El senador entrerriano Edgardo Kueider fue duramente cuestionado por su voto a favor de la ley de Bases, tanto por la cúpula del Partido Justicialista provincial como por figuras del peronismo. También recibió críticas de organismos de derechos humanos y de la asamblea de mujeres y disidencias. Su voto fue visto como “una traición a las bases del partido” y se sospecha que negoció a cambio de controlar la designación de delegados de la empresa hidroeléctrica Salto Grande, algo publicado en el Boletín Oficial tras la sesión de la Cámara alta. En cambio, referentes del PRO respaldaron su decisión de acompañar el proyecto de la Casa Rosada.
Las críticas aumentaron al conocerse el resultado de la votación y la publicación del decreto que permite a Entre Ríos designar los tres integrantes de la Delegación Argentina de Salto Grande. José Cáceres, presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, expresó su descontento y calificó la acción de Kueider como dañina para el partido y la política. Cáceres recordó que en 2019, cuando Kueider fue elegido senador, nunca imaginaron esta situación.
El Partido Justicialista provincial, incluyendo a la diputada Carolina Gaillard y el diputado Tomás Ledesma, había advertido previamente sobre la posible desafiliación de Kueider. Tras su voto afirmativo, el partido emitió un comunicado señalando que sus decisiones son motivadas por oportunismo político y no por intereses partidarios ni ideológicos. Criticaron la justificación de Kueider sobre beneficios para la provincia como falta de solidaridad con el país y sugirieron una posible alianza con el gobernador Rogelio Frigerio. “Una decisión más cercana a la complicidad del gobernador Frigerio, que salió a buscar los votos para la aprobación, que a los verdaderos intereses de las y los entrerriano”, dice el duro comunicado partidario.
El intendente de Concordia, Francisco Azcué, del PRO, respaldó a Kueider, mientras que la diputada nacional Blanca Osuna lo acusó de cómplice de varias políticas dañinas del gobierno. Héctor Maya, exlegislador nacional, consideró que Kueider cometió un error estratégico al votar en contra de los sectores populares que lo apoyaron.
Kueider se defendió en X
El senador mismo recurrió hoy a la red social X para justificarse. “Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional - en general - con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo”, señaló. “Ninguno de los temas que componían las consignas de un sector que desde hace años alimenta la lógica de amigo-enemigo fueron incluidos en el texto. Y los que quedaron, los voté en contra”.
“Voté en contra del RIGI, de ganancias y bienes personales. Evitamos el cierre de los organismos de ciencia, tecnología y la cultura, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos. Eliminamos el capítulo previsional, y modificamos muchos otros artículos que consideré nocivos”, añadió, a lo que cientos de usuarios respondieron con insultos.
Una caja con historia
La administración del complejo hidroeléctrico Salto Grande, que genera alrededor de US$10.000 millones mensuales, ha sido ambicionada por muchas gestiones. La represa, que produce 8.639 GWh anuales, está entre los primeros 10 grupos económicos de generación eléctrica del país. Los sueldos administrativos, que oscilan entre $4 y $6 millones de pesos, han sido motivo de controversia, con algunos reportes indicando salarios de hasta US$10.000 mensuales.
Esto sin considerar que quienes ocupan estos lugares, tienen otros montos en función de gastos de representación y viáticos. Un pedido de acceso a la información pública, solicitado por el periodista Sebastián Lacunza, confirma que en junio de 2018, el sueldo de quien era presidente de la delegación en ese momento, Roberto Niez, eran unos $305.000 pesos, lo que a la tasa de cambio de ese año representaban unos US$16.000.
La hidroeléctrica enfrenta una etapa de recambio de infraestructura que requiere una inversión de más de US$300 millones y podría durar 30 años, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Especialistas sugieren mantener la potencia de la represa y ajustar las tarifas.
Derechos humanos, mujeres y disidencias
Organizaciones de derechos humanos y la Asamblea de Mujeres y Disidencias también repudiaron a Kueider. Le recordaron su deber de defender derechos y no quitarlos, criticando cualquier negociación con el gobierno de Javier Milei. La Asamblea de Mujeres y Disidencias expresó que apoyar la ley de Bases desmantela estructuras estatales de apoyo y asistencia a mujeres en situación de violencia, coincidiendo con un aumento de femicidios en lo que va del año.
“Señor senador, usted se postuló para defender derechos, no para quitarlos”, escribieron desde la Asamblea Permanente, donde indicaron que “negociar gobernabilidad con un gobierno que en estos seis meses ha demostrado que sus políticas se basan en la entrega de la soberanía del país y los atropellos a derechos del pueblo es contradecir los principios básicos de la plataforma electoral del partido” que lo puso en este lugar“.
SM/JJD