Un tuit, a simple vista con algún equívoco, de Darío Martínez, puso sobre la mesa un chispazo que nunca terminó de extinguirse y que en los últimos días tomó fuerza a partir del impacto que el acuerdo con el FMI, sobre todo en su letra chica, tendrá sobre un segmento política y fiscalmente sensible para el gobierno como son las tarifas de servicios públicos, en particular la electricidad.
Martínez, secretario de Energía que opera bajo la órbita del ministro de Economía Martín Guzmán, dijo desde tu cuenta de Twitter que el ENRE, ENARGAS y Conicet “acercaron propuestas” para la segmentación de tarifas que están “siendo trabajadas” y que se aplicarán “cuando el Gobierno tome la decisión”. Martínez, ejercita cierto desapego: transmite que la determinación está en otro lado y en cierto modo le pasa la responsabilidad a Guzmán.
A su lado, se deslizó que su intervención fue porque en estas horas arreciaron pedidos de EDENOR y EDESUR por un aumento tarifario pero el formato final es curioso. Martínez tiene buena sintonía con Guzmán, que está en Moscú con reuniones con funcionarios y empresarios rusos, y en general aunque es un equilibrista en la interna entre el ministro y el subsecretario Federico Basualdo, históricamente se ha volcado más hacia Guzmán.
Lo que trasluce es que la disputa excede a Martínez y que se trata de un tema áspero para la dinámica del Frente de Todos (FdT). En Economía, afirman -sin más precisiones ni adornos- que se está “avanzando” con la aplicación de la segmentación. Guzmán se quedó sin el argumento, que también usaban en Energía, de que los entes reguladores no habían avanzado lo suficiente en el diseño de un plan de segmentación. “Estuvieron toda la pandemia sin hace nada”, se quejaron en su momento.
El modelo que armaron el ENRE y el Conicet, que está en poder de Guzmán, contempla aplicar tarifa plena a 487 mil usuarios residenciales del AMBA. Es la primera etapa y alcanza al 10% del total de usuarios de la región que comparten CABA y el conurbano bonaerense. El impacto fiscal es, a priori, relativo: implicaría una reducción de los subsidios de entre el 7 y el 9%.
¿Esa reducción es insuficiente para el FMI y, por tanto, es inaplicable para Guzmán? Es la intriga que subyace en lo que consideran una demora del ministro por avanzar con esa decisión porque, se especula, el compromiso de reducción de subsidios que el Gobierno tomó con el fondo podría estar por encima de la baja que implicaría la segmentación propuesta por el ENRE y el Conicet.
“No va a haber tarifazo”, es el mensaje que baja desde sector alienados con Cristina Kirchner y que enfocan en la cuestión de las tarifas una discusión conceptual, incluso en materia de subsidios porque entienden que contrariamente a lo que sostiene el FMI, en el mundo se está migrando a sistemas de subsidios sistemáticos a partir de los cambios que se registran en la matriz energética.
Tiempos
El plan de segmentación se le entregó a Guzmán y a Martínez en diciembre y luego se transmitió que hay una previsión de aumentos tarifarios para el 2022 con un techo del 20%. Según los armadores del esquema de tarifa segmentada, ambas medidas pueden aplicarse en simultáneo. En un caso, implica un incremento progresivo de hasta 20 puntos y en el caso de segmentar, se retirará el subsidio a casi medio millón de usuarios que comenzarán a pagar la tarifa plena.
Según los armadores, el modelo tiene un “bajo nivel de error” y toma como base un componente central: el valor de mercado de la propiedad. “Guzmán demora la aplicación. Desliza que no está de acuerdo con la segmentación pero por ahí cree que hay que hacer otra cosa, un ajuste más duro”, desliza un funcionario que conoce el tema tarifario y sabe de las tensiones entre Guzmán y el ala que reporta a Cristina Kirchner.
¿Puede, en ese contexto, volver a instalarse el debate que se dio en su momento sobre el manejo de área cuando Guzmán trató -sin éxito- de remover a Federico Basualdo? El zigzageo de Martínez, el secretario de Energía, da lugar a las especulaciones de una tensión creciente en el área. “Darío es político, quiere ser gobernador, no puede salir a bancar un tarifazo”, interpreta una fuente oficial.
Qué dice la segmentación
Se usó una “metodología de localización geográfica” que permitió identificar “alrededor de 487 mil usuarios residenciales del AMBA, que representan el 10,0% del total de residenciales de esta jurisdicción. El 75% de los mismos están en CABA, ubicados en Puerto Madero y en parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, algunas manzanas de Colegiales, Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito.
El cuarto restante está en el Gran Buenos Aires, repartido en dos bloques. Unos 67 mil usuarios que están en zonas de los partidos de Vicente López y San Isidro, en norte del conurbano, mientras que se detectaron 48.000 personas usuarias ubicadas en los 466 countries y otras urbanizaciones cerradas registradas del GBA que por “sus características” se “vuelven accesibles sólo para sectores de altos ingresos”.
PI