Mientras sube y baja el ruido mediático por los acercamientos desde La Libertad Avanza con represores presos, un proyecto de ley de Elisa Carrió en favor de los condenados por delitos de lesa humanidad espera tratamiento en una comisión de Diputados. La iniciativa propone cambiar la legislación penal para que la prisión domiciliaria sea un beneficio automático para los detenidos mayores de 75 años, y no una potestad de los jueces como ocurre hoy.
El proyecto fue escrito por Carrió, quien ya lo había llevado sin éxito a Diputados en 2019. Este año volvió a insistir a través de la legisladora Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica-ARI, quien presentó una nueva versión el 26 de marzo pasado, un par de días después del aniversario del golpe de 1976. El texto ingresó a la Comisión de Legislación Penal y por ahora no se trató.
Se trata de una reforma de los artículos del Código Penal y la Ley 24.660 que regulan la aplicación de las domiciliarias. La redacción actual de esos artículos deja a criterio de cada juez la decisión de otorgar o no el beneficio a los detenidos que lo piden. En cambio, el proyecto de Carrió dice explícitamente que “el juez competente deberá acceder” a la solicitud de domiciliaria, “incluyendo aquellos casos en los cuales se investigan delitos de lesa humanidad”, siempre que el preso cumpla con alguno de los supuestos previstos en la ley.
Entre esos supuestos, el proyecto enumera a los presos mayores de 75 años, los presos enfermos cuyo tratamiento les impide estar en cárcel común, los presos con dolencias terminales y/o los presos con discapacidades cuya condición los expone a un trato degradante en una unidad penal. En este último grupo se incluyen los que no pueden moverse por sus propios medios o necesitan asistencia para sus actividades fisiológicas. Para todos esos detenidos, la domiciliaria sería automática sin importar los delitos cometidos.
En el caso de los mayores de 75 años, el proyecto de Carrió exceptúa del beneficio a los “autores directos” de crímenes como tortura, desaparición de personas y abuso sexual agravado, entre otros. Esta salvedad dejaría fuera a represores que cometieron delitos “de mano propia”, como salir a secuestrar militantes o picanear en los interrogatorios. Sin embargo, podrían acogerse al beneficio militares que tuvieron responsabilidades de mando pero no apretaron el gatillo, además de otros partícipes y cómplices de la represión ilegal en distintos niveles.
El proyecto también establece que ninguna prisión preventiva puede extenderse por más de cinco años, y aclara una vez más que la limitación “rige igualmente para delitos de lesa humanidad”. Al igual que el tema de las domiciliarias, el de las preventivas es uno de los principales reclamos de las agrupaciones promilitares, que se quejan por la cantidad de detenidos de lesa humanidad sin condena firme. La falta de celeridad en las causas perjudica aun más a las víctimas, que ven morir impunes a victimarios de edad cada vez más avanzada.
Una iniciativa como la de Carrió produciría un efecto más político que práctico. En la actualidad, ocho de cada diez detenidos por investigaciones sobre delitos de lesa humanidad ya gozan de prisión domiciliaria. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sólo el 18% atraviesa el proceso judicial bajo arresto. De ese total, el 77% está en prisión domiciliaria, el 14% permanece en dependencias penitenciarias federales o provinciales y el 9% se aloja en la unidad penal de Campo de Mayo. La proporción de detenidos en sus hogares viene creciendo sin interrupciones desde hace casi una década.
“Si la mayoría ya está en domiciliaria, perfecto, es lo que corresponde −dijo a elDiarioAR la diputada Campagnoli−. Nosotros somos defensores de los derechos humanos para todos. Es una cuestión de humanidad. Que estén privados de la libertad no significa que deban recibir tratos inhumanos. Porque nosotros no somos como ellos, los represores. Pero es cierto que hubo mucha ideología en esto. Hay detenidos que en la época de los hechos tenían veinte años”.
El reclamo de que los represores de edad avanzada cumplan sus arrestos en sus casas es desde hace años uno de los principales caballos de batalla de las agrupaciones que defienden a los militares condenados. Aunque el objetivo de fondo es la liberación, la domiciliaria aparece como una reivindicación que ven realizable, y aun más desde la llegada al poder de La Libertad Avanza.
La semana pasada, la visita de un grupo de diputados libertarios a represores presos en la cárcel de Ezeiza generó incomodidad incluso dentro de las filas oficialistas. Desde el bloque de LLA buscaron despegar a la Casa Rosada y mostrar que los visitantes se habían cortado solos. Más allá del pase de facturas, el episodio fue apenas una cuenta más en el rosario de gestos desde el Gobierno hacia los sectores que reivindican a los militares detenidos.
Ese viernes se conoció que la Justicia le pidió explicaciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la reunión en el penal de Ezeiza. El juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 5, le solicitó a Bullrich que le informe “de carácter urgente” el trámite administrativo interno hecho para que el 11 de julio los diputados ingresaran a la cárcel. Desde la asunción de Javier Milei, el Servicio Penitenciario pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad. Obligado hizo el pedido luego de que Alejandro Slokar, juez de Casación, lo exhortara a averiguar detalles del episodio bajo la advertencia de que Argentina tiene compromisos internacionales de “erradicar la impunidad”.
En diálogo con este medio, la diputada Campagnoli se diferenció de sus colegas libertarios: “Una cosa es promover el respeto a los derechos humanos y otra es ir a visitar a represores presos y decir que son ‘ex combatientes contra la subversión marxista’. Son personas condenadas por la Justicia, te guste o no. Decir una cosa así es provocar, es innecesario”.
Aquello de “ex combatientes” fue lo que escribió el diputado Beltrán Benedit, organizador de la visita a Ezeiza, cuando sus colegas de LLA le pidieron explicaciones en el chat privado del bloque. A la reunión con los represores también asistieron Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Ferreyra y Montenegro −ex mano derecha de la vicepresidenta Victoria Villarruel− integran en este momento la Comisión de Legislación Penal donde espera el proyecto de Carrió sobre los mayores de 75.
Estamos hablando de delitos contra la humanidad que se siguen perpetuando hasta hoy, porque los responsables siguen sin decir dónde están las y los nietos apropiados y los cuerpos de los desaparecidos
El tema de las domiciliarias viene de larga data. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el reclamo ya había encontrado eco entre funcionarios como el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, quienes en público o privado sostenían que el beneficio también debía correr en casos de lesa humanidad. “A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor, ya que la cárcel está planteada como lugar de rehabilitación, esté detenida en su casa”, dijo Peña cuando le preguntaron sobre la excarcelación de Miguel Etchecolatz.
Elisa Carrió fue otra de las dirigentes de primera línea que, bajo el argumento “humanitario”, siempre defendió la misma postura. “Va contra el humanismo y la Constitución”, le dijo a Clarín en marzo pasado, cuando Campagnoli presentó su proyecto, en alusión a los cerca de 150 represores de edad avanzada que entonces quedaban en cárceles comunes.
Carrió argumenta que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, con rango constitucional en Argentina, otorga el derecho del arresto domiciliario a los presos mayores. Los jueces lo saben, pero existen otros elementos que también consideran a la hora de definir. Por ejemplo, el principio jurídico de la adecuación de la pena. “En los casos de represores condenados, la cárcel común se fundamenta en la necesidad de que la sanción sea proporcional a los crímenes −dijo Anabella Montaner, abogada de H.I.J.O.S.−. Estamos hablando de delitos contra la humanidad que se siguen perpetuando hasta hoy, porque los responsables siguen sin decir dónde están las y los nietos apropiados y los cuerpos de los desaparecidos”.
A su vez, los querellantes en juicios de lesa humanidad advierten que el arresto domiciliario implica un menor control del Estado, lo que conlleva un mayor riesgo de incumplimiento de las penas, fuga de los presos y obstaculización de las investigaciones. Según Montaner, “esto es fundamental en los casos de prisión preventiva, porque hablamos de personas que formaron parte de un aparato organizado de poder con cobertura estatal y esas estructuras aún pueden ser funcionales a fugas, destrucción de pruebas o amenazas contra la integridad de los testigos, como ocurrió con Jorge Julio López”.
Más allá de las interpretaciones, la Justicia argentina ya fijó un criterio. “Con la excepción de algún colega, todo el resto sostiene el principio de la pena adecuada que debe ponderarse a la hora de decidir”, dice un juez de la Cámara de Casación, donde este año naufragó un recurso de dos abogados de represores para que el máximo órgano penal revisara su manera de proceder en el tema. La Corte Suprema también ratificó recientemente que no basta con que un detenido sea mayor de edad para que obtenga el beneficio, sino que también debe acreditarse que la permanencia en la cárcel común impide su correcta atención médica.
Con la vía judicial por ahora cerrada, la legislativa podría aparecer como alternativa para los grupos prorepresores. El tema de las domiciliarias no es la única coincidencia entre ellos y Carrió. En 2017, la ex diputada ya había declarado que algunos juicios de lesa humanidad fueron una “venganza” del kirchnerismo y se hicieron “sin pruebas”, por lo que haría falta corregirlos con “juicios de revisión”. Hoy esa posta la tomaron otros, pero Elisa Carrió lo dijo primera.
FFB/MG