El decreto presidencial que con pompa anunció Manuel Adorni para que Aerolíneas Argentinas quede “sujeta a privatización” no es otra cosa que el paso burocrático necesario que establece la ley de Reforma del Estado, sancionada en el menemismo, para avanzar en la venta de cualquier empresa pública. No significa que la compañía, por la firma de Javier Milei, automáticamente pasa a partir de hoy a manos de privados ni que se acelerará el debate que justo había comenzado esta semana en comisiones de la Cámara de Diputados. Simplemente era lo que el Gobierno tenía que hacer como parte del proceso normativo.
Por eso la primera reacción que se recogió en el Congreso es de cierta sorpresa, no por el qué, sino por el cómo: desde la Casa Rosada se anunció un decreto que aún el Presidente no firmó y que estampará recién la semana que viene –logrando así mantener el suspenso–, pero que igualmente tiene que firmar en algún momento porque así lo establece la ley. Punto.
Ahora bien, el decreto de Milei no garantiza que el oficialismo ya tenga los votos para habilitar la venta de la aerolínea hoy de bandera. Esa rosca es la que se está llevando a cabo en un plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto, donde La Libertad Avanza tiene que juntar las firmas de la mayoría de los miembros para despachar un proyecto de ley que autorice la privatización, que luego tiene que aprobarse en Diputados y después girarse al Senado para su sanción. El trámite se completa con la puesta en marcha de la comisión bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.
Recién el miércoles pasado en comisiones expusieron los funcionarios nacionales y para la semana próxima se espera la intervención de los gremios aeronáuticos, actualmente en pie de guerra contra el Gobierno por un aumento salarial. Aún es una incógnita qué grueso de voluntades aliadas consiguen los libertarios, aunque ya hay un guiño del radicalismo y la Coalición Cívica para privatizar AA. Lo que está en discusión es en qué grado sería: si 100% privada o con cierto control estatal, como el modelo mixto que tiene YPF.
En la oposición blanda sí le advirtieron al oficialismo que al menos respete el curso del debate, porque si quiere apurar la votación, el costo político puede ser mayor. Creen difícil que la semana que viene ya estén las firmas para dar despacho de comisión a cualquiera de las iniciativas. A su vez, el peronismo y la izquierda no tendrían la capacidad de obturar una mayoría privatizadora, aunque seguramente si el proceso avanza convocarán a un reclamo callejero.
La ley y las reacciones
Lo que anunció Adorni no es más ni menos lo que está estipulado en la ley de reforma del Estado (ley 23.696), sancionada en 1989. Allí el Capítulo II está dedicado al procedimiento que debe cumplirse para privatizar total o parcialmente las empresas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado. Los artículos 8 y 9 establecen como requisitos ineludibles para privatizar una empresa que primero el Poder Ejecutivo, mediante el dictado de un decreto, declare a la empresa “sujeta a privatización” y luego el Congreso apruebe el proceso mediante la sanción de una ley. “No es posible que el Poder Ejecutivo privatice mediante decreto y, en todos los casos, se requiere la aprobación del Congreso”, explica el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Algunas voces en la oposición calificaron de improvisado y un absoluto olvido institucional el anuncio oficial que se conoció este viernes, además de entender que le sirve a la Casa Rosada para desviar la atención por el aumento de la pobreza que se conoció ayer. “Se mandaron a abrir el debate por los proyectos sin haber hecho el decreto. Lo que están haciendo es enmendar el trámite burocrático-administrativo, aunque como todo en este Gobierno buscan darle una épica”, cuestionó el legislador socialista Esteban Paulón, parte del bloque Encuentro Federal, de Miguel Pichetto. “Básicamente exteriorizaron la voluntad política de privatizar, que hasta ahora no se sabía bien. Creo que el Gobierno lo mandó a testear al tema. No sé si vieron agua en la pileta o buscan distraer la agenda”, le dijo a elDiarioAR el santafesino, que está en contra de una privatización total de AA.
“Ayer decían que el dato de pobreza era para celebrar y hoy salen a intentar instalar un tema diciendo que LA SEMANA QUE VIENE van a mandar un DNU que igual TIENE QUE TRATAR EL CONGRESO y que no le va a mejorar la vida a nadie. En Narnia”, apuntó el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman.
Durante las horas posteriores al anuncio de Adorni también sobrevoló el runrun de que el Gobierno podría igualmente avanzar en la privatización por decreto de la empresa, amparándose en las facultades delegadas que le dio la ley Bases, pero en distintos bloques consultados por elDiarioAR rechazaron esa posibilidad, amen a que también tendría un costo político en el sentido de qué grupo privado se arriesgaría a adquirir una compañía estatal que está siendo vendido por un mero decreto presidencial, y por una ley de Congreso.
Los proyectos en curso
En el plenario de comisión están en tratamiento dos proyectos que no son libertarios: uno es del macrista Hernán Lombardi, que es una copia al proceso que sufrió la empresa en los noventa, sin ningún control y que terminó con su desguace hasta que fue reestatizada. En su articulado da vía libre al Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización”.
La otra iniciativa es de la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Solo difiere con el de PRO en que establece que la privatización “deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión” y con actuaciones de la Sigen y la Auditoría General de la Nación en conjunto a la bicameral del Congreso. “El FOMO que le dio a Milei que avance un proyecto de la Coalición Cívica para privatizar Aerolíneas Argentinas”, apuntó el jefe de bloque Juan Manuel López contra el anuncio oficial de hoy.
Pero ninguna de las dos iniciativas establece en qué grado se haría la privatización. Y es el punto de mayor discusión. “Privatización lisa y llana no queremos. El modelo de Lombardi ya fracasó”, planteó Paulón a este diario, y dijo que el bloque aspira a que haya una propuesta de esquema mixto, con cierto control estratégico por parte del Estado.
El radicalismo parece tener la llave para darle al Gobierno la privatización porque en el bloque hay cierto consenso al respecto, pero no hay una voz que quiera jugarselá sobre qué harán finalmente sus diputados. “Hay que autorizar la privatización, y tener apertura sobre las modalidades. Si se restringe o limita mucho de arranque es difícil que el procedimiento prospere, con las múltiples dificultades ya fácticas inherentes a la empresa”, planteó en off una de las principales espadas legislativas de la UCR. La cúpula de la bancada se reunió anteayer con Martín Menem, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y hasta el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En el poroteo del plenario de comisión de Diputados el oficialismo tiene una base de apoyo de al menos 25 firmas, contra 34 del peronismo y la izquierda. Hay una veintena de voluntades en la incertidumbre del medio que podrían acompañar una privatización dependiendo en qué términos se realiza. Después sería el turno del recinto, donde sí o sí necesita sumar a la UCR y bloques provinciales para conseguir una potencial media sanción. El debate recién comienza.
MC/JJD