El gobierno de Javier Milei suspendió este viernes los efectos de la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. El argumento oficial es la prevención de una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, el trasfondo es más complejo: el conglomerado que controla Telecom es el Grupo Clarín, y la operación convertía a su filial en el actor dominante en los principales servicios del sector, en un contexto de creciente tensión entre Milei y la mayor corporación mediática del país.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y avalada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según el comunicado, la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero.
Para Clarín, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.
Monopolio bajo sospecha
El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, el Presidente viene mostrando hostilidad creciente hacia Clarín, con críticas explícitas a sus periodistas y medidas fiscales contra el sector. El caso de Telecom no es la excepción. A pesar de que el discurso libertario rechaza los controles estatales, esta vez Milei decidió marcarle el límite al holding de Héctor Magnetto, con quien la relación atraviesa su momento más tenso.
La decisión del Gobierno se da, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) también deberá intervenir. Paradójicamente, fue intervenido por decreto por el propio Milei con el fin de “desburocratizar y liberalizar el sector”. Hoy, esas herramientas de control que el gobierno concentró en el Ejecutivo son las mismas con las que pone freno a la mayor operación empresarial del año.
Desde el Gobierno destacan que la medida “resguarda los derechos de los usuarios y consumidores” y preserva la “libre concurrencia en el mercado”. Pero en la práctica, se trata de un bloqueo directo a una nueva consolidación del Grupo Clarín, que venía de lograr históricas fusiones durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri: primero con Multicanal-Cablevisión, luego con Telecom-Cablevisión.
Para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.
El contraste con la prédica libertaria de Milei es notorio. “El monopolio es malo si lo impone el Estado”, dijo en el pasado, defendiendo la concentración privada. Pero en este caso, la línea se cruza. Clarín es Clarín. Y Milei parece dispuesto a dar la batalla.
JJD