Tras la denuncia que publicó elDiarioAr sobre la mora de dos años en el pago de honorarios a los peritos que trabajan en el Pozo de Vargas, en Tucumán, la fosa en donde hasta ahora se identificaron los restos de 116 desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, se reiniciaron las actividades en el predio pero aún no se saldó la deuda.
Este 26 de enero las puertas del predio, que se encuentra en Tafí Viejo, se abrieron y en compañía del perito arqueólogo Ruy Díaz, técnicos de una empresa privada retiraron un compresor para su mantenimiento, clave para el funcionamiento de otros equipos.
Consultado por elDiarioAr, Díaz informó que desde la publicación de la mora en los honorarios, informalmente les han comunicado que en breve se saldaría la deuda pero hasta el momento no hay nada concreto para los diez que se encuentran en esta situación. “Entendemos que un avance importante se produciría cuando termine la feria judicial y se reintegre el juez Fernando Poviña, del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, de quien depende la investigación”, expresó.
Los peritos, inscriptos como monotributistas, cobran con partidas desde el Consejo de la Magistratura, que previamente deben ser solicitadas -con rendición de cuentas con informes de los investigadores- por el Juzgado Federal tucumano. Este mecanismo ya lleva más de una década y ha demostrado en la práctica que es lento e impide cualquier tipo de previsión de los pagos a los trabajadores, más las demoras en los avances en las causas judiciales, de acuerdo a diálogos que mantuvo este diario con peritos, funcionarios judiciales y del propio Poder Ejecutivo Nacional.
Otro aspecto que tampoco se resolvió desde el inicio de las excavaciones en 2002 es que los peritos desarrollan sus tareas sin estar asegurados, por tratarse de un modo de vinculación con el Poder Judicial en base a locación de servicios. Las tareas avanzaron y en la actualidad los investigadores descienden con un ascensor hasta los 34 metros de profundidad, sobre un total de 40. Esta acción de riesgo por profundidad, exposición a gases y de bajo oxígeno se efectúa sin ninguna cobertura.
En las últimas horas, Erika Brunotto, Secretaria de Derechos Humanos y de Justicia de Tucumán, ante el estado público de la denuncia, informó que “en varias ocasiones se hicieron pedidos ante el representante del Ministerio de Justicia de la Nación en la Comisión Interpoderes para que la situación de mora sea regularizada y se cumpla periódicamente con los pagos a los peritos”.
La Comisión Interpoderes fue creada por la Acordada 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es el ámbito en donde los tres poderes deberían coordinar de manera periódica, las acciones para el juzgamiento de los responsables de delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Por estos temas, el senador nacional tucumano Pablo Yedlin se reunió este miércoles 27 con Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, y con Claudia Lencina, Coordinadora de Asistencia y Acompañamientos a Testigos y Víctimas de la última dictadura, ambas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El encuentro se realizó en la sede de la secretaría, que se encuentra en la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada que fue utilizado como centro clandestino de detención). “Ambas me informaron que ya estaban en tema y que se habían acelerado los procesos administrativos para terminar con la mora en los próximos días. Hay una buena disposición desde varias áreas, aún desde quienes no depende en forma directa esta situación, para que esto no se repita”, según Yedlin.
Señaló que buscará tener un encuentro con el juez federal Poviña para dialogar sobre cómo establecer un mecanismo de pago que acelere los tiempos burocráticos, sobre todo, al tratarse de investigaciones por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.
El viejo pozo, conocido como “Pozo de Vargas” por el apellido de la familia propietaria del terreno, se encuentra a metros de las vías del tren y fue construido para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Entre 2004 y 2005 se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de restos óseos humanos y se confirmó que allí intentaron ocultar restos de víctimas del terrorismo de Estado.
DC/WC