El 5 de diciembre de 2023, a punto de dejar su banca y cinco días antes de que asumiera Javier Milei, el senador macrista José Torello ingresó dos proyectos de ley a la mesa de entradas del Senado: uno para dar prisión domicilaria automática a los mayores de 70 años y otro para limitar los plazos de resolución de las causas penales. Aunque no lo mencionaban, los proyectos habían sido escritos a la medida de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Torello puso la firma, pero la iniciativa surgió de los abogados e hijos de represores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean.
Así lo revelan varios mensajes enviados por Olea en marzo a un grupo de WhatsApp que compartía con diputados libertarios, con el objetivo de organizar visitas a represores presos y motorizar acciones en su favor. Además de Olea, Saint Jean y otros abogados, en el grupo también participaban el ex juez Eduardo Riggi y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del torturador Jorge Olivera. Durante meses de chat y algunas reuniones presenciales, los tres letrados les acercaron distintas ideas a los legisladores para beneficiar a los militares en prisión. Una de las propuestas fue retomar los proyectos presentados a través de Torello en el Senado, que por ahora esperan tratamiento en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Los chats del grupo se conocieron luego de que la diputada libertaria Lourdes Arrieta acusara a sus compañeros de bancada de haberla llevado “engañada” a visitar a represores famosos en el penal de Ezeiza, el 11 de julio. Arrieta dijo que ella no sabía quién era Alfredo Astiz –“ Nací en 1993”– y que se dejó arrastrar por los demás. Cuando explotó el escándalo, se despegó de la visita y presentó una denuncia contra los organizadores ante la justicia federal. Arrieta le entregó al juez Ernesto Kreplak los chats de los grupos de WhatsApp que compartía con Olea, Saint Jean, Riggi, Olivera Ravasi y los diputados Guillermo Montenegro, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, María Celeste Ponce y Carlos Zapata, entre otros libertarios.
elDiarioAR accedió a las conversaciones sobre los proyectos de Olea y Saint Jean ingresados al Senado con la firma de Torello, hombre de confianza de Mauricio Macri. El 2 de marzo, la abogada Olea, hija del represor Enrique Braulio Olea, informó a los demás: “Tenemos un recurso de inaplicabilidad de ley en Casación y un proyecto de ley presentado por el senador Torello” sobre el tema de las prisiones domiciliarias. Dijo que ambas cosas debían “ser impulsadas con urgencia”, a lo que Riggi respondió: “Nos gustaría mucho evaluar el proyecto de Torello antes de la reunión del 14”. Se refería a una cena convocada el 14 de marzo por Olivera Ravasi, para organizar una visita a militares presos que se realizaría al día siguiente.
Olea envió al grupo de WhatsApp los proyectos de ley firmados por Torello y explicó: “Son los dos proyectos que le presentamos con Ricardo [Saint Jean] al senador Torello. Ingresaron el 5 de diciembre de 2023 en la mesa de entradas del Senado”.
Qué dicen los proyectos
El proyecto sobre domiciliarias propone cambiar la redacción legal para que la aplicación del beneficio sea automática para los presos mayores de 70 años, y no una prerrogativa de cada juez como ocurre hoy. Además, se limita a dos años el tiempo máximo de las prisiones preventivas. El proyecto firmado por Torello es parecido a otro redactado por Elisa Carrió e ingresado en marzo a Diputados, con la diferencia de que el de Carrió explicita que los principales beneficiarios serían los militares condenados, mientras que el del PRO evita mencionarlos. En la actualidad, casi el 80% de los detenidos en causas de lesa humanidad ya goza de prisión domiciliaria.
El segundo proyecto ingresado por Torello y articulado por Olea y Saint Jean −hijo de Ibérico Saint Jean, interventor bonaerense de la dictadura− es sobre el “plazo razonable” para la resolución de las causas penales. Propone limitar a veinte años el tiempo máximo que puede transcurrir entre el inicio de un proceso y su sentencia firme. Pasado ese lapso, el acusado quedaría en libertad. Esto favorecería a represores presos por crímenes probados en varias instancias pero sin confirmación de sus condenas por los máximos tribunales, debido a las demoras del Poder Judicial −que perjudican sobre todo a las víctimas− y a la batería recursiva que suelen aplicar los abogados defensores ante los jueces. Los grupos promilitares se quejan de que hay demasiados presos sin sentencia firme. Sin embargo, las estadísticas muestran que el 70% de los investigados en causas de lesa humanidad transitan los procesos en libertad.
En el chat con los libertarios, Olea mencionó una idea que quedó excluida en el proyecto de Torello: “En el proyecto de plazo razonable original que le presentamos con Ricardo al senador Torello habíamos propuesto que no alcanzara a quienes se encontraren prófugos al momento de la sanción de la ley. Esto por los atentados a la AMIA y la embajada de Israel que fueron declarados casos de lesa humanidad y entonces van a aprovechar para hacer la objeción de que la extinción no abarque a esa clase de delitos. La aclaración de que no ampara a los prófugos (así están todos los presuntos responsables de esos atentados) dejaría sin argumentos esa objeción”.
Este medio se comunicó con Olea para consultarla por los chats, pero su respuesta fue: “Si hay una denuncia penal en curso, prefiero no hablar del tema”. Por su lado, Riggi contestó: “No sé decirle qué ha presentado Torello porque yo no lo conozco ni le he entregado nada”, aunque admitió que “alguien puede haberlo propuesto [retomar los proyectos] y yo puedo haber dicho que podía ser de interés analizarlo”. Según Riggi, él asistió a una sola reunión del grupo.
elDiarioAR también habló telefónicamente con Torello, que dijo: “No me consta que los proyectos los hayan redactado estas personas [Olea y Saint Jean]. Yo no estaba en todas las reuniones de mi equipo de trabajo. Desconozco si estas personas colaboraron con mi gente. Probablemente yo lo haya firmado, porque en materia de domiciliarias y preventivas estoy de acuerdo.
−¿Entonces desmiente que los proyectos los hayan armado Olea y Saint Jean?
−No, digo que no me consta. Yo trabajo con mucha gente. A lo mejor, puede haber ocurrido, no me consta, que alguno de mi equipo haya hablado con esta gente. Pero no es que yo trabajé con ellos ni que coincido con sus ideas. Podemos haber coincidido en algunos conceptos plasmados en lo que firmé. Pero yo no tuve nada que ver con esas personas, yo tengo que ver con lo que yo firmé. Si hay alguien que dice que me vio a mí y que trabajé con ellos, lo desmiento.
−¿Conoce a Olea y Saint Jean?
−No.
Quién es quién
El chat de WhatsApp fue armado en febrero pasado por el cura Olivera Ravasi. Ese mismo mes, su padre Jorge Olivera, ex mayor del Ejército condenado a cadena perpetua y en prisión domiciliaria, había violado las reglas de su arresto al organizar una gran fiesta en su casa por sus 50 años de casado, en la que cantó Palito Ortega. Olivera Ravasi fue el puente entre los diputados libertarios y los abogados Saint Jean y Olea, a quien un fiscal que la trató en juicios describe como una defensora “con un perfil duro pero técnico y punzante, con oficio”.
Olea es cercana a Riggi y fue secretaria de su vocalía cuando era juez de la Cámara de Casación. En 2011, le abrieron un sumario cuando se supo que alternaba su trabajo como funcionaria judicial con la defensa legal de su padre, condenado en 2008 en Neuquén junto a otros represores del centro clandestino “La Escuelita”. “Se levantaba de la silla en su oficina y cruzaba a una sala de audiencias en el mismo edificio para defender a su padre”, recuerdan en Casación. Después de que trascendiera su doble rol, terminó renunciando.
Hoy se mantiene activa como abogada de imputados en juicios de lesa humanidad. Actualmente defiende, por ejemplo, a acusados en la megacausa “Zona V” de Bahía Blanca. Combina su trabajo de defensora con el activismo en favor de los militares condenados, para lo que se mueve a dúo con Saint Jean. Ambos integran la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y tienen llegada a sectores de la política, la justicia y las fuerzas armadas.
Posteo de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, organización que integran los abogados que están detrás del proyecto presentado por Torello.
Menos de una semana después de que los proyectos firmados por Torello entraran al Senado, Olea y Saint Jean también tocaron la puerta del Poder Judicial. El 11 de diciembre, un día después de la asunción de Milei, presentaron un recurso para que la Cámara de Casación convocara a un plenario de todos sus jueces con el fin de discutir una “doctrina unánime” sobre las domiciliarias. El planteo de los abogados fue rechazado tres meses más tarde por Casación, que recordó que la jurisprudencia sobre el tema ya fue definida por la Corte Suprema.
Con la vía jurídica por ahora cerrada, les queda la política. Así lo resumió el cura Olivera Ravasi en el WhatsApp con los libertarios, en una minuta sobre la cena del 14 de marzo: “Entre los proyectos que había para debatir, todos excelentes desde lo técnico, vimos, con las cartas sobre la mesa, cuáles serían los más conducentes sabiendo que el tema acá es eminentemente político más que jurídico”. En la reunión de esa noche se evaluó que lo más “viable” era “la promulgación de parte del presidente de un decreto o la promulgación de una ley con el beneficio de plazo razonable”, es decir, un proyecto como el que ya le habían llevado a Torello.
Los argumentos de Olivera Ravasi sobre la conveniencia política de la iniciativa fueron explícitos: “El beneficio de este ‘plazo razonable’ no sería sólo para los militares, sino también para muchos legisladores, políticos, empresarios que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades ‘non sanctas’. Es decir, sea como fuere, es un ‘win-win’”.
Los contactos entre los abogados de represores y el entonces senador Torello, amigo de Macri desde que iban juntos al colegio y señalado como referente de la “mesa judicial” del macrismo, no resultan demasiado sorprendentes. El PRO siempre incluyó a sectores receptivos a los pedidos de los grupos promilitares. Figuras como Marcos Peña y Germán Garavano se pronunciaron a favor de las domiciliarias automáticas. En 2022, los diputados Alberto Asseff (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria), del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo implementara medidas para “asegurar la igualdad de derechos” a los represores presos, lo que incluía la prisión domiciliaria “para todas las personas encartadas, sea con prisión preventiva o con condena”. Casualmente o no, ese proyecto también llevaba la firma del entonces diputado Pablo Torello, hermano de José.
A fines de julio pasado, cuando ya había explotado el escándalo por la visita a Ezeiza, el diputado Benedit le mandó un mensaje a Arrieta en el que la llamaba a silencio. Su argumento era que ellos no habían hecho nada novedoso: “Guillermo [Montenegro] expuso la verdad muy bien anoche, incluso contó que el año pasado visitó un penal donde había presos de estas causas con VV [Victoria Villarruel], Asseff, Zapata y otros más, todos de Cambiemos en ese momento, y no pasó nada. No somos los primeros en las visitas humanitarias. Pero RB [Rocío Bonacci] lo usó para la prensa haciendo un escándalo que distorsiona todo y perjudica, mucho egoísmo y malicia. No te equivoques en quién es quién. Esto recién empieza”.
FFB/DTC