El presidente Javier Milei envió al Congreso una ley ómnibus que busca establecer controles estrictos a las movilizaciones que incluyen prisión preventiva para aquellos que corten las calles y organizan piquetes. La penas varían respecto del rol que se cumpla en el marco de una protesta social y suponen una modificación del Código Penal vigente.
“El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”, establece el proyecto en su artículo 326.
En caso de que, además de de entorpecer la circulación, quien se movilice porte un arma propia, impropia o agreda a un tercero, podría recibir una pena de entre dos y cuatros años de prisión “siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
Por su lado, aquellos que tengan una responsabilidad mayor como organizadores de marchas que incurran en alguno de los puntos anteriormente citados deberán enfrentar una reclusión de entre dos y cinco años, dependiendo de la gravedad de su accionar. Además, según el articulado del proyecto, “los organizadores de las reuniones o manifestaciones serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”
El proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” también condena a aquellos dirigentes que presionen a titulares de programas sociales para que asistan a las movilizaciones. “Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”, establece.
Para evitar estas situaciones, en los últimos días, el Gobierno nacional también habilitó una línea telefónica para que beneficiarios de programas sociales denuncien de manera anónima a aquellos punteros que los exhortasen a participar de una movilización en contra de su voluntad.
En tanto, desde la presidencia, se busca que toda reunión o manifestación sea notificada ante el Ministerio de Seguridad con una antelación no menor a 48 horas previo a su realización. “En dicha notificación deberán detallar las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza, detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados”, sostiene el proyecto.
Ante “movilizaciones espontáneas”, se solicita que la notificación se entregue “con la mayor antelación posible”. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación está autorizado a oponerse a dicha movilización “fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”, lo que supone reparos respecto del grado de discrecionalidad del gobierno. Asimismo, “también podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”.
“Frente al incumplimiento de alguno o algunos de los elementos establecidos en la presente Sección, el Ministerio de Seguridad de la Nación deberá intimar a cualquiera de los organizadores de la reunión o manifestación o a quienes actúen como tales, para que cesen con su incumplimiento y adecuen la reunión o manifestación a las disposiciones de la presente. En caso contrario, serán pasibles de las acciones que correspondan, así como también de las multas”, concluye el documento oficial.
ACM con información de agencias.