Hace unas semanas, cuando Argentina iba camino al peor momento de la pandemia, la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad inició un proceso de control de arrendamiento de nichos vencidos. La notificación enviada al domicilio de las familias de personas fallecidas en el territorio que gobierna Horacio Rodríguez Larreta indica que, de acuerdo a los datos que proporciona el sistema informático, el titular del arrendamiento que registra deuda por renovaciones impagas o plazos vencidos deberá ponerse al día en el término de ocho días. Caso contrario, advierte, el gobierno porteño procederá a la desocupación y traslado de ataúdes al crematorio, remitiendo las cenizas al cinerario general. La intimación cita el artículo 21 de la ley 4977/2014: “Vencido el término de los arrendamientos de sepulturas o nichos, aquellas y estos serán desocupados, y a los cadáveres, restos y cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso le corresponda; dentro de los sesenta (60) días siguientes al vencimiento de la concesión”.
Pese a que Argentina cuenta ya más de 73 mil muertos desde que irrumpió la peste y el epicentro de los casos se da en el AMBA -donde murieron casi 50 mil personas-, en el gobierno de la Ciudad afirman que la política mortuoria de Larreta no se alteró y sigue guiada por la ley sancionada en 2014. Sin embargo, ya en abril del año pasado, en una sesión especial dedicada al COVID 19 los concejales de Rosario autorizaron a la Dirección General de Defunciones y Cementerios de la ciudad a que llevara a cabo un relevamiento de los nichos concedidos a perpetuidad que hubieran vencido y efectuara una publicación de edictos para que sus titulares regularizaran su situación en un plazo no mayor de 10 días corridos. Lo mismo pasa hasta en los sitios más alejados de la Casa Rosada. Mientras tanto, los sepultureros agrupados en el Sindicato de Trabajadores de Cementerios, Cocherías y Crematorios reclaman ser vacunados como personal esencial y un bono de 15 mil pesos para llegar a fin de mes.
Sería lógico que, como ya sucedió antes en la historia de la humanidad, los cementerios no den abasto ante un cataclismo del que todavía es difícil dimensionar su impacto. Paralelo al dolor y el sufrimiento de miles de familias que no pueden despedirse de sus seres queridos, corren los procedimientos de la burocracia de la muerte que, ante la falta de pago de la tarifa establecida, busca hacer espacio para afrontar la mayor demanda en un contexto de larga recesión.
El cierre de nueve días que ordenó Alberto Fernández después de una ronda de consultas con los gobernadores de todo el país intenta frenar el crecimiento exponencial de la curva de contagios que cada día se cobra nuevas víctimas y amenaza con provocar un desborde sanitario. Vuelve a estresarse el sistema de salud por la falta de camas en hospitales y sanatorios y se reedita la convocatoria del subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica del ministerio de Salud, Gastón Morán, a las tres empresas trasnacionales que dominan el negocio del oxígeno medicinal, Linde/Praxair, Air Liquide y Air Products/Indura.
Cuarenta y ocho horas antes del anuncio en cadena nacional, el Presidente volvió a hablar con el jefe de gobierno porteño con el objetivo de llegar a un consenso mínimo sobre las restricciones. Desconfianza y diferencias al margen, Fernández, Larreta y Axel Kicillof vuelven a quedar unidos por la emergencia. Lo mismo les pasa a los gobernadores de casi todo el país, en especial a los líderes del peronismo núcleo, Juan Schiaretti y Omar Perotti. Otra vez es el virus el que iguala a la clase política que tiene la responsabilidad de gobernar y perfora la polarización que pretende perpetuarse en loop, por momentos indiferente al drama general.
De los profetas de la pospandemia que se apuraron, hace más de un año, a proyectar la nueva normalidad hoy no quedan rastros. También en su peor momento, el gobierno mira al cielo y reza para que sigan llegando los vuelos que traen las vacunas que hacen falta para salir de la asfixia. Cecilia Nicolini espera que el lunes aterrice finalmente el primer avión con las dosis de AstraZeneca, en un demorado operativo de repatriación del principio activo que Hugo Sigman fabricó en su laboratorio de Garín. Se esperan entre 4 y 6 millones de dosis en las próximas semanas y, aunque el Presidente no mencionó a Estados Unidos en su discurso, también se aguarda una ayuda extra por parte de la administración demócrata.
El embajador en Washington, Jorge Arguello, profundiza el lobby para lograr que el gobierno de Joe Biden destine a la Argentina una porción de las 80 millones de vacunas que le sobran. Después de haber inmunizado con una dosis al 60% de su población y haber ganado la carrera global por la supervivencia ante una peste que aún se cobra víctimas de a cientos de miles en el resto del planeta, Estados Unidos quiere ponerse otra vez el traje de superhéroe.
De acuerdo a lo que Biden prometió en el mismo mensaje en el que anunció “medidas enérgicas contra los millonarios y multimillonarios que no pagan impuestos cometiendo engaños”, en las próximas seis semanas se hará efectiva la donación que espera Fernández. Según dicen quienes conocen el procedimiento, sólo resta encontrar la figura legal que le permita entregar vacunas sin violar la clausula confidencial de los acuerdos con los laboratorios, que impide regalar o revender las dosis contratadas. Es posible que la entrega se presente como un préstamo sin devolución. El operativo global que Biden comparó en su discurso con el rol que cumplió Estados Unidos a la salida de la Segunda Guerra Mundial busca emular el desembarco en Normandía como parte de la contienda de estos días con China y Rusia.
De acuerdo al último informe de ECO GO, hay dos carreras que ya arrancaron y van a definir el resultado de la elección que viene en Argentina. La primera es la enfrenta al Covid y la vacuna: hoy desfavorable, parece ir camino a un mejor resultado. Según la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, al 18 de mayo pasado, había un 18% de la población local vacunada, 26% si se toman en cuenta los mayores de 18 años, que son 30 millones de personas. “Al ritmo actual de vacunas aplicadas por semana, en un mes y medio superaremos el 30% de la población, 44% de la población mayor de 18 años. La disponibilidad de vacunas en el mundo aumenta, y después de los pifies iniciales (vacunatorio VIP incluido), también la Argentina empieza a conseguirlas. El objetivo del gobierno es llegar al 9 de Julio con la mitad de la población vacunada y declarar ‘la independencia del Covid’, antes de que la tercera ola con la llegada del invierno arremeta”, dice.
La segunda carrera a criterio de ECO GO es la de la brecha cambiaria, los precios y el rebote de la economía, que seguramente quedará afectado por las nuevas restricciones, aunque mucho menos que hace un año atrás. “Sin el FMI, la estabilidad cambiaria va a estar puesta a prueba aún con la soja a US$600 la tonelada”, vaticina. Es uno de los factores que divide al oficialismo entre los que quieren resolver la urgencia y los que buscan garantizar la estabilidad a mediano plazo, mientras suenan todas las alarmas.
Hay una tercera carrera con saldo negativo para la mayor parte de la población y es la que la inflación le viene ganando por goleada a los salarios desde hace tres años y medio, con impacto directo sobre las cifras en ascenso del continente de pobres e indigentes.
Con la canasta básica total fijada según el INDEC en $62.957 para una familia, el IPC que encadena un promedio de 4% mensual desde octubre -y da 60% anualizado- es el mecanismo elegido por el gobierno para licuar los ingresos de asalariados y jubilados, en un proceso que castiga al mercado interno, hunde los niveles de consumo y conspira contra el crecimiento. Lo muestra el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que dirige Marcos Makón. En abril, los gastos destinados a salarios del empleo público cayeron 12,9% en términos reales, y los de jubilaciones bajaron 13,4%, “por la actualización que tuvieron por debajo de la inflación”. Es parte de un ecuación general que viene llevando adelante Martín Guzmán de manera silenciosa desde hace varios meses.
Según la OPC, debido al crecimiento de la recaudación producto del rebote económico y la baja de gastos en abril, los déficits primario y financiero cayeron un 85,2% comparado con el mismo mes de 2020. Las partidas destinadas a mitigar el impacto de la pandemia se redujeron fuerte: las prestaciones sociales y las transferencias a provincias tuvieron caídas reales de 26,8% y 64,9%, respectivamente. En abril, el gasto Covid fue de $25.602 millones, mientras que el mismo mes del año pasado había ascendido a $230.469 millones. La principal diferencia que en 2020, cuando el COVID 19 era todavía incipiente, comenzó a pagarse el IFE de $10.000 a 9 millones de personas, casi un cuarto de la población.
Ese proceso de ajuste profundo parece haber llegado a su fin, primero a causa de una segunda ola que arrasa con todas las proyecciones optimistas del Presupuesto 2021 y después debido a la presión del ala cristinista dentro del Frente de Todos. A la ampliación de la Tarjeta Alimentar que cuestionaron los movimientos sociales alineados con los Fernández se le suman los anuncios que hizo el Presidente en cadena nacional con la novedad de un REPRO II establecido en 22 mil pesos (bastante menos de lo que representaba el ATP hace un año atrás). En total, el gobierno habla de fondos extra por 480 mil millones de pesos, de los cuales 250 mil son transferencias de ingresos para que los sectores de menos recursos accedan a los alimentos en momentos de alta inflación.
A 18 años de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 y junto con las efemérides, la comandancia del Frente de Todos busca la forma de atenuar la caída prolongada del salario real, camino a las elecciones y con el recetario del viejo cristinismo. “Hasta acá llegamos con el ajuste. No queremos ver crecer las flores desde abajo”, ese parece ser el mensaje, con la firma de Cristina y dirigido a Guzmán. ¿Funcionará?
DG