Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista de Minera Dominga, un proyecto minero portuario ubicado en la Región de Coquimbo, en el Norte Chico de Chile. Junto al empresario chileno Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses, según reveló la investigación de Ciper y LaBot, dos medios chilenos que integran el equipo de Pandora Papers, la nueva investigación global sobre paraísos fiscales del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto a 150 medios, entre ellos elDiarioAR, y más de 600 periodistas de todo el mundo.
El Presidente Sebastián Piñera y el empresario Carlos Alberto Délano se conocen desde niños. Se juntaban en sus veraneos en La Serena, unos 60 kilómetros al sur de uno de los negocios en el que, años más tarde, sus familias invirtieron juntas: Minera Dominga. En diciembre de 2010 separaron aguas en una operación que dejó el negocio en manos de Délano y que se selló en dos fases: un acto notarial en Santiago y otro en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por su sigla en inglés).
Para entonces Piñera ya era Presidente y fue Nicolás Noguera, el gerente general de su family office, Bancard, quien puso la firma en un contrato que fijó tres millonarios pagos, el último de los cuales dependía de decisiones administrativas de su propio gobierno: esa cuota sólo se pagaría si es que no se establecía un área de protección ambiental sobre la zona en que se explotaría Dominga o se construiría su puerto. Hasta hoy ese proyecto minero es criticado por el impacto ambiental que podría provocar en la cercana Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, donde habitan especies protegidas.
Las huellas de la operación que involucra los negocios de la familia del Presidente de la República y del empresario condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el Caso Penta se encuentran entre los más de 11,9 millones de documentos de Pandora Papers.
La primera noticia sobre la relación de Piñera con Dominga la dio hace cuatro años Radio BíoBío, cuando reveló que en 2009 el entonces empresario invirtió en el proyecto a través Mediterráneo Fondo de Inversión (FIP), gestionado por Administradora Bancorp, donde él y su familia participaban a través de una cascada de sociedades, según su propia declaración de patrimonio de 2010. Mediterráneo tenía un tercio de la propiedad de Minería Activa Uno Spa, que a su vez era la dueña de Minera Andes Iron, la empresa que busca construir Dominga.
Minería Activa Uno Spa fue creada en 2008 por la corredora de bolsa Larraín Vial para invertir en proyectos mineros desde la etapa de prospección. El fondo de inversión manejaba, a través de Minería Activa, la gestión de la empresa, mientras que una serie de inversionistas —el mayor era FIP Mediterráneo— ponían parte del capital. Buscando nuevos negocios llegaron a Santa Dominga Norte y Sur, en la comuna de La Higuera, en cuyas pertenencias mineras se hallaron reservas relevantes de hierro. Además de la familia Piñera Morel, en Minería Activa Uno Spa hay inversiones menores de otros de sus cercanos, como el gerente general de Bancard, Nicolás Noguera (Asesorías e Inversiones Larraín y Noguera), y el ex gerente de administración de la misma empresa, Santiago Valdés (Asesorías e Inversiones Calatrava). El segundo mayor inversionista es Inmobiliaria Duero, uno de los vehículos de inversión de Carlos Alberto Délano. Juntas, las familias Piñera Morel (33,33%) y Délano Méndez (22,73%) sumaban más del 56% de la propiedad de Minería Activa Uno Spa.
Según alguien que conoció el funcionamiento de Minera Activa Uno Spa, tras la elección presidencial en que ganó Sebastián Piñera hubo socios que estimaron que era poco apropiado que su familia siguiera siendo accionista. Se lo habrían hecho saber varias veces a Noguera, quien insistía en que Mediterráneo estaba fuera del fideicomiso ciego voluntario constituido por Piñera en abril de 2009 y que en ese fondo sólo participaban sus hijos, por lo tanto, no habría ninguna complicación. Eran tiempos en que Piñera era públicamente cuestionado por no deshacerse a tiempo de negocios que generarían conflictos de interés, como Lan Airlines o Chilevisión.
En marzo de 2010 Piñera asumió como Presidente de la República en su primer mandato y pocos meses después, en agosto, dio un golpe inesperado: tras una ola de protestas de ambientalistas, anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, de la franco-belga Suez, pese a que contaba con los permisos para operar. “He acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza”, dijo entonces Piñera.
Barrancones buscaba emplazarse en la comuna de La Higuera, al igual que Dominga, pero en ese momento nadie sabía que Piñera tenía intereses económicos en la zona. Cuando se supo, se abrió una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que entre otras cosas concluyó que la información recabada, en particular desde el Servicio de Impuestos Internos, “permite, a lo menos, presumir que el ex Presidente buscó beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”. El asunto también fue objeto de una querella del ex diputado Hugo Gutiérrez, proceso donde Piñera fue sobreseído.
La estructura offshore
Entre los datos que logró reunir la comisión investigadora no hay nada concluyente respecto a intenciones, pero lo que sí es claro a partir de los nuevos antecedentes contenidos en Pandora Papers es que en el momento en que Piñera bajó Barrancones, los inversionistas de Minería Activa Uno Spa ya habían empezado a armar el esquema que les permitiría cobrar caro por su salida de Dominga.
El encargado de hacer las gestiones para armar la estructura societaria en las Islas Vírgenes Británicas fue el abogado Juan Paulo Bambach, uno de los socios del geólogo Iván Garrido, quien hasta fines de 2019 fue el presidente ejecutivo de Andes Iron, la empresa que maneja Dominga. A Garrido se le conoce como el “padre” de Dominga, pues antes trabajaba en otra minera, donde descubrió originalmente la veta. Garrido y Bambach fueron los primeros en asociarse con Larraín Vial y formar la sociedad Minería Activa. Larraín Vial se encargó de buscar inversionistas —entre ellos los Piñera y los Délano— que se asociarían al alero de Minería Activa Uno Spa. Luego, Minería Activa Uno Spa y Minería Activa crearían Administradora Minera Global, a cargo de gestionar el Fondo de Inversión Privado Latin Minerals.
Minería Activa encargó una estructura similar a la chilena pero en BVI a Trident Trust, firma internacional especializada en crear y gestionar sociedades en jurisdicciones de baja o nula tributación. El 2 de junio de 2010, Iván Garrido llenó un formulario caratulado como “confidencial”, donde debían informar quién era el beneficial owner o beneficiario final de las sociedades creadas, pese a que sus nombres nunca aparecerían en documentos públicos. En este caso, el casillero de beneficial owner lo ocupó Minería Activa Uno Spa.
A continuación, debían marcar si el beneficial owner o su familia eran personas políticamente expuestas (PEP), pero el espacio quedó en blanco, pese que la principal accionista de Minería Activa Uno Spa era un fondo de la familia del Presidente chileno. Consultado por esta inconsistencia, Iván Garrido dice que en ese momento le pareció correcto, pero que ahora no lo haría: “Yo adscribí a la idea de que no había ningún conflicto de interés porque el dato duro era que Piñera no estaba y era un negocio de los hijos. En ese momento se veía de esa forma. Si me preguntan ahora, hoy no lo habría firmado así”.
Se pidió que el nombre de la nueva sociedad fuera Andes Iron Limited, que debía emitir 50 mil acciones que quedarían en manos de Latin Mineral Limited (una sociedad que debía ser creada para tal efecto, según se señala en un correo electrónico de Trident). El primer director de Andes Iron Limited sería Juan Paulo Bambach (ver ese documento).
En cuanto al origen de los fondos de Andes Iron Limited, en el formulario enviado a Trident se explicaba que correspondían a un aumento de capital del beneficial owner, es decir Minería Activa Uno Spa, para cuyo detalle se hacía referencia a un anexo. Ese documento comenzaba con una carta de Juan Paulo Bambach con membrete del estudio Philippi, donde el abogado es socio. En la misiva se explicaba que el Fondo de Inversión Privado Latin Minerals era propiedad en un 100% de Minería Activa Uno Spa, una empresa que desarrollaba proyectos mineros en su etapa temprana para luego venderlos a operadores mineros. Se relataba que Minería Activa Uno Spa había sido creada por expertos del rubro y Larraín Vial Corredores de Bolsa a través de la sociedad Minería Activa S.A. Esta última, señalaba el documento, era dueña de la serie B de acciones de Minería Activa Uno Spa y estaba a cargo de la gestión de la empresa. La serie A estaba en manos de los inversionistas, que incluían “algunos de los grupos económicos más grandes del mercado”.
A continuación, una tabla detallaba las sociedades dueñas de la serie A: el mayor accionista, con un 33,33%, era FIP Mediterráneo (familia Piñera-Morel), seguido por Inmobiliaria Duero Ltda. (familia Délano), con un 22,73%. Entre ambos sumaban el 56,06% de las acciones de Minería Activa Uno Spa (ver ese documento).
La operación en Islas Vírgenes
La estructura societaria montada en Islas Vírgenes Británicas con Latin Minerals Ltd. como único accionista de Andes Iron Limited duró sólo unos meses. El primer paso de esta última fue invertir en Chile $5.500 millones (unos US$10,8 millones de la época) en Andes Iron Limitada (la versión local de la sociedad de las Islas Vírgenes y dueña de Dominga), con lo cual el 12 de agosto de 2010 la participación de Minería Activa Uno Spa se diluyó hasta un 9,5%, mientras que la de Andes Iron Limited (también propiedad de Minería Activa Uno Spa, pero desde las Islas Vírgenes) se quedó con el 90,5%.
Los documentos revelados por Pandora Papers dan cuenta de que el 4 de octubre de 2010, Minería Activa Uno Spa, cuyo principal accionista era la familia Piñera-Morel, llegó a un acuerdo para vender la estructura societaria detrás de Minera Dominga a Inmobiliaria Duero (familia Délano) y firmó un contrato donde se establecieron las condiciones. La fecha de cierre del trato quedó fijada para el 10 de diciembre. Ese día en Santiago, Minería Activa Uno Spa formalizó la venta de su participación en Andes Iron Limitada al Fondo de Inversión Privada (FIP) Rucapangui, controlado por Carlos Alberto Délano y su familia. Según la escritura publicada en su momento por Biobío, pagaron $6.675 millones, unos US$14 millones.
Lo cierto es que la gran tajada de la operación no se llevó a cabo en Chile, sino en las Islas Vírgenes Británicas, desde donde Andes Iron Limited controlaba el 90,5% de Andes Iron Limitada (Dominga). Ahí el monto de la venta fue casi 10 veces superior: US$138 millones pagaderos en tres cuotas. Sumando la venta en Chile y la que tuvo lugar en BVI, los Délano pagaron US$152 millones por Dominga.
La estructura diseñada para la transacción en las Islas Vírgenes Británicas fue también más compleja que su versión chilena. Para ejecutar la compra offshore, Inmobiliaria Duero designó a Delcorp International Limited, propiedad de la chilena Inversiones Delmen Limitada. Las tres sociedades son vehículos de inversión de Carlos Alberto Délano y su familia.
En el contrato, Delcorp es identificada como la parte compradora, mientras que la vendedora es Latin Minerals, que en ese entonces era de Minería Activa Uno Spa y a su vez era dueña de Andes Iron Limited. En concreto, la operación consistía en que Delcorp le compraba a Latin Minerals el 100% de Andes Iron Limited.
En el punto 1.2 del documento se estipulaba el precio y la forma en pago: el día del cierre del acuerdo (10 de diciembre de 2010) se pagarían US$ 106,8 millones, mientras que la segunda cuota, de US$21 millones, se cancelaría el 18 de enero de 2011. Una tercera cuota, de US$9,9 millones, quedaría pendiente hasta a más tardar el 31 de diciembre de 2011, es decir, más de un año después del cierre del acuerdo. Sin embargo, ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero, denominado Santa Dominga Norte & Sur. En específico, se detallaba que el pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto Dominga en esa área, así como la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia.
Esas condiciones pueden parecer normales en un contrato de este tipo, pero este no era un contrato normal: el cambio en las condiciones que se detallaban en el documento dependía casi exclusivamente de la voluntad del Presidente de la República, Sebastián Piñera, familiar de uno de los mayores socios de la parte vendedora. El conflicto de interés era enorme y permaneció inadvertido hasta hoy.
El contrato de compraventa de Dominga da cuenta de la preocupación de Délano ante la eventualidad de que se impusieran medidas de protección ambiental en la zona de la mina y su puerto, lo que en ese momento tenía bastante sentido: cuatro meses antes, en la misma comuna, Piñera había detenido la construcción de Barrancones para, según dijo, proteger el ecosistema.
El científico Carlos Gaymer, académico de la Universidad Católica del Norte e integrante del Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas, concuerda con que esa preocupación era razonable, y recuerda que el propio Piñera fue a Punta de Choros en agosto de 2010, donde habló de la importancia de proteger la zona, donde habita el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt. Según Gaymer, Barrancones y Dominga están en el mismo “hotspot” de biodiversidad y la zona donde se construiría el puerto de Dominga está ubicada justo donde anida gran parte de las aves de la zona.
La demanda por crear una zona de protección en la costa de La Higuera, donde se planea emplazar Dominga, puede rastrearse hasta 2004. El último hito antes de la venta de Dominga tuvo lugar en julio de 2010, cuando la ONG Océana propuso a la Conama de la Cuarta Región la creación de un área marina protegida en Punta de Choros, precisamente en la comuna de La Higuera. La petición estuvo cerca de concretarse recién en marzo de 2018, cuando en la última semana del segundo gobierno de Michelle Bachelet el consejo de ministros aprobó el Área Marina Protegida del Archipiélago de Humboldt. La iniciativa tuvo una sola lectura: bloquear Minera Dominga, que batallaba en tribunales por la reactivación del proyecto. Sin embargo, la Presidenta no alcanzó a firmar el decreto correspondiente y Piñera tampoco lo hizo después de asumir, pese a las demandas de científicos y ambientalistas.
La presión ambiental tuvo un peak cuando se preparaban tres proyectos termoeléctricos (Barrancones, Cruz Grande y Farellones), pero tras su suspensión se trasladó luego a Dominga, que en febrero de 2011 —dos meses después del cierre del acuerdo en BVI y antes del último pago— ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental un proyecto de prospección minera. Luego, en 2013, se presentó la solicitud para el desarrollo de la mina de hierro y su puerto. Se convirtió, hasta hoy, en uno de los proyectos más polémicos y resistidos por la ciudadanía, pese a que la inversión superaría los US$2.500 millones y promete crear miles de puestos de trabajo.
Tras una larga serie de batallas judiciales y administrativas, Dominga fue recientemente aprobada por la Comisión Ambiental de Coquimbo, aunque hay un recurso pendiente en la Corte Suprema. La Corte de Apelaciones de La Serena declaró admisible un recurso de protección presentada por la ONG para revertir la aprobación, lo que augura que nuevamente habrá una batalla judicial y además podría tener que pronunciarse el comité de ministros, que ya lo rechazó una vez durante el gobierno de Bachelet II.
La investigación completa puede leerse en Ciper y LaBot.
Este artículo se actualizó el 4 de octubre en base a la versión publicada en los medios de Chile. En los links a las dos publicaciones en ese país puede ampliarse la respuesta de los involucrados.
Colaboró en esta investigación el periodista Benjamín Miranda (CIPER).
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