Héctor Marchi, exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, declaró este miércoles como testigo en la causa por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) y apuntó contra los jueces supremos Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti como responsables de las supuestas irregularidades en la administración de esa entidad.
Bajo juramento, el contador Marchi también afirmó que distintos empleados de la Corte fueron amenazados con ser desplazados de sus cargos, en caso que colaboraran con la Comisión de Juicio Político que investiga a los miembros de ese tribunal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
El funcionario del máximo tribunal, trasladado la semana pasada a la Cámara de la Seguridad Social, vinculó su desplazamiento a los “informes (que produjo) sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial”, según fuentes judiciales. “Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones (de pesos) en reservas y 0 pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada”, manifestó Marchi.
“El solo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, enfatizó Marchi. Declaró como testigo ante el juzgado federal 12, a cargo interinamente del juez Ariel Lijo, quien investiga supuestas irregularidades desde el 2021 en adelante bajo la gestión de Mariano Althabe, aunque el contador también refirió a supuestos desmanejos ocurridos en la anterior gestión, los cuales tramitan en otro expediente.
El exadministrador sostuvo que el juez Maqueda estuvo a cargo de la OSPJN hasta el 2021, cuando envió un correo a sus colegas informado su salida, y que luego lo sucedió el presidente Rosatti en esa función.
En ese sentido, Marchi señaló que Althabe fue nombrado por propuesta de Rosatti y que hasta el 2021, la OSPJN estaba encabezada por Aldo Tonón, propuesto por Maqueda. Afirmó que en 2013 Maqueda propuso a su secretaria para integrar el directorio, a quien identificó como Marta Herrera, y que luego habría sido nombrada vicepresidenta de esa entidad.
En su declaración testimonial, Marchi señaló también que “la acordada 19/2021 dispuso que la Administración debía presentar informes mensuales al Tribunal” sobre la obra social, pero luego acotó que su primer informe “no gustó”, por lo que “Rosatti propuso que se modifique y no sea mensual, sino semestral”, algo que referenció en la acordada 1/2022.
“Luego se ocultaron mis informes y finalmente me sancionaron. Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes. Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la Obra Social, no me habría criticado a mi mismo”, aseveró Marchi.
Marchi se refirió al contenido de los informes que realizó sobre la Obra Social, y resumió cuáles fueron las supuestas irregularidades detectadas. Su principal conclusión fue que la OSPJN no tiene contabilidad, presupuesto, manuales de procedimiento, expedientes ni dictámenes. Además, dijo que existen diferencias de inventarios en los medicamentos de farmacia y que los medicamentos y prótesis se adquieren en forma directa, entre otras presuntas irregularidades.
El funcionario fue convocado por el juez Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo y “ofrecer prueba” en el expediente “respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación”, luego de su intervención ante la Comisión de Juicio Político. “Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad”, había señalado.
LC con información de agencia Télam