La última dictadura cívico militar que se encontraba en fuga tras la derrota en Malvinas, el repudio generalizado de la población y en medio de rumores de autogolpe, cometía hace 40 años unos de sus últimos crímenes. Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, dos curtidos militantes del peronismo revolucionario eran secuestrados el 14 de mayo de 1983 en Rosario y hallados muertos tres días después en un descampado, con impactos de balas en sus cuerpos y en medio de una versión oficial que daba cuenta de un inverosímil enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Recién en 2016, el excomisario Luis Abelardo Patti fue condenado como uno de los autores materiales de estos asesinatos, pero funcionarios judiciales creen que aún resta investigar a personas que formaron parte de la estructura de inteligencia que posibilitó estos delitos de lesa humanidad.
Al momento de ser capturados, “El Viejo” Cambiaso y “Carlon” Pereyra Rossi estaban reunidos en el bar Magnun de Rosario, en la esquina de Córdoba y Ovidio Lagos. La idea del encuentro era reunir a los antiguos militantes que habían sido dispersados por los estragos del terrorismo de Estado y aglutinarlos al amparo de una nueva estructura: “Intransigencia y Liberación”. Se trataba de una agrupación creada desde el exilio por lo que quedaba de la antigua conducción de Montoneros con el propósito de influir en la vida interna del peronismo, en el contexto de un país que vislumbraba una salida electoral.
“El Carlón” tenía al momento de su secuestro 33 años. Había sido un activo militante de Montoneros y responsable de la columna Sur de la organización. Partió al exilio durante la dictadura y en México se sumó al equipo de prensa y difusión de Montoneros. Había formado parte del contingente que retornó al país para sumarse a la denominada “Contraofensiva”. En 1982, ya definitivamente instalado en el país, participó de la formación de “Intransigencia y Liberación” y del diario La Voz, un proyecto periodístico dirigido por el caudillo catamarqueño Vicente Leónidas Saadi y sustentado por Montoneros.
“El Viejo o Cara de Lápiz” era ingeniero químico y muy conocido entre las filas del peronismo revolucionario. Nacido en 1941, había estado preso durante la dictadura de Agustín Lanusse y volvió a ser detenido en el gobierno de Isabel Perón. Recuperó la libertad en noviembre de 1982, y se trasladó a Rosario, donde comenzó a organizar la Agrupación Peronista de la Liberación. Desde su salida se sabía vigilado.
Quince días antes de este encuentro en el Magnum, un hecho había generado alarma en las filas de ese peronismo que intentaba reorganizarse. Raúl Clemente “Roque” Yager, un encumbrado dirigente de Montoneros que había reingresado de forma clandestina al país, era emboscado y abatido en una zona rural de Córdoba, donde intentaba establecer contactos con nuevos y viejos militantes de las luchas setentistas.
Cinco hombres armados vestidos de civil
Organizar una estructura para participar en aquella democracia que se venía era la tarea. Eso estaban Cambiaso y Pereyra Rossi cuando fueron abordados por cinco hombres armados que vestían de civil, en un operativo montado por efectivos del I y II cuerpo de Ejército y que tuvo la cobertura del Destacamento 121 de Inteligencia. Los sacaron a la rastra del bar y los introdujeron en un auto.
Se cree que permanecieron cautivos en un galpón de Rosario, donde fueron torturados y dopados. Tres días después, sus cuerpos fueron encentrados en una zona de la localidad bonaerense de Zárate. Las primeras pericias dieron cuenta que sus cuerpos presentaban hematomas, signos de descargas eléctricas y muestras de pólvora que indicaban haber recibido disparos a corta distancia.
Se informó que habían muerto tras un enfrentamiento armado con tres efectivos de la Unidad Tigre de la Policía bonaerense. Patti, entonces oficial principal, y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Spataro. En principio, la justicia federal de San Nicolás dispuso sus detenciones y la del médico policial que realizó una fraguada primera autopsia que intentaba corroborar la versión falsa de un enfrentamiento.
En instancias superiores, la justicia de la dictadura dio crédito a la versión de los policías y quedaron sobreseídos. Recuperada la democracia, una comisión de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) intentó reabrir la causa con el impulso de los familiares de las víctimas. Cuando realizaban una investigación les llegó una nota anónima que sostenía que Patti había ejecutado por la espalda al “Viejo y a ”Carlón“.
Las sanciones de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el gobierno de Raúl Alfonsín impidieron que la causa pudiera avanzar.
En 2004, tras la derogación de esas leyes de la impunidad y los indultos presidenciales de Carlos Menem, el fiscal federal Juan Patricio Murray que subrogaba en San Nicolás reabrió la causa tras dar con un documento firmado por el teniente coronel Luis Américo Muñoz, subjefe del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario, en el que reclamaba al gobierno de Alfonsín por un ascenso que se le frustraba. El militar daba cuenta de su participación en “dos operaciones de inteligencia”, una en 1983 y otra en 1984.
La hipótesis de la justicia eran que se trataba de los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi y del robo a los tribunales de Rosario, en el cual se sustrajeron documentos de la Conadep.
Tras una larga instrucción, la causa fue elevada a juicio oral y público y en mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario condenó a perpetua a Patti y Spataro como autores inmediatos y al entonces jefe del Destacamento 121, Pascual Omar Guerrieri y Muñoz, su lugarteniente, como partícipes necesarios. En cambio, fueron absueltos el dictador Reynaldo Bignone, el coronel de artillería Rodolfo Rodríguez y cuatro agentes civiles de inteligencia: Carlos Antonio Sfulcini, Walter Salvador Pagano, Juan Andrés Cabrera y Ariel Antonio López.
Diéguez, sindicado como uno de los autores de la ejecución murió durante el proceso. Muñoz fue absuelto más tarde por un fallo de Casación que se recurrió ante la Corte Suprema. Cuando se esperaba una resolución del máximo tribunal, el militar murió el año pasado.
“Creemos que fue un crimen que buscaba condicionar a la democracia desde la lógica del terrorismo de Estado. Nunca pudimos acreditar si hubo una finalidad económica de apropiarse de los fondos con los que se intentaba organizar una estructura política”, afirmó el fiscal federal Adolfo Villatte, quien estuvo a cargo de la acusación durante ese juicio.
Antes, en 2019, Muñoz fue acusado por el robo a los Tribunales de Rosario, donde el 8 de octubre de 1984 se robaron documentos de la Conadep sobre la represión ilegal en el área del II Cuerpo de Ejército. En esa sustracción participó también el coronel (RE) Héctor Fructuoso Funes, quien fue condenado en abril pasado por ese hecho en un juicio abreviado realizado en los tribunales rosarinos.
De esta forma, se confirmó la información que Muñoz dio cuando tramitaba su ascenso. “A partir de esa condena creemos que hay nuevos elementos de criterio para avanzar sobre la estructura de inteligencia y los civiles que integraban el Destacamento 121 (que resultaron absueltos) y podrían surgir nuevos elementos sobre este caso”, remarcó Villatte.
LC/MG