Patricia Bullrich denunció a la jueza Andrade por “prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento agravado”

A días de exigir “el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó formalmente una denuncia penal contra la magistrada a la que acusó de incurrir “claramente en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento”. 

Durante la represión de las fuerzas de seguridad en medio de la marcha de los jubildados del último miércoles, más de cien personas fueron detenidas y, a las horas, liberadas por decisión de la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien argumentó que no tenía información ni datos suficientes para mantenerlos retenidos. Esto generó el rechazo del oficialismo en bloque, que la acusó de aplicar “la puerta giratoria” y de ser “responsable directa de la inseguridad en la Argentina”.

En el escrito que presentó el abogado Fernando Oscar Soto en representación de la cartera que conduce Bullrich, se sostiene que tomar la decisión de liberar a los detenidos “fue un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología, que no es inocuo en el marco del derecho penal porque la gravedad de los hechos que motivaron la intervención judicial, que fueron puestos de manifiesto por todos los medios de información y necesariamente debió haber sido mencionado en las comunicaciones que reconoció haber recibido, no pueden a priori enmarcarse en un regular y legítimo derecho a manifestar”. Para el Gobierno, “tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de 'reclamar' y, por el contrario, son constitutivas de delito”. Además, insisten con que Andrade liberó a los 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes” y con que la magistrada “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal”.

Tras presentar la denuncia, Bullrich lo comunicó en sus redes sociales: “Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes. No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones. Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás”, posteó la funcionaria.

Según el oficalismo, “entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo”. La denuncia también detalla que la jueza “dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía”.

En su comunicación oficial para anunciar la denuncia penal contra Andrade, Bullrich recordó que el viernes pasado, el Ministerio de Seguridad “presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada, señalando como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores”.

Además, sin mencionar a los menores detenidos, los golpes a jubilados ni al fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una granada de gas, desde el gobierno solo mencionan que “los incidentes dejaron un saldo de más de una docena de efectivos de la Policía Federal heridos, además de graves daños materiales, incluyendo la quema de vehículos oficiales y destrozos en el espacio público”. E insisten en la participación de “grupos organizados movilizados que incluían barras bravas de distintos clubes de fútbol” y que algunos de los manifestantes “habrían recibido pagos para participar en los hechos de violencia”.

La denuncia completa y sus argumentos

El Ministerio de Seguridad Denuncia a la Jueza Karina Andrade

IG