El pasado 4 de febrero, se celebraron elecciones presidenciales en El Salvador. Fueron las primeras en las que Bianka Rodríguez (1993, San Salvador) pudo votar como mujer. Esta joven trans de 31 años se ha convertido en toda una referente para el movimiento LGTBI de su país, donde los derechos de este colectivo son sistemáticamente vulnerados. Ella fue, en 2022, la primera mujer trans en cambiar su nombre y género del documento de identidad. Lo consiguió después de tres años de batalla judicial en los que fue sometida a todo tipo de peritajes.
“Te desnudan para ver tus cambios morfológicos, tienes que presentar muestras de orina, certificados de denuncias –en mi caso, por un intento de asesinato–, pasas por exámenes psicológicos, fisiológicos… Te revictimizan”, dice. La activista salvadoreña atiende a elDiario.es en la plaza de Pedro Zerolo, en el corazón del barrio madrileño de Chueca, tras participar en unas jornadas en Mérida sobre la cooperación internacional LGBTI. Allí escuchó testimonios parecidos al suyo, como el de Ale López Bemsch, que relató su experiencia como persona intersexual en Argentina, o Alice Nkom, abogada camerunesa conocida por su defensa del colectivo LGTBI. Rodríguez fue invitada como directora ejecutiva de la asociación Comcavis Trans y como primera mujer trans colaboradora de alto perfil de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Conseguir un DUI (Documento Único de Identidad) en el que es reconocida como Bianka le ha facilitado la vida en muchos aspectos del día a día. Ya no corre el riesgo de que le denieguen un contrato de alquiler porque el arrendador dude al ver a una mujer con nombre masculino, ni tiene que dar explicaciones de más cuando quiere pagar con la tarjeta de crédito en un supermercado. Pero el momento más simbólico que ha vivido desde entonces fue durante las elecciones. “Me acerqué al colegio electoral nerviosa y con miedo porque pensaba que me iban a acusar de falsificar mi documentación, pero me encontré con todo lo contrario. Por primera vez me dijeron ‘señorita aquí tiene su papeleta’. Por fin he podido votar sin sufrir violencia verbal e institucional”, relata.
Tras su victoria judicial, la activista ha puesto en marcha un programa para facilitar los trámites a otras personas trans, con el que ya han conseguido ganar otros 22 casos. “Lo más gratificante es saber que he abierto la puerta a que otras muchas personas no sean discriminadas”, explica. Recuerda a una de las mujeres que han podido cambiar su documento de identidad y, gracias a ello, el nombre con el que se identifica aparece en su diploma de graduación: “Esta chica ha podido recoger el título maquillada, con el pelo largo, sin sufrir violencia”. Un avance respecto a lo que ella misma vivió unos cinco años atrás. La presión de algunos de sus profesores universitarios la obligaron a renunciar a su sueño de graduarse en Ingeniería Agroindustrial.
La transfobia comienza en la infancia
Con 15 años, Rodríguez se vio obligada a huir de su hogar tras toda una infancia soportando maltrato físico, verbal y psicológico por parte de su madre. “Cualquier cosa me recuerda mi niñez, un color de lápiz de ojos o mirar mis cicatrices en el espejo”, dice. “Cuando día tras día te dicen que se arrepienten de que hayas nacido, cuando te golpean por exteriorizar lo que sientes, te acabas creyendo que eres la mayor escoria de la sociedad. Este es el origen de los graves problemas de salud mental y las altas tasas de suicidio entre adolescentes LGTBI”.
Salió adelante con sus propios medios y gracias a algunas personas que la ayudaron en el camino. Pasó dos meses en casa de un compañero del colegio, hasta que una familia cristiana le dio trabajo en una panadería y, posteriormente, se ofreció a alojarla. Cobraba tan solo dos dólares al día, así que era su única opción. “No sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo”, dice. En aquella casa descubrió lo que era la explotación laboral. Trabajaba todos los días de la semana y los domingos era obligada a acudir a un culto evangélico de reconversión. “A aquella casa solo pude llevar mi ropa, incluso me hicieron regalar un colchón que tenía. Me dijeron: '¿Ves esos dos sacos de harina? Acomódalos, porque vas a dormir ahí'. Así pasé dos años, viviendo peor que un animal”. Asegura que denunció la situación a las autoridades, pero se rieron de ella.
Salió de esa pesadilla gracias a su abuela materna, que había regresado a El Salvador tras unos años viviendo en Estados Unidos: “Era una mujer que tendría casi 70 años entonces, del área rural, pero se despojó de su mentalidad y me aceptó tal y como soy. Me dijo: 'No tengo nada más que esta champa [casucha] que ves aquí, pero puedo darte una cama y un plato de comida”. Su abuela le animó a retomar el bachillerato, que terminó con una mención honorífica, según explica. Pero en la universidad, todo cambió. Cuenta que, tras la presión de un catedrático, se vio obligada a decidir entre dar pasos atrás en su transición o abandonar la facultad. Eligió la última opción. Un informe elaborado por Comcavis Trans en 2022 estima que un 35% de la población salvadoreña LGTBI no tiene la educación básica, una cifra que cae al 24% si se miran los estudios superiores.
“No buscamos derechos especiales. Eso es lo que dice alguien que no ha vivido en la calle, quien no sabe lo que es acostarse con el estómago vacío y no tener ni papel higiénico para ir al baño. Estas son las condiciones en las que vivimos las personas trans, casi por cultura, en El Salvador”, añade la activista.
Su trayectoria como activista
Al dejar la universidad, se enfrentó a un mercado laboral que le cerraba todas las puertas: “Si tenía suerte me llamaban para alguna entrevista, pero luego me rechazaban por no cumplir con sus valores éticos”. Es en ese momento cuando entró en contacto con Comcavis, y descubrió que su historia era la de muchas otras. Desde 2017, es la directora de la asociación, un cargo que asumió después de que Karla Avellar huyera del país tras varios intentos de asesinato. Otra de las fundadoras, Tania Vázquez, fue asesinada en 2014, cuando Bianka Rodríguez llevaba apenas unos meses como voluntaria. “La policía nos culpó a nosotras y nunca investigó el crimen. Fue muy duro, pero su muerte, y la de Francella Méndez [activista por los derechos LGTBI], nos impulsaron a presentar una reforma del Código Penal, que ahora sanciona la violencia contra las personas del colectivo”.
Ella misma sufrió un secuestro con violencia en 2018, tras salir de un centro comercial. Un hombre armado la obligó a entrar en su coche y la llevó por calles y paradas que frecuentaba habitualmente, dándole a entender que llevaba un tiempo detrás de ella. Mientras, agarraba su pelo y le decía: “Te voy a matar por defender a los maricones”, según su testimonio. La obligó a bajarse en un parque controlado por un grupo criminal. “Pensé, o me mata él, o me matan ellos. Creía que iba a ser una estadística más”. El caso no fue investigado y nunca encontraron a su agresor.
Bianka Rodríguez tiene solo cuatro años menos de la edad media de vida de las mujeres trans en Latinoamérica, que según la red Redlactrans es de entre 35 y 41 años. Otro informe elaborado por la Asociación Solidaria para impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh) registró unas 64 denuncias de vulneraciones de derechos de personas LGTBI entre 2017 y 2022, siendo la Policía Nacional Civil la entidad más señalada. Un 61% de esas denuncias las sufrieron mujeres trans y hombres homosexuales. De acuerdo al estudio elaborado por Comcavis un 90% de la población salvadoreña perteneciente al colectivo ha sufrido discriminación y un 83% algún tipo de violencia. Al menos seis de cada diez consultados dicen haber recibido esa violencia desde las instituciones, mientras que entre un 15% y un 30% de ellos aseguran ser discriminados en su entorno familiar, escolar y laboral.
Cuatro años de retroceso
Nayib Bukele fue uno de los invitados estrella de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la convención ultra más importante del mundo, celebrada la última semana de febrero en EEUU. Entre sus asistentes, también se encontraban Donald Trump, Santiago Abascal o Javier Milei. El recién reelegido presidente aprovechó una de sus intervenciones para anunciar la eliminación de toda “ideología de género” de las aulas. “Confiamos nuestros hijos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles, luego vienen y quieren meterles ideología y cosas contrarias a la naturaleza”, dijo, acompañado de la directora de Moms for Liberty, un grupo de mujeres lucha contra el “adoctrinamiento” de lo woke (algo así como progre).
No es la primera medida que adopta en esta dirección. La primera decisión que tomó al llegar al poder en 2019 fue eliminar la secretaría de Inclusión Social y la dirección de Diversidad Sexual. “En esta última legislatura ha habido un cierre del espacio cívico de interlocución”, cuenta la activista. “Nos han mandado archivar los anteproyectos de ley de cambio de nombre y de identidad de género, además de todas las propuestas en igualdad. No están cumpliendo con su obligación constitucional de proteger a los grupos más vulnerables, solo propician el aumento del discurso de odio”.
Respecto a las últimas declaraciones del líder salvadoreño, la activista apunta a lo paradigmático de estar tratando de revertir una política educativa que su Ejecutivo puso en marcha. “Acusa al movimiento LGTBI de 'ideología de género', pero antes de 2019 no existía ningún manual de derechos sexuales y reproductivos, se elaboró en la pandemia”, dice con cierta incredulidad. Bianka Rodríguez define estos últimos cuatro años como de retroceso en materia de derechos, aunque no le sorprende la deriva conservadora de Bukele. “Busca fortalecer un discurso basado en la fe y desarticular todos los movimientos sociales, además de verse influenciado por el movimiento conservador global en el que quiere destacar”. Aun así, se siente orgullosa por lo que han conseguido como movimiento. “No estamos muy lejos de ver a candidatas trans en puestos verdaderamente decisivos”, concluye.