Aborto y discapacidad: cómo ejercen el derecho a decidir quienes no suelen ser escuchadas
Fernanda emerge desde una calle que parece hundida entre los árboles. Camina de la mano de su mamá. Se destaca con su ropa rosada y su sonrisa permanente. Cruza la calle. Las saludo a través de la ventana del bar de una estación de servicio donde acordamos encontrarnos. Es un día donde los 42° de temperatura se hacen sentir. Fernanda elije tomar helado, mientras su mamá Raquel me cuenta la historia que las tuvo como protagonistas en el año 2007, cuando en Argentina no había ley de aborto legal.
Fernanda de 37 años tiene una discapacidad intelectual. En sus primeros años de vida no caminaba. Raquel la crio junto a su prole de otras 10 hijas e hijos, en un barrio humilde, cercano a un basural, en una ciudad ubicada a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Cuando en 2007 Raquel hizo la denuncia judicial y fue al hospital a pedir que le hicieran un aborto a su hija que había sido abusada sexualmente le dijeron que sí, que volviera al otro día para concretar la práctica. Pero no, la realidad fue otra: aparecieron los objetores de conciencia, las dilaciones, las amenazas.
“Me corrieron por la calle y me gritaban cosas horribles”, recuerda Raquel, una mujer convencida de lo que hizo y lo que hace por esta hija, algo palpable en todo su relato, donde a veces le cuesta encontrar las palabras, pero cuando las encuentra, suenan potentes.
“A la jueza le dije: yo voy a hacer todo lo que pueda por mi hija, todo. Yo no voy a parar, no me importa que me miren, porque hay que ser fuerte. Porque si no te pisan la cabeza. Mire, hay gente que esconde estas cosas. Hay nenas de 12 años abusadas embarazadas. Yo no me callo”.
A la jueza le dije: yo voy a hacer todo lo que pueda por mi hija, todo. Yo no voy a parar, no me importa que me miren, porque hay que ser fuerte. Porque si no te pisan la cabeza. Mire, hay gente que esconde estas cosas. Hay nenas de 12 años abusadas embarazadas. Yo no me callo
“Me sacaban fotos sin permiso. En la justicia me agredían porque decían que yo había llamado a los periodistas. Yo no llamé a nadie”, dice. Sí, porque también fue un escarnio mediático para ella y su hija. Por eso, sellamos un compromiso de que en esta crónica no aparecen sus nombres reales ni la ciudad donde viven.
Raquel no tenía dinero para ir en transporte cada día al juzgado, caminaba casi una hora de ida y una hora de vuelta desde y hacia su casa.
Mientras los días corrían, alguien llamó al progenitor para tratar de impedir el aborto: “Apareció de la nada. Nunca se hizo cargo de la hija, jamás. Yo lloraba sangre para pagar las cuentas. ¡Por favor! Si incluso siempre la negó. Fue increíble. Por supuesto, cuando vio que estaba todo muy feo, desapareció otra vez”, relata la mujer.
“Qué linda música”, dice de pronto Fernanda, e interrumpe amorosamente la charla, con su sonrisa contagiosa. Es que en el bar alguien armó una playlist alegre que invita a bailar.
¿Bailas?, pregunto. Ella se ríe, habla mucho, me cuesta interpretar sus palabras, pero se hace entender. Me cuenta: “Voy a la escuela, cocino, dibujo. Me enseñan a hacer las compras”.
“Es para que sea independiente”, agrega su mamá. Ellas se miran y ese cruce de miradas emociona.
Retomo la entrevista: Raquel ¿Cómo lograste que finalmente le hicieran la intervención?
“Bueno, aparecen las chicas –se refiere a feministas que se acercaron para acompañarla– y ahí todo cambió. Me ayudaron. Consiguieron que se lo hicieran en otra ciudad”.
Sí, se activaron las redes feministas para acompañar a la mamá y a la hija. Redes que incluyeron a activistas, personal de salud, y hasta a funcionarios. Tuvieron que recorrer más de 700 kilómetros para acceder al derecho.
Raquel recuerda ese momento como “muy bueno, nos trataron muy bien. Se resolvió todo en una hora”.
Fernanda me dice que tenemos el mismo color de ropa, que es rosada y que es su color favorito. Ella pasó por internaciones, aprendió a caminar luego de muchos tratamientos, y aún tiene dificultades en el habla. Y sonríe, siempre sonríe.
Tu hija es una chica feliz, le digo a Raquel.
“Sí, si, ¿vió? Nos costó mucho, pero acá estamos. Yo hablo de todo con ella, le digo que nadie la puedo tocar sin su permiso, y en la escuela también le dicen. Va a la psicóloga. Somos muy compañeras, y con dos de sus hermanas fuimos a las marchas por el aborto. Fernanda tiene una remera verde por el aborto”, relata la mamá, mientras su hija afirma con la cabeza, y sonríe.
Estela y Clara
A Estela le hablaron de un Centro de Salud donde la podían ayudar con la situación de su hija Clara de 17 años, con discapacidad intelectual y problemas físicos. Quería que Clara accediera a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Era el año 2022 en una Argentina con ley de aborto legal, la 27.610 que contempla la práctica hasta la semana 14 de gestación, y luego de ese periodo, si el embarazo es producto de una violación o ante el peligro de vida y de la salud de la persona gestante, manteniendo el derecho que ya existía en el Código Penal como interrupción legal del embarazo (ILE).
Ellas viven en una ciudad a orillas del río Uruguay, a 400 kilómetros de la capital argentina. En esa ciudad. El Concejo Deliberante comunal dictó una ordenanza que declara a la ciudad como “provida”.
“Llegó esa mamá que también tenía muchas dificultades a nivel cognitivo, a nivel económico, a nivel de acceso a derechos sociales”, comparte la psicóloga Agostina Pisacco Cal, que integra el equipo del Centro de Salud.
“La chica tenía problemas en la cadera, entonces esa mamá, con todas sus dificultades, entendía que podía correr riesgo”, agrega.
En las primera consulta, la psicóloga usó un dominó “con caritas que hablaban de las emociones” para generar un vínculo con Clara. Luego se sumó la obstetra del equipo.
“Ella nos pudo referenciar que le dolía la panza, que le molestaba algo en la panza, y nos contó que se había escapado con un chico de 17 años. Era muy aniñada, y había ahí una asimetría de poder”, destaca la profesional.
¿Cómo se trabaja la autonomía para decidir en esta situación?, le pregunto a Agostina.
“Fue el tema candente –reconoce–, porque tenemos muy arraigado infantilizar a las personas con discapacidad. Todas las personas somos autónomas y en todo caso esa autonomía se va construyendo y se va acompañando”.
“Yo no me sentía capaz de decidir sobre el cuerpo de alguien, y si estamos militando para que toda las personas tengamos capacidad para decidir sobre nuestros propios cuerpos, como psicóloga propuse poner una pausa adecuada a los tiempos –porque el tiempo corre y es fundamental en estos casos– y que escuchemos y que construyamos”, añade.
La psicóloga tuvo varias entrevistas con Clara, y siguió apelando a juegos: “Ella pudo manifestar que le dolía, que estaba incómoda, que estaba afectada emocionalmente y que no había idealización”.
Luego, en el examen médico, que fue difícil porque Clara nunca había pasado ni siquiera por una extracción de sangre, se constató que la joven tenía problemas físicos, y la indagación del equipo llevó a un expediente donde se verificaron anteriores abusos sexuales.
La intervención se concretó. El equipo de salud comunicó la situación a la Justicia y entregó pruebas para que se investigue el abuso sexual.
“Clara salió del hospital y al día siguiente estaba jugando, porque ella seguía jugando a sus 17 años. Tuvimos consultas posteriores y no detecté efectos traumáticos. Se fue con un método anticonceptivo, un implante subdérmico. Hace poco la vi junto a su mamá en la calle, me saludaron. Clara estaba con su novio”, comparte la psicóloga.
Nadia
No se sabe mucho sobre la historia de Nadia. Ella tenía 15 años, no hablaba, iba a una escuela especial para personas con discapacidad. Tenía una discapacidad intelectual y el cuerpo de una niña.
Llegó al Centro de Salud donde trabaja la psicóloga Agostina Pisacco Cal en 2022.
“Fue una situación muy difícil. Tuvimos que estudiar, estudiar clínicamente. Tenemos protocolos, pero son el piso. Después está el caso singular, está la subjetividad. Estos casos que te sacuden y que sacuden los protocolos”, analiza la profesional.
La ley 27.610 de IVE/ILE establece que las personas con discapacidad pueden brindar su consentimiento informado requiriendo, en caso de que así lo deseen, la asistencia del sistema de apoyos. El sistema de salud debe adoptar medidas tendientes a facilitarles que puedan ejercer sus derechos de manera autónoma y recibir la atención sanitaria en los términos que les resulten más accesibles, aceptables y con la mejor calidad disponible. Además, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está incorporada a la Constitución Nacional Argentina.
Nadia llegó con una referente afectiva, la situación “no era clara, nunca supimos quién era esa mujer, cuál era el trasfondo, pero nunca dudamos de que se trataba de un abuso sexual”, comenta la psicóloga.
“Jugamos a la cocinita, para generar confianza. Ese primer día ella se descompone, empieza a vomitar. Estaba muy descuidada, era una situación muy crítica. Volvimos al consultorio, seguimos jugando, empieza a dibujar algo que estaba conteniendo algo. En psicología le decimos contenido continente. Y después con las masas también metía y sacaba algo”, es el detalle que da la profesional sobre el camino que fue encontrando para comunicarse con la niña.
Luego, la situación se complejizó porque apareció una tía preocupada porque en la escuela le dijeron que si seguía yendo al Centro de Salud, la niña no podría volver a estudiar. También entró en escena una abuela enojada que intento golpear a las profesionales que dieron intervención a la Justicia para que investigue toda la situación.
Otra vez, el equipo debatió: “La autonomía progresiva es eso, progresiva, se construye. Está escrito, pero cuando tenemos el caso en concreto…Aparece esto del sistema de salud, de la heroína que quiere salvar. La verdad que no sé cuál es el bien. El bien es el que decida ella”, reflexiona la psicóloga.
Agostina insiste: “La que pone el cuerpo y se tiene que someter al procedimiento es ella. O sea, hay que hablar con ella, hay que construir su autonomía”.
Y eso hizo. Hubo varias entrevistas más con Nadia. Le presentó a la médica que le haría la práctica, le explicó cómo sería, ya que los exámenes médicos habían determinado que tenía un cuerpo infantil.
“Ella me agarró de la mano y me dijo: ‘Sí’”. Y ahí estuvo el consentimiento construido por la profesional y la niña.
Nadia siguió yendo a consultas, se le aplicó un implante subdérmico anticonceptivo. Su abusador fue identificado y está prófugo.
La persona antes que la discapacidad
Fernanda, Clara y Nadia son mujeres que conviven con distintas discapacidades intelectuales, y esa condición hace que sea una de las situaciones más desafiantes cuando se cruza con el derecho al acceso al aborto.
Porque cuando se trata de discapacidades físicas hay apoyos específicos: lengua de señas para personas sordas o sistema braille para personas ciegas, por citar algunos ejemplos.
Pero hay otras barreras culturales e ideológicas que dificultan ejercer el derecho.
Hay una barrera ideológica en algunos profesionales de la salud, ya que frente a una mujer con discapacidad, se nota la impotencia de ver una mujer
“La discapacidad, para muchas personas funciona como una categoría totalizante”, aporta María Alfonsina Angelino, que se define como activista feminista en discapacidad, ha escrito libros al respecto, es docente universitaria de Trabajo Social, y brinda una primera aproximación al problema general.
Y agrega que “hay una barrera ideológica en algunos profesionales de la salud, ya que frente a una mujer con discapacidad, se nota la impotencia de ver una mujer”.
Además, cuando se trata de personas con discapacidad “hay una sexualidad absolutamente reprimida o negada por el entorno, por la familia, sumado a una infantilización”, una opinión que repetirán las profesionales consultadas para esta crónica.
Otro aporte de Angelino es la noción de intimidad, porque hay personas con discapacidad que necesitan de otras personas, como es el caso de quienes son sordas.
“Si hay algo que reconfigura el debate que se plantea en el campo de la sordera es la noción de intimidad, porque la persona necesita un sistema de apoyo, contar con un intérprete de lengua de señas en situaciones que tienen que ver con su salud sexual y reproductiva. Y la intimidad está garantizada por la transmisión fidedigna de información”, resume la profesional.
Por su parte, la obstetra, epidemióloga y docente universitaria Yanina Miragaya explica que “generalmente” rige un modelo médico paternalista “que impone las decisiones sin considerar la voluntad de la persona” contrario al social establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que habla de autonomía y accesibilidad.
“También está el modelo de la prescindencia o de la exclusión que separa, que excluye a las personas con discapacidad reforzando obviamente los prejuicios que tienen que ver con la salud reproductiva. Se las ignora por completo”, añade.
En su práctica en el sistema público de salud se ha encontrado con distintas situaciones frente a un pedido de aborto, donde al indagar aparecía el abuso sexual en la familia, por ejemplo, o el otro extremo: una joven con síndrome de Down que había buscado un embarazo con su novio, pero su papá quería obligarla a una interrupción de embarazo.
En la práctica en el sistema público de salud conviven distintas situaciones desde el abuso sexual en la familia o una joven con síndrome de Down que había buscado un embarazo con su novio, pero su papá quería obligarla a una interrupción de embarazo
“Así se van adquiriendo herramientas y especificidades en función de la empatía que se pueda ir desarrollando o en función de los casos que llegan”, dice la obstetra.
Esa experiencia se potencia con la creación de Yakúo, un Centro de Salud Mental Integral y Comunitario especializado en Salud Sexual y Reproductiva con Centro de Día, una iniciativa que define como “inédita en América Latina. Damos acceso a control de embarazo, tenemos grupos de apoyo de crianza con dulas y acompañantes terapéuticos a aquellas personas con discapacidad que decidan continuar con su embarazo. Y también acompañamos la interrupción voluntaria del embarazo cuando la persona lo solicita”.
El equipo está haciendo un registro para investigar cómo funciona el acompañamiento de abortos con medicación, que se hace en el mismo centro de salud.
“No aconsejamos, lo que hacemos es orientar, y la persona decide y acompañamos esa decisión”, afirma la profesional.
Educación sexual para decidir
Lihue Mendoza es enfermera, vive en Jujuy. Es una de las protagonistas del documental “Estoy acá” de REDAAS, sobre salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad.
En el documental ella se conmueve, se le quiebra la voz cuando cuenta que una mujer sorda fue a verla en una consulta sobre métodos anticonceptivos y ella no sabía cómo comunicarse.
“A partir de ese día comencé a capacitarme”, cuenta en una entrevista que hacemos por teléfono, porque donde trabaja, no hay señal de Internet.
Ahora, es una referente en consultoría sobre salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad.
Para eso se apoya “mucho en los materiales de REDI (Red de Personas con Discapacidad de Argentina) y otros que me facilitaron las Socorristas, y todo lo que voy encontrando. Ya estoy en contacto con una intérprete de lengua de señas, tengo materiales adaptados para personas ciegas o con disminución visual, videos…y hasta logré que, con aportes de la comunidad, podamos adaptar la entrada al Centro de Salud para personas usuarias de sillas de ruedas”.
Lihue también tiene una red de profesionales de la salud amigables, hace consejerías presenciales, y una vez a la semana, por WhatsApp.
Comenzó a dar talleres de educación sexual en un centro adonde asisten niñas y niños con discapacidad. En la primera jornada, cuando mostró el cuerpo de un hombre, una niña salió corriendo. Luego, junto a las docentes, pudieron saber que había una situación de abuso en la familia.
“En las familias no se les habla. Creen que sus hijos serán niños por siempre, y ellos y ellas tienen deseos sexuales, enamoramientos, por eso entendí que el taller también debía darlo a las personas que son referentes afectivas de los chicos”, comenta.
El objetivo de Lihue es “lograr la accesibilidad al sistema de salud para las personas con discapacidad, sobre todo en lo que hace a derechos sexuales y reproductivos”.
“Desear es un derecho” es el título de una guía escrita por y para personas por discapacidad por un equipo de REDI, para hablar de la sexualidad y la autonomía de las mujeres con discapacidad.
Allí se lee: “Si queremos abortar, debemos pedir el aborto en un centro de salud u hospital. Podemos ir solas o con una persona de apoyo que elijamos. No necesitamos hacer una denuncia ni necesitamos autorización de un juez. Solo la persona embarazada puede firmar el consentimiento para el aborto. Si tenemos una declaración de incapacidad jurídica igual vale nuestra opinión o firma junto con la firma de nuestra tutora o tutor”.
Deseo, autonomía, información, decisión y respeto, solo algunas palabras para definir los procesos de tantas Fernandas, Claras y Nadias.
SM/MG
Este reportaje ha contado con el apoyo del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro ( Clacai )
Agradecimientos: Lucy Grimal/ Equipo Mirar/ Constanza Leone
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