Ante todo hay que decir por qué es tan urgente una ley de envases. Los expertos nos advierten que estamos al borde del colapso ambiental. El sistema de producción, consumo y descarte está causando daño al planeta y el tema de los residuos es un problema a nivel global.
Estamos hablando de una ley que evitará que los residuos de envases colmen los basurales o contaminen ríos y océanos. Una ley que cuidará nuestro ambiente tan deteriorado, ya que al fomentar el reciclado se evita el uso de recursos no renovables como el petróleo o la extracción de nuevos minerales. Se ahorra energía y también se sustituyen importaciones de materias primas. Es una ley que generará nuevos puestos de trabajo en la industria recicladora y dotará de derechos a miles de cartoneros y cartoneras de todo el país que hoy trabajan en pésimas condiciones. Es una ley TODO BENEFICIO.
Hace 20 años que en Argentina se discuten proyectos de ley de envases que nunca llegan a votarse en el recinto. Escuchando la historia de esos intentos decidí hablar con todos y todas los involucrados con el tema: diputados y diputadas de todos los bloques, organizaciones ambientalistas, intendentes, gobernadores y principalmente empresas que ponen envases en el mercado y aquellas que los reciclan. Yo soy cartonera y sé perfectamente por qué mi sector necesita una ley de envases. Pero creía importante escuchar a todos los actores. Me dí cuenta que ningún proyecto de ley deja 100% contento a todos y todas, que todos debíamos ceder un poquito en pos del Bien Común, del cuidado de la casa común.
Con ese espíritu se trabajó con los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente, de las cámaras empresarias que representan a los distintos sectores de la industria y a los bloques parlamentarios de la cámara de Diputados.
Se realizó entonces una nueva reunión de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados invitando a todos los sectores a exponer. Allí el viceministro informó que estábamos dispuestos a hacer lugar a los principales pedidos de la industria. La propuesta en cuestión contempla modificaciones en 14 de los 44 artículos que contiene el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo originalmente. Las más significativas son: a) la posibilidad de las empresas de organizar Sistemas Privados de Gestión de sus envases como alternativa al pago de la tasa ambiental. b) mayor participación en el consejo consultivo y c) mayor jerarquía a las metas y sistemas de trazabilidad.
Resumidamente, las empresas tendrán tres alternativas para asumir la responsabilidad por lo que sucede con los envases una vez consumido el producto: implementar Sistemas Retornables, implementar sistemas de recolección a su cargo o abonar la Tasa Ambiental para solventar los programas de reciclado en cada municipio.
El tema que hace más ruido es el pago de la tasa por parte de los productores, en los casos que decidan no implementar sus propios sistemas de gestión. Esa tasa es para costear la gestión de los envases en cada municipio y evitar que esos envases contaminen.
Cabe aclarar que no se trata de un impuestazo general del 3% como escuché decir. Por el contrario, el valor de la tasa está relacionado al costo de recuperar los residuos y tiene en cuenta cuatro criterios que determinan que se pague más o menos según las características de cada envase: si contiene o no material reciclado; si es fácilmente reciclable; si es amigable con el medio ambiente (uso de recursos renovables) y el eco diseño. De esta forma se incentiva a la industria a producir envases más ecológicos. Según los cálculos del Ministerio de Ambiente en la mayoría de los envases la incidencia de la tasa en relación al precio del producto envasado no supera el 0,6%. Estamos hablando de centavos!!!
¿De dónde sale esto del 3% entonces? El proyecto prevé un tope máximo. En ningún caso el costo de la tasa podrá superar el 3% del valor del producto envasado. Es un mecanismo de resguardo para que no se generen distorsiones en casos de productos muy económicos, con envases poco ecológicos.
Estamos planteando un sistema sencillo, de implementación progresiva que contemple la promoción ambiental, la separación en origen de los residuos, la recolección diferenciada, el traslado de materiales a una planta donde se clasificarán los materiales, se los compactará y se los retornará a la industria para convertirse en nuevos productos.
Las metas de recupero serán graduales ya que hay que ir construyendo infraestructura y desarrollando la capacidad de la industria recicladora. Será necesario sumar nuevas líneas de producción o bien realizar innovaciones tecnológicas. La ley prevé un porcentaje de lo recaudado para apoyar esta transición.
Me parece una excusa de quienes no quieren que nada cambie cuando escucho hablar que se busca generar “una caja discrecional para los movimientos sociales”. Muy por el contario, la ley establece claramente que los recursos deben utilizarse exclusivamente para recuperar los envases, que serán los municipios y las provincias los encargados de elaborar los planes de gestión y el Ministerio de Ambiente aprobarlos en base a criterios técnicos. Además se prevén mecanismos de control y sistemas de trazabilidad.
No hay dudas, palabra más, palabra menos, que esta ley dará respuesta a muchos de los problemas ambientales, sociales y económicos que generan los envases post-consumo, y comenzará a saldar la deuda con los recuperadores de cada ciudad.