Casi tres meses después de la feroz represión policial frente al Congreso cuando el Senado votó la ley Bases, la Justicia ordenó la excarcelación a la última de las personas que aún permanecía detenida. Este jueves la Sala II de la Cámara Federal firmó la liberación de Roberto de la Cruz Gómez. Hace apenas pocas semanas ya había sido liberada la única mujer que quedaba detenida, Daniela Calarco Arredondo.
Las liberaciones ponen contra las cuerdas la estrategia del Gobierno, que acusó sin pruebas desde el día uno a los manifestantes de supuestos actos terroristas y de sedición, en línea con la criminalización de la protesta dispuesta a través del protocolo antipiquete. Justo ayer otra vez las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich avanzaron sobre una marcha en las inmediaciones del Palacio Legislativo por el aumento de las jubilaciones.
La Justicia dispuso la excarcelación de Cruz Gómez bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país. Según denunciaron desde la Izquierda, la causa sigue abierta porque el fiscal de primera instancia Carlos Stornelli armó una causa paralela con “actuaciones complementarias” para involucrar a nuevas personas en los incidentes con las fuerzas de seguridad por incendio, roturas de veredas y daños a comercios.
“La Sala II de la Cámara Federal resolvió otorgar la excarcelación bajo el uso de un dispositivo electrónico de rastreo o de la ubicación física a Roberto, el último detenido por la manifestación contra la Ley Bases. Una vez implementado, ya no quedarán detenidos. Por eso, Stornelli está tratando de involucrar nuevas personas para mantener abierta la causa”, denunció la exdiputada del Frente de Izquierda y abogada de organismos de derechos humanos Myriam Bregman. El fallo de la Cámara Federal fue dictado por los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun.
De la Cruz fue víctima de la cacería que lanzó la Policía de la Ciudad y la Federal sobre una treintena de personas aquel 12 de junio a varias cuadras del Congreso, cuando se reprimió la importante protesta que se organizó contra la votación de la ley Bases. Finalmente el día siguiente el Senado votó a favor de la norma con cambios, que terminó siendo sancionada en revisión por Diputados.
Tanto Bullrich como Javier Milei acusaron a los manifestantes de cometer “actos terroristas” sin aportar pruebas. A las pocas horas de las detenciones arbitrarias la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para once. Sí resolvió el procesamiento para cinco, pero a menos de un mes ya habían sido excarcelados tres, quedando solo dos personas detenidas: Calarco Arredondo y De la Cruz Gómez. El procesamiento de ambos fue confirmado el 11 de julio por la misma Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No fueron acusados de intimidación pública, como pretendía la Casa Rosada.
Calarco Arredondo finalmente fue liberada el miércoles de la semana pasada, tras 75 días presa por protestar. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Al momento de la detención tenía en la mochila la pechera del movimiento social y el pañuelo verde por el aborto. Sus defensores denunciaron que fue perseguida por esos distintivos.
De la Cruz lleva ya 84 días preso y cumplía una huelga de hambre en protesta. “Nos preocupa su estado de salud, especialmente tras haber iniciado una huelga de hambre en protesta por la extensión de su detención basada, no en los delitos que se le imputan, sino en sus antecedentes penales ya cumplidos”, denunció la CTA justo ayer.
A través de un comunicado, el diputado y jefe de la central sindical Hugo Yasky reclamó: “Condenamos las vejaciones que sufrió por parte del Servicio Penitenciario tras la visita de organismos de derechos humanos, situación que ha llevado a la presentación de un habeas corpus. Este hostigamiento es parte de un patrón de ensañamiento contra quienes luchan por sus derechos, una práctica que ya ha sido denunciada por otros detenidos. Por ello, exigimos el respeto a los derechos de Roberto y su inmediata liberación”. Hoy la Justicia ordenó liberarlo, medida que debería concretarse en las próximas horas.
MC/JJD