En una sesión caliente y que se espera que sea maratónica, el Senado resolvió hoy con lo justo aprobar el pliego de la jueza Ana María Figueroa para que continúe por cinco años más como integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. La votación terminó empatada en 35 por lo cual, como manda el reglamento, debió votarse en una segunda oportunidad, en la que se repitió el resultado, tras lo cual debió desempatar quien entonces conducía la sesión, la presidenta provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora: a favor.
De esta manera, con lo justo, a tres semanas de las elecciones presidenciales y tras dos intentos fallidos, el Senado convalidó la continuidad de la jueza Figueroa, un asunto que desvelaba a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, porque podría beneficiarse de sus decisiones sobre tres causas clave que se encuentran en la Cámara de Casación: Hotesur-Los Sauces, Memorándum con Irán y Cuadernos. En la primera causa, es una de los tres jueces a cargo de revisar los sobreseimientos de CFK, sus hijos Máximo y Florencia, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por presunto lavado de dinero.
El 9 de agosto pasado, la jueza Figueroa cumplió 75 años, la edad a la que los jueces deben jubilarse a menos que tramiten un pedido para continuar por cinco años más, que ese pedido les sea concedido por el Poder Ejecutivo a través de un pliego enviado al Congreso y que, finalmente, ese pliego sea aprobado por el Senado. Figueroa había realizado el trámite y el presidente Alberto Fernández había mandado oportunamente el pliego pero en el Senado el Frente de Todos no había podido conseguir los apoyos necesarios en dos ocasiones. Este jueves finalmente lo consiguió.
En el resultado favorable incidieron los votos afirmativos de tres peronistas disidentes, Guillermo Snopek (Jujuy), María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), y el de Clara Vega (La Rioja), que en 2017 fue elegida senadora en la boleta de Cambiemos pero desde hace tres años es una fiel aliada del Frente de Todos.
Ahora se abre un conflicto institucional entre poderes del Estado, ya que una vez que cumplió los 75 años la jueza Figueroa había decidido por su propia cuenta que permanecería como integrante de la Cámara de Casación, aunque sin firmar resoluciones, hasta que el Senado resolviera su situación, pero semanas después la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución para ponerle fin a ese limbo: dijo que Figueroa cesó en sus funciones. La jubiló.
En el arranque del debate, la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, que pertenece a La Cámpora y es la presidenta de la Comisión de Acuerdos, el filtro por donde pasan los pliegos de jueces y fiscales, defendió la continuidad de Figueroa y señaló que “lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación es entrometerse” en prerrogativas que son “exclusivas del Senado”.
“No es la primera vez que en el Senado de la Nación se aprueba un dictamen luego que el postulante haya cumplido los 75 años de edad. Y esto ha pasado durante este periodo y el periodo anterior, del gobierno de Mauricio Macri, y todos los que estamos acá presentes hemos votado a pesar de que el postulante o la postulante haya cumplido los 75 años de edad, hemos votado afirmativamente por que sigan en su cargo”, dijo Fernández Sagasti, una de las senadoras de confianza de la vicepresidenta.
Después de Fernández Sagasti, la primera de una larga lista de oradores de Juntos por el Cambio fue Guadalupe Tagliaferri (PRO-Ciudad de Buenos Aires), quien calificó a Figueroa de “exjueza”. “Les guste o no les guste, ese es nuestro sistema republicano, esta es la división de poderes y esta es la democracia que construimos y sostenemos entre todos. Claramente, por más que ustedes quieran creer que pueden ir sobre un fallo de la Corte Suprema, por más que quieran armar un relato, por más que quieran crear una posverdad, les recuerdo, ustedes lo saben muy bien, la única verdad es la realidad”, dijo la senadora opositora.
El cese dispuesto por la Corte para el caso de Figueroa había sido dispuesto por unanimidad, es decir con las firmas de sus cuatro integrantes —Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y posteriormente fue notificado al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal.
JJD