Cuatro años de aborto legal: faltan medicamentos y habilitaron consejerías ilegales para disuadir a las mujeres

Meses atrás, María se enteró de que estaba embarazada, con un retraso de pocos días. No quería seguir adelante. Decidió ir al hospital Materno Infantil de San Isidro, el más cercano a su domicilio, y donde una de sus vecinas había interrumpido un embarazo sin ningún inconveniente, muy bien acompañada. María fue tranquila y confiada. 

Cuando llegó a la Maternidad le dijeron que tenía que pasar por un consultorio. En la puerta leyó “Maternidad Vulnerada”. No entendió muy bien qué significaba, pero esperó. Entonces se presentaron unas mujeres que le dijeron que eran voluntarias de un grupo llamado “Obstetricia Escucha”, y que querían escuchar el porqué de su elección. Ella explicó sus razones: estaba sola, sin pareja ni trabajo.

 Las mujeres empezaron a interrogarla, cuestionaron su decisión.

—Te vas a perder lo más lindo que te puede pasar en la vida, que es ser mamá—, le dijeron.

—No puedo afrontar esta situación, estoy decidida—, respondió ella.

Ante su resistencia, la llevaron a hablar con el director asociado de Obstetricia, quien volvió a cuestionar y la mandó a su casa para que lo pensara mejor.

A los pocos días María volvió, sabía que no debía dejar pasar mucho tiempo, que cuanto antes mejor. La recibieron nuevamente las voluntarias. Ella les repitió que quería interrumpir el embarazo, que estaba desesperada. Las mujeres le insistieron para que siguiera adelante.

—Si tenés a tu bebé te vamos a acompañar durante los dos primeros años—, prometieron.

Le regalaron un par de escarpines y la mandaron de nuevo a su casa. María comprendió que no debía volver a ese lugar. Buscó otro hospital en Zona Norte, donde sí pudo interrumpir aquel embarazo no deseado.

Las Marías de este mundo

María no se llama María (y no quiere revelar su identidad por miedo), pero más de sesenta millones de mujeres se llaman así. Es el nombre más común del mundo, un mundo donde cada año se realizan 73 millones de abortos. Seis de cada diez embarazos no deseados son interrumpidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se producen 39.000 muertes de mujeres por abortos inseguros, la enorme mayoría en países donde la práctica es ilegal.

En Argentina el aborto es legal desde su aprobación en el Congreso de la Nación, en la madrugada del 30 de diciembre de 2020. La ley 27.610 entró en vigencia el 24 de enero de 2021 y desde entonces todas las mujeres tienen derecho a pedir –sin dar explicaciones- la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, o la Interrupción Legal (ILE) si su salud corre peligro, o el embarazo es producto de un abuso. 

Hubo otra María en San Isidro, con distinta suerte. Ella pidió interrumpir el embarazo, y las voluntarias también intentaron persuadirla. Pero tuvo miedo, se fue y terminó sometiéndose a un aborto inseguro en un lugar incierto que le provocó una sepsis generalizada. Tuvo que ser internada en terapia intensiva en el hospital central. 

“Esta agrupación de voluntarias religiosas se jactan que, desde que empezaron, bajaron las IVE”, denunciaron médicas de la institución. Cifras oficiales confirman la disminución: comparando los registros de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial de 2023 y 2024 las prácticas fueron 60 menos en el último año. “Es totalmente ilegal lo que están haciendo”, asegura Gisela Stablum, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial. “A raíz de diferentes tipos de comunicaciones que hemos recibido sobre el Consultorio de Maternidades Vulnerables del Hospital Municipal Materno Infantil recordamos la obligatoriedad del marco normativo vigente, las obligaciones asumidas por el Hospital y la Secretaría, como así también las responsabilidades que acarrea cualquier tipo de incumplimiento”, recordó a la Secretaría de Salud del municipio. 

El Concejo Deliberante hizo un pedido de informes al Ejecutivo: “Hemos recibido denuncias de vecinas de San Isidro que expresan su preocupación ante la imposibilidad de llevar adelante procedimientos de IVE, incumpliendo con lo dictado por la ley nacional”. No hubo respuesta.

Médicas, funcionarias y concejales locales aseguran que hay una avanzada anti derechos, que las voluntarias son religiosas del Opus Dei y que no deberían estar dentro de la maternidad, pero que están habilitadas por los nuevos directivos, que se oponen al aborto y bajan la línea de objeción de conciencia al resto del personal.

San Isidro parece sumarse a otro municipio bonaerense que no garantiza el aborto, como San Miguel, que se declaró “pro vida” en 2018. 

Hace poco, una nena de 13 años violada por su tío pidió una interrupción legal en un hospital de Exaltación de la Cruz. La institución no se opuso, pero pidió tutela para la niña por la situación familiar. Se presentó un defensor, pero no para apoyar a la niña sino “al niño por nacer”. Semejante figura judicial no existe, pero es promovida por la Procuración bonaerense, que ya envió “defensores de niños por nacer” en varios casos. 

Cada día se escuchan más historias de obstaculización de este derecho. No sólo en la zona norte bonaerense sino en muchas provincias. 

Tres años de avances, uno de retroceso

El último informe oficial de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es de diciembre de 2023 y dice que 250 mil personas accedieron a un aborto seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que la IVE es legal hasta esa fecha. Desde entonces no hay datos porque el gobierno libertario suspendió la publicación de informes de rendición de cuentas. Lo que sí se sabe es que Nación dejó de comprar y distribuir insumos para las prácticas de IVE e ILE y hasta anticonceptivos. No da apoyo financiero a las provincias en lo relacionado a temas de salud sexual y reproductiva. 

Para garantizar el derecho al aborto se necesitan insumos, el misoprostol y la mifeprestona son los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. “Nación dejó de proveer misoprostol y mifepristona, lo último que recibieron las provincias fue el año pasado”, aseguran desde la Red de Referentes de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina. Es decir, que se garantice el aborto depende de la situación financiera y la voluntad política de cada municipio y cada provincia, lo que profundiza aún más las evidentes desigualdades de este país federal.

Las prestaciones están incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. La ley no dice que Nación debe pagar todo, pero sí que es responsable de que se cumpla la ley.

El Proyecto Mirar -una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health-, se lanzó en 2021 para controlar si se cumplía la ley. Sus reportes aseguran que en los tres primeros años la ley se cumplió, aunque el acceso podía ser dispar según las provincias, o por trabas, como la objeción de conciencia de ciertos actores, pero concluyó que se había alcanzado “un escenario de ampliación de derechos en materia de salud sexual y reproductiva”.

También relevó que en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación.

Ahora no hay estadísticas oficiales para analizar. Se sabe, por las redes de socorristas y profesionales, que se está tratando de hacer todo lo posible. También destacan que muchos funcionarios, aunque no acuerden del todo con este derecho, tratan de garantizar la ley por una cuestión de costos: es más barato comprar misoprostol que costear los gastos asociados a las complicaciones de abortos inseguros. 

“A cuatro años de la ley vemos que los sectores reaccionarios del avance de nuestros derechos se vieron profundamente amenazados y por eso vienen a querer destruir todo lo que nos llevó tantos años lograr. La ley es parte de un proceso de debate democrático histórico y una muestra de que la organización no sólo logra reformas de Ley sino un piso mínimo y fundamental para disputar poder y autonomía sobre nuestros cuerpos”, dice Martina Ferretto, una de las referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

“A diferencia de otros países que siguen luchando por el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en Argentina la lucha fue por un derecho que es personal, político y colectivo –asegura-. Porque el derecho al aborto es un bien para la sociedad en su conjunto, es un bien para los feminismos comunitarios que nos permiten pensar otros mundos posibles donde las desigualdades sociales y las violencias no sean el régimen de convivencia como así lo proponen desde el gobierno en articulación con la extrema derecha global”.

Del faro luminoso al oscurantista

Gracias a los movimientos feministas de Argentina, y las leyes de avanzada que se lograron conseguir -incluida la de aborto-, se dice desde hace años que el país es un faro no sólo para la Región sino para el mundo. Un faro que se apaga con las medidas regresivas del Gobierno libertario, como el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con todos sus programas de protección, y el desmantelamiento del Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que había logrado reducirlo a la mitad en cinco años.

Argentina también retrocede en política exterior: ha sido el único país que votó en contra de apoyos a mujeres y diversidades, pueblos originarios, cambio climático e incluso el abuso y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Los grupos conservadores y de extrema derecha se han apropiado, una vez más, de ciertas palabras. Tomaron la “vida” para su slogan “pro-vida” antiaborto, tomaron la “libertad”, para armar “La Libertad Avanza”. Y tomaron “faro”. 

El mes pasado estos grupos junto al gobierno lanzaron la “Fundación Faro”. Al frente está el politólogo Agustín Laje, uno de los principales referentes de la ultra derecha local, autor de varios libros en los que habla en contra de las izquierdas, los feminismos, el progresismo y lo que él llama el globalismo, en el que arremete contra la agenda 2030 de Naciones Unidas y cualquier idea de unidad entre países. 

Laje es un ferviente opositor al aborto, al que describe como “el asesinato de un ser humano en gestación”. Habla de gametos, biología, células, ADN, y metafísica, dejando de lado cualquier argumento psicológico o social. “No hay nada más violento que hacer un aborto”, asegura. En su visión no importan los riesgos de salud que corren las mujeres. Tampoco si fueron violadas. En sus declaraciones públicas sobre el tema habla de bisturíes, aspiradoras y descuartizamientos. 

Laje es uno de los principales asesores de Milei. Y la cabeza de la batalla cultural contra el progresismo. Los más entusiastas le auguran una carrera política, incluso como eventual sucesor de Javier Milei. El faro del oscurantismo. 

MA