Es información de una fuente oficial. Santiago Cafiero llamó el viernes a Gildo Insfrán, pidió explicaciones y el gobernador se comprometió a que la provincia aplicaría sanciones a quienes participaron de la represión en Formosa. A poco de ese diálogo, por instrucción del presidente, Cafiero llamó al secretario de Derechos Humanos para que diera a conocer un documento que expresara -literalmente- un “repudio” del Gobierno a la violencia institucional en la provincia. Ese mensaje tiene varios destinatarios. Entre ellos, el gobernador de Formosa.
Anoche eran visibles los tropiezos del ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González, para interpretar ese documento en un diálogo con una señal de cable. Es cierto que el texto de Horacio Pietragalla recorrió todas las convenciones del oficialismo acerca de la responsabilidad de la oposición, el rol de los “medios hegemónicos” y la violencia desproporcionada de algunos manifestantes, según se lee, previsiblemente. Pero el comunicado contiene además una inusual y velada advertencia a Insfrán. El tuit de Cafiero que acompaña el documento despeja toda duda sobre eso. Creer que Insfrán no tiene control sobre las fuerzas de seguridad de la provincia -sobre sus “excesos”- es de un candor inaceptable.
Como ocurrió con los centros de aislamiento por la pandemia, los episodios de Formosa incomodan, otra vez, al Gobierno e interrumpen una agenda diseñada estratégicamente a partir del mensaje del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el lunes. Una construcción destinada a desplazar el escándalo de las vacunas de privilegio -es inevitable no pensar que la filtración acerca de la inminente salida de la ministra Marcela Losardo de Justicia persigue también ese objetivo- y a marcar la dirección del discurso de campaña electoral, de abierta confrontación. La encendida reaparición de la vicepresidenta confirma cuál es el espíritu.
La cuestión Insfrán molesta por igual a los dos socios principales del Frente de Todos (obviemos a Massa). Para el presidente es una pieza importante en su tejido con los gobernadores del peronismo, con quienes Fernández sigue en deuda. La vicepresidenta ha confiado en un hombre de Insfrán, José Mayans, para el manejo del compacto bloque oficialista en el Senado de la Nación. Pocas veces coinciden, pero “pacificar” Formosa resulta un imperativo para ambos.
Los hechos, sin embargo, tienen la costumbre de ser obstinados. La situación de desobediencia civil, en términos de Thoreau, planteada en Formosa parece haber encontrado una dinámica propia, fuera del alcance de los protagonistas. Fuera de la construcción voluntaria de agendas.
Hace poco se publicó en la Argentina ¿En qué punto estamos? La epidemia como política, de Giorgio Agamben. El filósofo italiano reúne allí una serie de textos breves escritos “durante los meses de estado de excepción”, como dice. Es un libro urgente en el contexto del Covid-19: una recopilación de artículos que, asegura, “buscan reflexionar sobre las consecuencias éticas y políticas de la así llamada pandemia y, a la vez, definir la transformación de los paradigmas políticos que las medidas de excepción iban delineando”.
Agamben advierte sobre un epifenómeno de la epidemia que ha operado en la política: la inclinación a transformar el estado de excepción en un “paradigma normal de gobierno”. Lo excepcional como norma, cuestión que ya había sido abordada en otras obras suyas como rasgo de época.
“De algún modo, aunque no fuese más que de manera inconsciente, la peste ya estaba allí. Las condiciones de vida de las personas se habían vuelto tales que alcanzó con una señal repentina para que se presentaran como lo que ya eran, es decir, intolerables”, dice Agamben.
Formosa refleja en cierto modo esa misma angustia.