Con el objetivo de producir información para incidir en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a prevenir y combatir la violencia de género en las redes, Amnistía Internacional lanzó una encuesta orientada a periodistas mujeres y diversidades en el contexto de una investigación sobre la problemática y sus implicancias para el ejercicio de la profesión y de la libertad de expresión.
La propuesta convoca a que participen mujeres, mujeres travestis/trans o personas no binaria mayores de 18 años y periodistas. Se trata de un formulario anónimo que demanda entre 10 y 15 minutos.
“Entre otros objetivos, buscamos identificar y sistematizar las agresiones online que experimentaron las mujeres periodistas, cómo esto afectó sus rutinas de producción noticiosa y también indagar en las respuestas institucionales de los medios de comunicación en los que trabajan las periodistas víctimas de violencia. Se publicará en junio de 2024 y haremos un lanzamiento del reporte en nuestra web y plataformas sociales, además de un envío por mail para la prensa”, dijeron desde Amnistía Internacional.
Tendencia global
La violencia contra las trabajadoras de los medios de comunicación es un fenómeno que se da a escala mundial. Se advierte un alza de discursos que incitan a la violencia y a la discriminación hacia periodistas que cubren las agendas de género y diversidad a fin de socavar su credibilidad, humillarlas o disuadirlas de informar sobre determinados temas, lo que puede devenir en un profundo deterioro del debate público por la falta de pluralidad de voces y redundar en una vulneración de la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Diversos organismos de protección internacional de derecho humanos han condenado las agresiones específicas contra las periodistas en el ejercicio de su labor, incluidas la discriminación y la violencia por razones de sexo y género, la intimidación y el acoso en Internet o en otros medios, y destacó la necesidad de abordar las amenazas a las que se enfrentan.
Autocensura como medida de protección ante la falta de respuesta institucional
El abuso que viven muchas periodistas en las plataformas sociodigitales las lleva a limitar sus publicaciones e interacciones y, en algunos casos, a abandonar la red por completo, pese a ser un espacio fundamental para la difusión de su trabajo, ya que no se garantiza un espacio seguro en el que puedan expresarse sin temor a represalias.
Una encuesta que llevó adelante Amnistía Internacional Argentina muestra que el 70% de las mujeres que sufrieron abuso o acoso online hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas y el 36% de ellas dejaron de publicar o compartir contenidos que expresaban su posición sobre ciertos temas. Asimismo, las violentas consecuencias de haber ensayado la crítica en público disciplinan e inhiben a quienes las presencian u observan. Esto, además, puede impactar directamente en la salud de las personas afectadas.
Un informe de Naciones Unidas también da cuenta del impacto de la violencia de género hacia mujeres con voz pública. El 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró sobre algún tema de su pertinencia; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato.
Esto se ve agravado ante la falta de respaldo de los medios de comunicación masiva ya que la naturalización de estos hechos da lugar a una cultura organizacional que desalienta la denuncia. Una encuesta de International Women’s Media Foundation y Troll–Busters señala que “a pesar de la creciente evidencia de la violencia en línea y ataques físicos contra mujeres periodistas, muchos medios no tienen protocolos formales para proteger a sus empleados. Incluso, más de un tercio dijo que no informó a sus jefes por temor a ser etiquetadas como problemáticas y un 29% dijo haber escuchado sobre experiencias negativas de otras personas que habían denunciado las amenazas recibidas a la gerencia”.
“El estudio de Amnistía Internacional se propone un alcance federal que permita dar cuenta de esta problemática en los distintos puntos de Argentina e identificar divergencias y aspectos en común en las diferentes regiones. Pensar el problema de los discursos de odio desde la perspectiva del derecho a la comunicación, que implica acceder a información, compartirla, producirla y transformar la realidad a partir de ella, permite comprender mejor la gravedad de su efecto silenciador”, señalaron.
MM