En plena campaña electoral y a menos de dos semanas de las elecciones primarias del 13 de agosto, la comisión de Juicio Político retoma la actividad este martes con un plato fuerte: la declaración de Silvio Robles, vocero y mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El funcionario judicial está citado como testigo en el marco de la investigación parlamentaria por presunto mal desempeño de los jueces del máximo tribunal.
El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, también estaba citado este martes a declarar, pero solicitó reprogramar la fecha de su testimonial ante los diputados que integran la comisión debido a cuestiones personales, informó una fuente cercana al exfuncionario.
Ambas declaraciones se realizarán para profundizar uno de los capítulos centrales de la avanzada oficialista contra la Corte: el fallo de diciembre de 2022 a favor de la Ciudad en el reparto de los impuestos nacionales coparticipables para el financiamiento de la policía porteña.
Luego del fallo cautelar -que el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió-, se filtraron chats o supuestos chats -según D’Alessandro son falsos- en los que Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño, a cargo de la policía de la Ciudad, intercambiaban información sobre el fallo de la Corte y otras cuestiones sensible en la disputa entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, mostrando una supuesta familiaridad y complicidad entre la mano derecha del presidente de la Corte y un ministro de Horacio Rodríguez Larreta, previo al fallo a favor de la Ciudad.
“Si alguno de ellos no asiste y no justifica su inasistencia, estamos en condiciones de pedirle a un juez federal su traslado por la fuerza pública”, aseguró a elDiarioAR una fuente directa del oficialismo.
En la Corte y en diálogo con allegados, Robles sostuvo que acudirá este martes a declarar, que es posible que se limite a responder sólo algunas o ninguna de las preguntas que los diputados del Frente de Todos tienen preparadas para él y que apele a recomendaciones de su abogado para evitar “incriminarse”, ya que fue denunciado penalmente por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otros, tras la filtración de los “supuestos chats”.
Además de Robles y D'Alessandro, la comisión citó para este martes al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quien había solicitado reprogramar su declaración; y a Alejandro Otero, funcionario de la AFIP.
¿Chats o supuestos chats?
“Ellos generan una posverdad. Los chats son inventados, son falsos”, aseguró D’Alessandro el 30 de diciembre último. “Nunca tuve una denuncia en mis años de trabajo hasta que la condenaron a Cristina Kirchner (en el juicio por el caso Vialidad, el 6 de diciembre de 2022) y la Corte falló a favor de la Ciudad por los fondos de coparticipación”.“No tienen límites, revisaron las redes sociales de mi familia. Incluso la de menores”, agregó el entonces funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.
Robles nunca se ha pronunciado al respecto sobre los chats o supuestos chats.
Estas conversaciones vía Telegram, una aplicación de chats, serían “supuestos chats” para un sector de la Corte y “chats” para otro sector de la Corte, en el que están convencidos de que, si bien fueron obtenidos ilegalmente mediante el hackeo al teléfono del exministro D’Alessandro, son veraces y Robles sí intercambió esos mensajes con el entonces titular de la cartera de Seguridad de la Ciudad.
¿Qué dicen los chats o supuestos chats? Que entre Robles y D’Alessandro se referían al fallo de la Corte a favor de la Ciudad como “el fallo Robles”, antes de que la sentencia de la Corte viera la luz, y que habrían intercambiado información sobre el fallo que se venía, siendo el entonces ministro de Seguridad parte central interesada. Pero, además, las conversaciones sostienen una familiaridad y complicidad entre la mano derecha del presidente de la Corte y el funcionario de Juntos por el Cambio.
Robles también dio argumentos al entonces funcionario de Juntos por el Cambio sobre la discusión que mantenía con el Frente de Todos por la integración del Consejo de la Magistratura -el organismo que elige y sanciona a los jueces-, tema en el que la Corte intervino con otro fallo en diciembre de 2021. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dijo el vocero de Rosatti, presidente del Consejo, para indicarle luego que no “corresponde que se vote” la designación de representantes en este organismo en el momento en el que el oficialismo buscaba elegir a sus integrantes. “Usala como tuya”, le agrega Robles sobre la estrategia para bloquear la intención del Frente de Todos.
Robles también le dijo a D’Alessandro en los “supuestos chats” cómo la oposición debía acudir a la Justicia para ganarle un lugar al oficialismo en el Consejo de la Magistratura, donde un integrante más es central para definir quiénes son nombrados jueces federales y nacionales, los jueces que investigan al poder a nivel nacional y local, en la Ciudad.
En la conversación filtrada o “supuesta conversación”, Robles sugiere acudir al fuero “Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”.
Efectivamente, el senador Luis Juez (Juntos por el Cambio), que peleaba por el lugar que el oficialismo asignó a su senador Martín Doñate en el Consejo, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo federal para reclamar ese espacio.
El fallo de la discordia
La reunión de este martes debería centrarse en la denuncia presentada por el presidente Fernández y un grupo de gobernadores oficialistas en la comisión.
El fallo provisorio o cautelar de diciembre había ordenado que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
La decisión resaltó la autonomía de la Ciudad y la equiparó como Estado frente a las provincias, algo que garantiza la Constitución de 1994 pero que hasta el momento no se aplicaba en la distribución del dinero público.
La orden de la Corte también implicó que el Estado Nacional percibiría menos fondos públicos de la coparticipación, ya que la porción mayor que debería enviar a la Ciudad no se obtiene de reducir lo que reciben las 23 provincias sino el Gobierno Nacional.
Todo esto debía suceder mientras la Corte analizaba el expediente, ordenaba pruebas y pericias y tomaba una decisión definitiva para establecer el porcentaje de la masa de impuestos nacionales que le corresponderá a la Ciudad en adelante.
Sin embargo, el Ejecutivo Nacional sigue sin cumplir el fallo, la Ciudad sigue sin percibir los fondos y la Corte no volvió a mover el expediente para emitir su fallo definitivo.
ED / DTC