La intención de Javier Milei de nombrar como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia al juez Ariel Lijo expuso como nunca antes un tema que la narrativa de La Libertad Avanza siempre trató lateralmente: la relación del actual oficialismo con el statu quo del Poder Judicial. Lejos de la retórica rupturista que lo caracteriza, a la hora de ocupar el lugar dejado vacante en el máximo tribunal por Elena Highton de Nolasco, el Presidente no dudó en proponer a uno de los magistrados más cuestionados de los tribunales de Comodoro Py. Una decisión que, según indican varias fuentes, se vincularía a la influencia de otra figura de gran relevancia en el mundo judicial: la del juez Ricardo Lorenzetti.
Tras la jubilación de Highton, en 2021, la Corte Suprema se redujo a cuatro integrantes. Su presidente es Horacio Rosatti, y el resto del cuerpo lo componen, además de Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, próximo a cumplir los 75 años, edad que lo obligaría a jubilarse. Al respecto, Milei pretende anticipar el proceso de selección del sucesor de Maqueda y por eso, además de Lijo, propuso al abogado y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel José García Mansilla.
Sin embargo, los pliegos de Lijo y de García Mansilla deberán contar con el aval de los dos tercios del Senado, un número imposible de alcanzar si no cuenta con el aporte del bloque de Unión por la Patria: Milei precisa votos de esa bancada para llegar a los 48 votos necesarios. Pero entre los siete representantes de La Libertad Avanza en la Cámara Alta no hay unanimidad y varios de los senadores oficialistas pusieron reparos al posible nombramiento del magistrado. A la cabeza de esas reticencias está la mismísima vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien tampoco está de acuerdo con la candidatura del magistrado de Comodoro Py.
La titular de la Cámara alta, quien se debería ponerse al frente de la búsqueda de voluntades para la aprobación de ambos pliegos, recordó en una entrevista reciente que Lijo “no actuó bien en la causa Rucci”. “No me enloquece. Me hubiera gustado, dado que era una banca de una mujer, tal vez alguna una catedrática”, sostuvo en diálogo con TN.
Otro libertario que tampoco se guardó sus diferencias con la nominación que impulsó el presidente Milei fue el senador por Formosa, Francisco Paoltroni. ¿Su justificación? La estrategia jurídica que adoptó Lijo en la causa Ciccone, por la cual el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, terminó siendo sobreseído. “El señor Lijo desdobló la causa. En la que se tramitó en Capital Federal quedaron todos imputados, mientras que la que se trabajó en el fuero de Formosa quedaron todos sobreseídos, entre ellos Insfrán”, recordó el legislador en diálogo con FM Millenium. Y lanzó: “Yo no puedo acompañar nunca el pliego de alguien que cometió esa barbaridad jurídica”.
Por su parte, el senador libertario que también deslizó la posibilidad de rechazar la postulación del juez Lijo como integrante de la Corte fue el riojano Juan Carlos Pagotto. “No tenemos obediencia debida. Yo lo voy a votar a Lijo, si considero que debo hacerlo. Si considero que no debo votarlo, no lo votaré. Es así de simple”, señaló el senador. “Somos poderes independientes. El Presidente puede proponer y uno puede estar de acuerdo o no. Yo no he resuelto si Lijo es el candidato adecuado”, afirmó.
Este viernes, el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, interpuso un amparo para que se declaren inconstitucionales los pliegos de Lijo y García Mansilla y se ordene al Poder Ejecutivo a que eleve una nueva propuesta que garantice la diversidad de género. “Desde 2005, el Estado Nacional desarrolló una conducta progresiva que garantizó la diversidad de género en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza el escrito de demanda. Y continúa, al señalar que “bajo ningún punto de vista fáctico o argumental” es posible justificar la imposición de “una integración compuesta exclusivamente por hombres”.
Gil Domínguez fundamenta su acción en el artículo 75 de la Constitución que le impone al Congreso “la obligación de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato de manera general y de forma particular”. En esa línea, cita las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, que data del 25 de noviembre de 2016, donde el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda políticas que establezcan la paridad de género en el máximo tribunal.
No hay tal casta
“Trabajen tranquilos. No va a haber política, no va a haber presiones”. Con estas palabras, pronunciadas en diciembre durante la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona se paró frente a los jueces y bajó el mensaje que le había encomendado Milei. A lo largo de toda su campaña electoral, el libertario en ningún momento había hecho referencia a la existencia de una “casta” judicial. Su discurso, por el contrario, estuvo centrado en una promesa hacia los jueces y fiscales que incluía dos ítems: autarquía económica e independencia, en línea con los puntos que ya estaban incluidos en su plataforma electoral.
“Una de las cosas que estamos proponiendo es poder lograr escindir a la Justicia del resto del poder político”, apuntaba Milei en una entrevista de agosto con LN+, en la que destacaba su deseo de que “la estructura” del Poder Judicial “venga determinada por la propia Justicia”, algo que a su entender garantizaría la “excelencia” y no que respondan a “caprichos políticos”.
En esa oportunidad, Milei además aseguró que priorizaría la “autonomía presupuestaria” del Poder Judicial y que, en caso de llegar triunfar en las elecciones, propondría una reforma judicial “para que la Justicia sea verdaderamente independiente”. “Es la única garantía que tiene la república, si no, el sistema cae en naufragio total, porque entonces el Poder Ejecutivo se te va a convertir en una tiranía y el Congreso se te va a convertir directamente en una oligarquía”, apuntaba.
Por aquellos días, el por entonces candidato de La Libertad Avanza tampoco se privaba de describir a la Justicia como que “el órgano más calificado del Estado”. Y elogiaba, sin ir más lejos, al mismísimo Ricardo Lorenzetti al mencionar un proyecto de su autoría para que el presupuesto no dependiese de la Jefatura de Gabinete sino del Congreso. “Pero yo soy mas radicalizado: quiero independencia total, que existan un conjunto de partidas para financiar al Poder Judicial y que la Justicia tenga autonomía total”, alardeaba Milei en plena carrera hacia la Casa Rosada. La promesa todavía está en veremos.
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