“Hay un intento de desafiar a la Constitución. Desafían la autoridad de un gobierno”, gritó Sergio Berni por la mañana en Varela, frente a una centena de policías, en una entrega de patrulleros. Con tono castrense y acompañado por el gobernador Axel Kicillof, decidió seguir midiendo fuerzas dentro de la Bonaerense. A horas de un nuevo reclamo policial les mandó varios mensajes a los sectores que en las redes preparaban la medida. Ya les había dicho que a los que tomaran una comisaría los sacaría a los tiros y ayer anunció la separación de 436 agentes que habían participado de la protesta de septiembre que rodeó la Quinta de Olivos, el Comando de Puente 12, en La Matanza, y la casa del gobernador Kicillof en La Plata.
La decisión de comunicar las exoneraciones fue exclusivamente del ministro, que entendió que era momento de avanzar contra sectores con los que no piensa negociar. Sostiene que los grupos que impulsan los reclamos tienen vínculos con Cristian Ritondo y Patricia Bullrich y por eso ya no les contesta con el tono conciliador de septiembre. Los asesores que evalúan lo que está pasando creen que la decisión fue demasiado audaz: si la protesta de mañana no es masiva, el triunfo será todo suyo pero si los policías salen a las calles será muy difícil para Berni defender lo que hizo. Hay que recordar que para solucionar su anterior conflicto, el Gobierno de Nación debió quebrar lanzas por Larreta por el dinero de la coparticipación.
Una de las condiciones para resolver el conflicto de la primera semana de septiembre de 2020 era que no habría sanciones para los que habían participado. Es verdad que sostener esa promesa era complejo para Berni porque la Justicia había abierto decenas de causas. El mismo había quedado preso de sus palabras, esa decisión protegía a sectores que ahora volvían a la carga contra él y entonces decidió salir a romper.
Desde mediados de septiembre, una de las auditorías de Asuntos Internos está abocada únicamente a la investigación de este conflicto. Arrancó con cerca de 2.000 policías en la mira. De todos ellos se cruzó información de los geolocalizadores de las patrullas, de libros de comisarías, de cámaras propias y de imágenes televisadas. De ese grupo inicial decidió separar a 121 policías que había participado de la protesta rodeando la Quinta; 135 de La Matanza; a los 20 de La Plata; 30 de Necochea; 30 de Mar del Plata; 30 de Lomas; 29 de Bahía Blanca y el resto del conurbano sur. En Vicente López la barrida es amplia, con agentes de varias comisarías y todo el Comando de Patrullas. Esa bomba le cayó el lunes a las distintas Superintendencias de Seguridad del AMBA y desde ahí la noticia partió hacia toda la Provincia.
En el requerimiento de Asuntos Internos se informaba que todos esos agentes serían separados de la fuerza por haber cometido faltas graves a tres artículos del reglamento. A grandes rasgos se los acusa de provocar o cometer insubordinación, generar miedo, reclamar por vías no autorizadas e incumplimento de deberes varios. Los separados deberán ir a sus casas, entregar el arma, no usar uniforme y durante 120 días cobrarán la mitad del sueldo. Se los notificó para que tomarles declaración indagatoria y, los cálculos anoche eran que a finales de mes y comienzos de marzo empezarán de manera remota esos trámites.
La protesta sancionada tuvo como principal base social cientos de los denominados “pitufos”, los miles de egresados de las escuelas que, paso previo por las policías locales, arribaron a la Bonaerense prácticamente sin experiencia durante la gestión Scioli. Los que vieron la totalidad del trabajo de asuntos internos explicaron que de los 2.000 investigados, los sancionados son los de mayor escalafón dentro de una protesta plebeya. “La mayoría son oficiales, sargentos, tenientes y capitanes”, detallan y sostienen que en muchos casos se evaluó no sancionar a los más jóvenes que fueron solo por planteos gremiales. Pero en determinados lugares, como en la Quinta de Olivos, no hubo clemencia, hasta el joven con la bandera al que bautizaron “Locomía”, por que la movía como un abanico, fue separado. “Allí, por la gravedad institucional, no se podía hacer distinciones”, replicaron las fuentes consultadas.
Las tensiones se miden en horas. Anoche, con la noticia ya esparcida, en los grupos de Facebook que nuclean a policías disconformes se replicaban las noticias de sanciones en las distintas Departamentales y se anunciaron adelantamientos de protestas. En Mar del Plata y en Puente 12 fueron con poca o ninguna participación. Y para hoy por la mañana también se convocaba una en la sede de Asuntos Internos, tampoco hubo gente. Al ver estas magras reacciones Berni siguió a paso firme en el acto de hoy en Varela, donde entregó patrulleros. Allí recibió el espaldarazo de Kicillof, que también dijo: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo. Esperamos exactamente la misma conducta de nuestra fuerza policial”, en referencia a los reclamos de la protesta del año pasado.
De la misma manera que la otra vez, se difundió una lista con 23 puntos. En esas reivindicaciones se destacan las recomposiciones salariales, allí plantean que los equiparen con la Policía de la Ciudad, aumentos de las horas extras, mejorar la capacitación y la formación, acceso a vivienda, entrega de chalecos, mejorar el armamento, reubicación a lugares cercanos a las casas, atención psicológica, entregas de móviles nuevos, de equipos de comunicaciones, hospitales policiales, asesoría jurídica y, sobre todo que no haya represalias respecto de la protesta de 2020.
De la misma manera que la otra vez, se difundió una lista con 23 puntos. En esas reivindicaciones se destacan las recomposiciones salariales, allí plantean que los equiparen con la Policía de la Ciudad, aumentos de las horas extras
En el gobierno provincial dicen que muchos de esos reclamos se están llevando adelante, que hubo aumentos salariales -que se depreciaron con la inflación-, que hay un plan para los chalecos, que ya se rearmaron los programas de formación, que hay entrega de móviles y plan para el hospital. Y que otros de los puntos también están adelantados. Por eso, insisten, que el reclamo no corresponde. “Había un reclamo por lo que pagamos por el Operativo Sol y se le dio el aumento acordado. Es una situación que se generó en la gestión anterior, se desplomaron sus sueldos y no hubo protestas. Nosotros le recompusimos los sueldos y nos reclaman”, esgrimen desde La Plata y esperan a ver qué sucede mañana, la fecha de una nueva protesta provincial.
En diciembre, el fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, le pidió a Asuntos Internos de la Bonaerense que le entregue la información de los policías que habían participado de la protesta en la Quinta de Olivos. En esa causa que intenta determinar si ese día se afectó la seguridad presidencial puede caber el delito de sedición, con penas no excarcelables. También en la Justicia ordinaria de Lomas y La Matanza. Almirante Brown y Varela se instruyen causas contra policías por la revuelta. Con lo cual muchos de los policías no solo corren riesgo de perder el trabajo sino problemas judiciales, que incluso le compliquen la posibilidad de conseguir uno nuevo.
AM