha ido liberando poco a poco restricciones del cepo cambiario, ahora para el pago de deudas de empresas con el exterior. Caputo les prometió a los hombres de negocios que lo eliminará definitivamente y más rápido de lo pensado en 2025.

Pero hasta los comensales más liberales se quedaron con la duda de cuándo se bajarán los impuestos. No son los más altos del mundo, pues la Argentina figura 50° en el ranking global de tributos en relación al PBI, superado en general por países desarrollados. Pero los empresarios advierten que en Europa gravan más las ganancias y no las ventas, como los Ingresos Brutos y las tasas municipales, lo que, según ellos, encarece la producción. Claro que justo esos gravámenes no dependen de la Nación sino de legislaturas provinciales y concejos deliberantes.

Al día siguiente de comer con AEA, Caputo repitió el mismo credo cuando recibió en el Palacio de Hacienda a los máximos ejecutivos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), incluido su presidente, Martín Zuppi (de Stellantis, el grupo que reunió a Fiat y Peugeot), Gustavo Salinas (Toyota) y Martín Galdeano (Ford), entre otros. Los empresarios también destacaron que 2024 termina mejor de lo esperado al inicio y le agradecieron que se normalizaran los pagos de importaciones –ellos traen autos y autopartes– y se eliminara el impuesto PAÍS que las gravaba, pero por lo bajo pensaron que sólo se trata de volver al tablero de 2019, previo a la restauración del cepo. Tampoco es el paraíso.

El ministro les reprochó de buen modo que por ahora ninguna automotriz se haya sumado al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), donde hasta el momento se anotaron proyectos que totalizan más de US$11.000 millones en energía convencional y renovable, minería y siderurgia. No fue tan violento como cuando advirtió esta semana que Chile se hunde supuestamente por el “comunista” Gabriel Boric, un ataque quizás influido por el viceministro de Economía de la Argentina, el chileno José Luis Daza, que en su momento soñaba con integrarse al eventual gobierno del ultraderechista José Antonio Kant.

Los ejecutivos automotrices respondieron que el análisis del ingreso al RIGI lleva su tiempo. Ellos no ocultaron su preocupación por la competitividad de las exportaciones, aunque no llegaron a admitirle que hay una pérdida gradual de ventas en el extranjero. Temen que la mejora competitiva vía reducción de impuestos se demore también. En cambio, avanzan a toda velocidad las iniciativas enmarcadas en el RIGI y vinculadas a la exportación de gas: a YPF se le cayó la sociedad con la malaya Petronas y dilata la instalación de una planta de licuefacción para enviar el combustible al mundo, pero este jueves firmó con la británica Shell un acuerdo para traer en un principio dos buques para licuar, una alternativa más barata y que imita a la ya en marcha de PAE y la noruega Golar.

Quien no tiene por qué preocuparse por los impuestos que paga es el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez. Al menos eso creen dentro del organismo y entre contadores de la city porteña que no suelen espantarse demasiado por la evasión pero consideran que este caso, el de los tres inmuebles en Miami sin declarar, resulta demasiado escandaloso por tratarse de quien debe controlar el cumplimiento tributario. En la línea de la DGI confiesan que reina el desconcierto. Señalan que Vázquez, de larga trayectoria en el organismo pero vínculos con la Secretaría de Inteligencia (SIDE), llegó al cargo para concretar el pedido de la Casa Rosada que venía incumpliendo la exjefa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Florencia Misrahi por “inútil”, según la terminología libertaria: la misión sería liberar de inspecciones a amigos y apretar a quienes no lo son. Es una tarea que ya había cumplido con el kirchnerismo, según recuerdan.

Entre los contadores de grandes empresas temen desde aprietes hasta pedidos de coimas más desembozados que los habituales de ciertos inspectores inescrupulosos. En algunos empresarios poderosos, entusiasmados por la baja de la inflación y el déficit y las desregulaciones, comienza a cundir la desilusión por la corrupción que admitiría Milei, a imagen y semejanza de su presidente modelo, Carlos Menem. Son los mismos que se asombran por lo activa que está la SIDE o porque la imputación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por presunta cartelización contra siete prepagas que aumentaron este año sus cuotas excluyó a Hominis, la del Sanatorio Güemes, donde antes se desempeñaba el ministro de Salud, Mario Lugones. Aquellos expertos contables de la City recuerdan que ante una información como la publicaba por elDiarioAR y La Nación sobre Vázquez, si se tratara de cualquier contribuyente, la DGI debería iniciar una fiscalización, una determinación de oficio si no ajusta sus declaraciones y la exigencia del pago del impuesto adeudado, con intereses y multas que pueden llegar hasta diez veces el importe evadido. Incluso debería iniciarse una acción penal. Este cronista consultó en la ARCA si habían iniciado algo así contra el jefe de la DGI, pero nunca se informa con nombre y apellido sobre ninguna fiscalización porque se resguarda el secreto fiscal. Sería más que llamativo que la dirección empiece una demanda contra su propio mandamás.

La competitividad y la transparencia también inquietan a empresarios que siguen de cerca la licitación para volver a concesionar la hidrovía del río Paraná, en los 1.000 kilómetros que van desde la confluencia con el Paraguay hasta la desembocadura en el Plata. La belga DEME y la danesa Rohde Nielsen ya pidieron la nulidad de la subasta porque consideran que está hecha a medida de que gane la otra belga que viene dagrando el río desde que se lo entregó Menem en 1995, Jan de Nul. En un negocio con pocos grandes jugadores en el mundo, los otros rivales son las neerlandesas Boskalis y Van Oord, dado que la china CCCC fue descartada por el Gobierno con el argumento de que es estatal y en medio de la tensión geopolítica de Washington con Beijing.

La hidrovía es un negoción por el que circula, peaje mediante, el 80% de las exportaciones de la Argentina y Paraguay y algunas de Bolivia y Brasil, aunque también la droga paraguaya, boliviana y peruana. “Por ahora Boskalis y Van Oord decidieron no presentarse y no cambiarán su decisión si el Gobierno no cambia las condiciones del pliego”, aseguran en una de las empresas rivales de Jan de Nul. De ser así, el 12 de febrero se cerraría el plazo de ofertas sólo con una grande, Jan de Nul, pero no se descarta que alguna dragadora pequeña argentina se sume, aunque incumpla con las exigencias requeridas. Es que Milei le pidió al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, que haga una licitación competitiva con al menos dos oferentes.

Por lo menos el discurso oficial es que se busca que el Estado se retire del asunto –según reza el dogma del topo que lo quiere destruir– y que se pague un peaje razonable que estimule inversiones para profundizar el calado y permita así que los buques vayan y vengan llenos, y no al 60% de su capacidad, como ocurre ahora en este río afectado por bajantes en los últimos años. Pero Jan de Nul contra una firma argentina sería una contienda con resultado final cantado. Habrá que ver si eso sucede. Y si la belga se presenta con algún socio local como los hermanos Patricio y Germán Neuss, amigos de Arreseygor y del asesor presidencial Santiago Caputo. Las otras firmas extranjeras también querían sumar alguna firma nacional que les facilite los negocios en la Argentina, pero en el formato de unión transitoria de empresas (UTE) que el pliego vetó.

AR/DTC