Norberto Milei estaba sentado en primera fila junto a su esposa, Alicia Lucich, mientras su hijo presentaba su nuevo libro en el Luna Park el miércoles 22 de mayo. “¡Vos y tus negocios, ¿qué hacés?!”, ironizó Javier Milei mirándolo directamente mientras hablaba de Adam Smith, el padre del liberalismo. El Presidente es un acérrimo detractor de la intervención estatal en la economía. “Yo odio al Estado”, repetía durante la última campaña electoral. Pero la historia de su familia registra un capítulo de millonarias ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre era accionista y presidió entre 2002 y 2007. Y, años después, tanto el Presidente como su hermana y funcionaria, Karina Milei, cosecharon beneficios de esa fortuna familiar, como un auto y una casa que adquirieron con dinero de su padre, respectivamente.
Norberto Milei, el padre del mandatario, fue presidente y accionista de Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, dos compañías de colectivos que funcionan en el área metropolitana de Buenos Aires. La Secretaría de Transporte argentina distribuyó subsidios estatales a estas dos empresas por al menos US$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, según aparece en cientos de planillas de ese organismo que revisaron elDiarioAR y La Nación en una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
“Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados, entonces mi mamá lo acompañaba con un termo de café y un fibrón negro”, ironizó el libertario, durante una entrevista televisiva en “Los Andino en casa”, cuando apenas comenzaba su carrera política.
“Beto” Milei, como todos lo conocen en el mundo del transporte, pasó de conducir un autobús en la década de 1970 a ser accionista y presidente de tres empresas, cuya cabecera fue la firma Francisco de Viedma SA desde 2001. El padre del presidente argentino controlaba mediante esa sociedad a la compañía Teniente General Roca SA que, a su vez, era dueña de la mitad de las acciones de Rocaraza SA.
Su salto del autobús al escritorio fue contundente: sólo Teniente General Roca llegó a ostentar una flota de 115 colectivos, según consta en los papeles de la empresa presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ). El rol de Norberto Milei fue preponderante dentro de ese conglomerado: presidió las compañías entre 2001 y 2007. Más aún, durante los primeros años fue, también, su accionista mayoritario, según decenas de balances de estas tres firmas que fueron revisados para esta investigación. Las empresas operaban las líneas de autobuses 21, 31, 108 y 146, que trasladaban a miles de personas que atravesaban Buenos Aires de norte a sur y de este a oeste.
Pero el transporte de pasajeros sufrió la gran crisis de Argentina en 2001. Tras la caída del presidente Fernando de la Rúa y una fuerte devaluación, el Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en algunos casos, embolsar ganancias fabulosas.
En ese contexto, la Secretaría de Transporte distribuyó subsidios para Teniente General Roca y Rocaraza, las empresas manejadas por Milei, por al menos US$33 millones (a los tipos de cambio entonces vigentes) entre 2005 y mediados de 2007. La cifra se desprende de cientos de planillas PDF que esa dependencia publicaba mes a mes en su página web con el monto detallado de ayudas por empresa y que fueron revisadas para esta investigación. La ayuda del Estado fue clave para consolidar su fortuna.
Fortuna familiar
Los subsidios fueron un salvavidas para Teniente General Roca, que había abierto un concurso de acreedores el 2 de abril de 2002 en el Juzgado en lo Comercial N°14 de la Ciudad de Buenos Aires, según consta en los balances. Tres años después, en 2005, la compañía firmó el acuerdo para pagar su deuda mientras recibía millones en ayudas estatales.
Las empresas, sin embargo, consignaron que recibieron subsidios por montos menores en los balances que presentaron con la firma del padre del presidente argentino ante la IGJ. Las compañías declararon ayudas públicas por unos US$10 millones entre 2003 y 2007, apenas un tercio de lo que indican las planillas de la Secretaría de Transporte. elDiarioAR, La Nación y el CLIP pidieron en reiteradas ocasiones al Ministerio de Transporte la información completa sobre los subsidios, identificados por empresa receptora entre 2002 y 2015, pero desde esa dependencia no entregaron los datos.
“Beto” Milei vendió su participación accionaria en medio de esa lluvia de subsidios, allá por 2006, pero continuó como ejecutivo del conglomerado hasta mediados de 2007. No está claro el destino de aproximadamente US$23 millones, fondos que la Secretaría de Transporte publicó en su sitio web como pagados a las empresas del padre de Milei durante más de dos años, pero que no aparecen en los balances de estas compañías.
Lo que sí se conoce es que el padre del actual presidente montó otras empresas cercanas al sector del transporte y del mundo agropecuario. También ayudó a sus hijos. Karina Milei recibió un departamento de 150 metros cuadrados en una de las zonas más acomodadas de Vicente López, que rotuló como “herencia” al presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Esa “herencia” corresponde a un adelanto de herencia de su padre, según pudo corroborar este equipo de fuentes con conocimiento del caso. Por su parte, Javier Milei compró en 2013 una coupé Peugeot RCZ con “fondos propios” que mantiene hasta la actualidad como parte de su patrimonio, según declaró ante la OA. El periodista Juan Luis González, sin embargo, asegura en su libro “El Loco” que el coche también fue un regalo de su padre.
Este equipo de investigación envió un cuestionario al vocero presidencial sobre los negocios de Norberto Milei pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Cerca del Presidente dijeron que “son cosas de hace 20 años, de terceras personas, y los bienes de él están todos declarados como corresponde”.
La ayuda kirchnerista
Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, poco después del fin de la convertibilidad. Pero llegaron a otra dimensión de la mano del presidente Néstor Kirchner y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien fue condenado por la Justicia por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Primero, se creó el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y, desde 2006, el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) previsto para las líneas 1 a 200 que circulan en Buenos Aires y su conurbano.
Pero las ayudas oficiales no se agotaron allí. El Estado Nacional también subsidiaba cada litro de gasoil que consumían los colectivos, que pagaban menos de un tercio de su valor en surtidor. La suma de estos subsidios convirtió al transporte automotor de pasajeros en una costosa mochila para las cuentas públicas. Ricardo Jaime se volvió “El señor de los subsidios” y cuando su enriquecimiento ilícito comenzó a resultar evidente provocó que el reparto de estos fondos quedara bajo investigación judicial.
La primera mención de “Beto” Milei sobre la importancia de la colaboración pública aparece en la Memoria de 2003 de Teniente General Roca. Incluso, el empresario reclamó más ayuda estatal. “No podemos pasar por alto el esfuerzo que el Gobierno Nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del servicio mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente”, decía en ese documento societario con su firma.
La posición de “Beto” Milei no podría ser más distinta a la que expresó su hijo en múltiples ocasiones, como economista, candidato y también como presidente argentino. “Los subsidios nos cuestan 4 puntos del PBI (...). Hay que lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, alguien las tiene que pagar”, enfatizó el entonces candidato durante una entrevista, en octubre pasado. Y afirmó que de llegar a la Casa Rosada los eliminaría “todos”.
Los subsidios ayudaron en grande a las compañías de “Beto”, pero, además, éstas no pagaron varios impuestos y acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Anses, la dependencia que maneja fondos previsionales, y Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que luego buscaron regularizar. Rocaraza, por ejemplo, ingresó en 2005 en moratorias por impuestos a los Ingresos Brutos y el Impuesto a la Radicación de Vehículos.
Las deudas que acumularon esas empresas terminaron, en ocasiones, en los tribunales. La Justicia argentina condenó a Teniente General Roca por evasión de tributos de ARBA durante 2002 y 2003 por US$35.000. Y en los balances, la compañía aparece adscrita a moratorias por Ingresos Brutos y por Seguridad e Higiene; había ingresado, además, a un plan de pagos con AFIP.
Norberto Milei no tuvo un mejor desempeño como contribuyente individual. Acumula al menos cuatro ejecuciones fiscales iniciadas por la AFIP en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal durante 2009, además de afrontar otras vicisitudes similares en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, según documentos judiciales recopilados para esta investigación.
Sale Milei; entra DOTA
El final de Norberto Milei en el sector del transporte urbano de pasajeros llegó a mediados de 2007: entregó la presidencia de las empresas y sus acciones pasaron a personas y sociedades vinculadas al Grupo DOTA, un gigante del transporte de pasajeros. Los balances de las compañías no informan por cuánto dinero vendió sus acciones el padre del presidente argentino. Este equipo consultó a DOTA pero en la empresa declinaron responder por cuánto adquirieron el paquete accionario de las empresas de Milei padre.
A diferencia de Javier Milei, que estuvo años distanciado de sus padres, Karina Milei mantuvo una relación más estrecha con ellos. De hecho, la hoy Secretaria General de la Presidencia participó entonces en varias de las inversiones de su padre. Cuando él estaba a punto de vender sus acciones, su hija constituyó en marzo de 2007 la sociedad Neumáticos Acassuso SA, cuya actividad declarada era la venta de neumáticos y el servicio de lubricentro, una labor complementaria al sector en que históricamente se había manejado su padre.
“Beto” Milei, en tanto, comenzó a diversificar sus inversiones: continuó con su apuesta en la agroindustria con la firma Campo La Ponderosa SA, que había sido montada desde 2004 y que continúa activa (Karina Milei llegó a desempeñar un cargo directivo en esa firma años después); creó en febrero de 2007, justo antes de salir de los autobuses, Buena Yunta SA, también dedicada al campo.
Su última apuesta fue por el mercado inmobiliario. Por un lado, fundó la constructora Graviar SRL en 2011, una sociedad cuya última actividad se remonta oficialmente a 2017. “Beto” Milei expandió sus negocios con inversiones en Estados Unidos: montó la sociedad Alkary Investments junto a su mujer y su hija Karina, una firma que compró cuatro propiedades en Florida por US$ 2,7 millones, tal como publicaron elDiarioAR, La Nación y el CLIP en mayo pasado.
Más de una década después, el negocio de los colectivos continuó rodando y, otra vez, el apellido Milei apareció entremedio. Las acciones que alguna vez fueron de “Beto” Milei hoy están bajo el control de los hermanos Faijá, dueños de DOTA, considerados por fuentes del sector como los hombres duros en el transporte de pasajeros. DOTA no es sólo una empresa de transporte: ahora montó una fábrica chasis para buses que compite con Mercedes Benz.
Días después de que Javier Milei ingresara en la Casa Rosada, José Faijá cruzó esa puerta: el 27 de diciembre visitó al entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, en una reunión donde se conversó sobre la política de subsidios, según detalla el Registro Único de Audiencias. Hubo más guiños: las líneas de colectivos de DOTA fueron las únicas que no se adhirieron a los últimos paros de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por las políticas de ajuste de Milei hijo.
Nota: este artículo se actualizó el 5 de junio a las 8.21 para incluir una respuesta del entorno presidencial sobre el caso.
ED/DTC