Sorpresa en la Casa Rosada: Lijo se queda sin licencia y la estrategia oficial expone sus fisuras

La noticia cayó como un baldazo de agua helada en los despachos de Balcarce 50. La Corte Suprema rechazó la licencia extraordinaria que pidió Ariel Lijo para dejar en pausa su juzgado federal y mudarse al máximo tribunal, tal como lo había soñado Javier Milei y ejecutado su asesor estrella Santiago Caputo, en una jugada tan audaz como endeble. El fallo, que contó con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla —sí, el mismo que hace una semana juraba de apuro, rodeado de sus nuevos compañeros— dejó expuesto que ni siquiera adentro del Palacio de Justicia hay consenso para sostener la estrategia oficialista.

Quien finalmente se abstuvo de emitir opinión fue Ricardo Lorenzetti, el socio silencioso de la aventura, que no solo había dejado trascender que avalaría la licencia sino que fue el arquitecto de la postulación de Lijo. Lo hizo con llamados discretos al asesor todoterreno del Presidente y a su mano derecha en Justicia, Sebastián Amerio. Pero ni con todo su empuje alcanzó para torcer una mayoría que, a esta altura, parece dispuesta a marcarle la cancha al Gobierno y al propio Lorenzetti, que también disputa su partido interno.

La reacción en la Casa Rosada fue de desconcierto. “Nadie esperaba que le bajaran el pulgar así, tan rápido”, reconoció, sin disimular la molestia, un funcionario que sigue de cerca la ingeniería jurídica que rodea a los decretazos judiciales. Mucho menos que uno de los partícipes necesarios de ese rechazo fuera García-Mansilla. “Son las reglas de juego”, mascullaba por lo bajo una fuente oficialista en referencia al sorpresivo voto del académico, que generó perplejidad en la mesa chica del Gobierno. En un principio, hasta pensaron que se trataba de una operación mediática.

Es que lo que esperaban en Balcarce 50 era otra cosa: una transición ordenada, en la que Lijo pudiera cubrirse con una licencia hasta que el Senado le garantizara el blindaje definitivo. Pero no. Ahora, si quiere ser juez de la Corte, tiene que soltar Comodoro Py y tirarse al vacío, sabiendo que su nombramiento “en comisión” vence con el calendario legislativo. Fin de noviembre, reloj en cuenta regresiva.

Y Lijo, se sabe, no está dispuesto a semejante riesgo. La idea de dejar su histórico Juzgado Federal N°4 —donde acumuló poder, causas sensibles y terminales políticas que trascienden gobiernos— para un asiento transitorio en la Corte, no lo seduce. Prefiere esperar a que el Senado haga su parte y le entregue la llave definitiva del Palacio de Tribunales. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, filtran cerca suyo, en un intento de disimular que, detrás de la cautela jurídica, hay puro instinto de supervivencia.

Mientras tanto, García-Mansilla vive su propio limbo. Ya juró, sí, pero su cargo también tiene fecha de vencimiento si el Senado no convalida su pliego. Y aunque en el Gobierno apuestan a que la ceremonia que le organizó Rosatti le dio “estabilidad” hasta fin de año, los constitucionalistas avisan que no es tan fácil: la Cámara alta puede rechazarlo y mandarlo de vuelta a su cátedra.

Lo de Lijo, sin embargo, abre otro frente. Porque si no renuncia, no asume. Y si no asume, ¿qué fue toda esta novela? ¿Para qué tanto decreto, tanta firma, tanto forcejeo constitucional? En Comodoro Py, donde todos lo conocen y nadie se sorprende, lo dicen sin vueltas: “Ariel no va a rifar su sillón por seis meses de incógnita”. Al menos, no todavía.

En el Senado, mientras tanto, empieza a cocinarse la verdadera partida. Con sesiones especiales en el horizonte y estrategias divididas, los bloques opositores analizan si rebotan los pliegos en comisión o los liquidan en el recinto. El Gobierno presiona para blindar a García-Mansilla y seguir apostando a que Lijo pueda llegar por la vía “institucional”. Pero los votos no aparecen, y el tiempo corre.

Así, en apenas una semana, el operativo para completar la Corte con nombres a dedo y tiempos exprés quedó atrapado en sus propias trampas. Lijo, que debía ser la pieza fuerte del plan, hoy se resigna a esperar, aferrado a su juzgado y mirando de reojo a la Cámara alta, mientras la Casa Rosada mastica la bronca por una jugada que, por ahora, salió mal.

Una toga o la otra

Fue por mayoría: Rosatti, Rosenkrantz y el flamante García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025. En pocas páginas, anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez de la propia Corte, designado en comisión por el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Constitucionalmente inadmisible”, dijeron sobre la pretensión de Lijo de mantener la doble investidura. Citando un caso de 1975 —el expediente Daffis Niklison, para los nostálgicos—, recordaron que no es posible ser juez con acuerdo del Senado y, al mismo tiempo, juez en comisión. Mucho menos cuando el primer cargo sigue vigente y el segundo apenas es un pase fugaz mientras el Congreso está de vacaciones. En otras palabras: o una toga o la otra. Pero no ambas.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político. Nadie ignora que los nombramientos interinos suelen durar poco y nada.

La resolución de la Corte también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. El Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

Con este traspié, Lijo se queda en su juzgado. La Corte, por su parte, da señales de que no piensa ser espectadora pasiva de las jugadas institucionales del Ejecutivo. Y el sistema judicial, siempre aficionado a los tecnicismos, suma un nuevo capítulo a su historial de paradojas: un juez que quiso estar en dos lugares a la vez, pero terminó, al menos por ahora, quedándose en el mismo.

PL/MC