En términos conceptuales, parte de la reacción social frente al crimen de Cecilia nos muestra en carne viva la distancia que existe entre la promesa constitucional que garantiza un buen servicio de justicia y la vida real. A 40 años de la recuperación de la apuesta democrática, una parte importante de la sociedad chaqueña en particular y de los argentinos en general, sospechan acerca del desempeño del sistema judicial. Básicamente perciben que el poder instituido tiene la capacidad de incidir en la resolución del caso. El de Cecilia es un hecho policial. Pero sus protagonistas tienen fuertes lazos con el poder político, como lo demostraban las boletas electorales del domingo pasado. Esa combinación genera la representación de una posible impunidad.
No tengo elementos para corroborar la hipótesis. Pero me interesa reflexionar sobre la sospecha que es igual de grave, ya que pone en tela de juicio la palabra de la ley que es la gramática de la república democrática. Además, aunque en este supuesto se trata del dispositivo judicial chaqueño, me parece que la crisis de credibilidad se extiende desde Ushuaia a La Quiaca cuando se trata de hechos delictivos que de alguna manera están relacionados con el poder instituido. La pregunta es ¿Por qué?
Los ciudadanos tenemos un saber práctico que deriva de nuestras propias experiencias de vida. Ello quiere decir que registramos las formas en que se dirimen -en este caso- los delitos que rozan al poder político. Esa memoria histórica nos enseñó que la intensidad con que se aplica la ley es más débil en este tipo de sucesos. También nos enseñó que es vital el paso del tiempo porque las demoras generan posibilidades para la impunidad. En otras palabras, la memoria histórica muestra que la ley no se aplica de manera pareja y que en esa dinámica es crucial la administración de los tiempos.
De hecho, estos días vimos a través de los medios de comunicación masiva intervenciones azarosas de ciudadanos chaqueños que ligaban el temor a la impunidad con la visibilidad mediática del crimen. Allí yace una de las claves de la sospecha. Ello es así porque, en general, los casos que involucran al poder tienen dos velocidades. Ambas dependen de su visibilidad. Avanzan rápidamente cuando la cobertura es alta y, a la inversa, caen en una meseta cuando la atención de los medios disminuye. Ello es un problema, pero es real. Basta elegir cualquier caso de alto impacto y cotejar estas diferentes velocidades. Ello significa que la chance de administrar la aplicación de la ley de formas no queridas por la constitución depende, en gran medida, de tener la posibilidad de controlar el tiempo del proceso. Es más, allí está anclado el “al final acá nunca pasa nada” Hay que retener, entonces, que uno de los vectores por los que se fabrica la impunidad se relaciona con el manejo del tiempo. La pregunta es ¿Para qué?
Para responder es preciso hacer un ejercicio de abstracción y separar el crimen puntual de Cecilia de una dinámica mucho más general y profunda que se relaciona con el modo en que se ejerce el poder en nuestro país. En efecto, el ejercicio del poder en la Argentina supone, de hecho, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. La sedimentación institucional funciona en la práctica en derredor de esa premisa no escrita. Me ocupe de ello en “República de la Impunidad” (Ariel, 2020)
Ello genera que muchas veces la institucionalidad funcione “como si” Es decir, se cumplen solo formalmente los pasos institucionales. El aparato judicial puede hacer múltiples allanamientos, recabar innumerables testimonios y ordenar infinitas pericias, pero luego ese material puede no procesarse de acuerdo con los procedimientos legales. Para que ese “como si” sea viable, administrar el paso del tiempo es crucial. Solo el paso del tiempo permite narrativas diferentes a los hechos comprobados. Por eso los ciudadanos en base a su propia experiencia dictan sentencia y señalan que si esta el poder en el medio habrá impunidad. Para colmo de males, insisto, la historia no los desmiente. Recordemos, por ejemplo, que Mario Pontaquarto pidió ser condenado en el caso de los “sobornos en el senado” y los magistrados lo absolvieron.
El precio de todo esto es altísimo en términos de calidad de vida individual y colectiva. En el caso del crimen de Cecilia, por ejemplo, hay una serie de conclusiones sociales contra las que los magistrados judiciales deberán luchar, porque hay una presunción de un sector social que no cree en la palabra pública. No creer en la palabra pública equivale a no creer en el lenguaje de la república democrática que se expresa a través de la ley y, a la par, equivale a cristalizar un orden social en el que los conflictos se resuelven sobre la base del poder particular de los ocasionales protagonistas.