Es mediodía en una zona alejada en el Noroeste de Salta y el calor se siente fuerte. Dos niñas salen de la escuela y vuelven a sus casas. Caminan de la mano por calles de tierra, van por el sendero de siempre, el que recorren todos los días. Se escucha un motor, el auto se acerca rápido. Adentro van tres o más hombres. Frenan. Una de ellas corre rápido, escapa. La otra, su prima, no puede. Los hombres la fuerzan y la empujan dentro del vehículo. El auto acelera y se va tan rápido como llegó. Todos la violan.
Resulta que la niña es indígena y los hombres son criollos, y a lo que le hicieron no se lo llama como lo que es, una violación grupal, sino “chineo”. La escena puede haber pasado hace meses o años, hace más de dos siglos que las niñas de los pueblos originarios del Norte de Argentina y otros países de Latinoamérica padecen esta violencia camuflada de práctica cultural. (Relato de una de las mujeres que víctima del chineo que dio su testimonio ante el Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir)
A fines de mayo, alrededor de 250 mujeres de más de 20 naciones indígenas se reunieron en Chicoana, Salta, en el Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Allí decidieron impulsar la campaña #AboliciónDelChineoYa y darle un ultimátum al Estado argentino para que ponga fin a este delito. Piden que se declare y se tipifique como crimen de odio. Piden que se visibilice esta “práctica criminal, racista, colonial y sistémica” que debe ser considerada como un “crimen imprescriptible”.
“Es una práctica colonial que consiste en la violación de niñas indígenas por parte de criollos u hombres blancos. Es un acto aberrante que lamentablemente hasta el día de hoy sigue ocurriendo en el Norte argentino”, le dice Briseida Alejo, integrante de la Nación Quechua y del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir a elDiarioAR.
“Escuchamos a un montón de hermanas con relatos tristes, dolorosos, cuentan que ni siquiera les toman las denuncias, que son discriminadas porque hablan en idioma originario. Está considerada como una práctica cultural, que no es así. Es una violencia criminal directa hacia las niñeces, es violación y es específica hacia las niñas indígenas cuando están pasando a ser mujeres. Son elegidas y secuestradas de su comunidad, muchas veces violadas en grupo por agentes de instituciones, de fuerzas de seguridad, como es la policía o militares. También profesores, médicos y curas. Es aberrante y decimos basta, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Nuestras niñeces son sagradas”, agrega Alejo.
La niña cuenta lo sucedido a su madre, pero no hace la denuncia. En parte, porque lo que le hicieron está aceptado culturalmente en esa región. En parte, porque sabe que es muy posible que se burlen de ella cuando hable en su lengua materna. Y por que, a veces, son los mismos representantes del Estado los agresores.
“Tenemos que decir ‘basta’, que se termine esto que es del diablo. Porque así lo decían nuestros ancestros. ‘Ajatay’ es el diablo, que son los criollos”, dice en el Parlamento, la mamá de una nena de 15 años violada en el departamento de Rivadavia, Salta. Octorina Zamora, luchadora de la comunidad wichí que falleció a principios de junio, relevó 27 casos de chineo en esa zona. Solo tres de ellas hicieron la denuncia. La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, hizo una presentación judicial para que se investiguen las responsabilidades de violencia de género, abuso sexual y femicidio hacia niñas, adolescentes y mujeres de comunidades originarias de los departamentos de San Martín y Rivadavia. “Es necesario hablar de este tipo de abusos sexuales donde existe una gran base de racismo y de discriminación”, le dijo a este diario.
“Hay un hostigamiento muy importante de algunos sectores criollos contra estas mujeres para que retiren la denuncia, inclusive con amenazas de quitarle a sus hijos. Les dicen que el Gobierno les va a sacar a sus hijos y que con esas actitudes ellas rompen familias. Esto produce un daño emocional muy grande a estas mujeres”, agrega.
Otro de los impedimentos a la hora de denunciar es la lengua. Odarda sostiene que es fundamental incorporar la dimensión intercultural en el sistema judicial, por ejemplo, con facilitadores culturales. “Hay un sector de la justicia que empieza a tener predisposición de investigar. Hay una necesidad de contar con facilitadores culturales como era Octorina porque es muy difícil que se pueda lograr ese vínculo y tener la confianza necesaria para que las mujeres se animen a hacer la denuncia. Además, de las barreras que existen en la lengua y en la propia cultura”, explica.
El silencio como barrera. “Necesitamos que las autoridades contengan a estas mujeres para que se animen a perforar esa barrera que ha mantenido estos delitos en estado de impunidad, para que puedan investigarse y eliminarse”, sostiene Odarda.
El silencio de los criollos y también de las propias comunidades. Walter Cruz pertenece al pueblo Kolla, es senador provincial por el Partido Peronista y coautor de un proyecto de ley que busca “la visibilización, protección, prevención y reparación de las víctimas de la práctica denominada chineo”. Cruz considera que durante años el silencio funcionó “como escudo de protección”. “Eso nos ha hecho mucho daño. No solamente en este tema. Por ahí, el descreimiento, la falta de real acceso a la justicia porque muchos hermanos hablan idiomas o lenguas maternas y ¿quién nos va a entender?. Parte del Estado, la Justicia o la propia auxiliar de la Justicia como es la Gendarmería, la policía o las fuerzas de seguridad, que también han ido tapando esto y también amedrentaban. Ojalá podamos resolverlo, hay muchas cosas que ahora nuestros hermanos se animan a contar y a denunciar”, detalla en una entrevista con elDiarioAr.
La palabra “chineo” viene de “chinear”, de la violencia hacia las mujeres originarias de ojos achinados. “Es una práctica racista y discriminatoria, de creer a la persona indígena como alguien inferior, como alguien que no es nada. Eso ha pasado en las comunidades indígenas de todo el país. Quizás tenga otros nombres, pero nunca deja de ser un delito. Una lisa y llana violación de los derechos humanos”, dice Cruz.
A nivel nacional, Odarda trabaja en un proyecto para incluir al chineo dentro de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. “También buscamos que se investigue a los autores materiales y el accionar de la policía porque ha habido hechos de comisión y omisión, en cuanto a no evitar este tipo de abusos que se esconden bajo un manto de una supuesta tradición o costumbre”, indica.
Pasan las semanas y la niña descubre que está embarazada. Tendrá a su hijo en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Solo en la comunidad indígena de Misión Km 2 Pluma de Pato, una localidad que en el Censo 2001 contaba con 220 habitantes, hay 15 mujeres que buscan determinar la filiación paterna de sus hijos. “La prestación alimentaria es lo que más desvela hoy a estas mujeres, la desprotección que sienten. Es necesario que el Estado esté presente, que haya una cobertura de la cuestión alimentaria, que es lo que más preocupa a estas mujeres que han tenido hijos o hijas fruto de estos abusos sexuales y que hoy no tienen un papá presente”, sostiene Odarda.
Desde el Parlamento también pidieron que sean las mujeres las encargadas de administrar los programas sociales. “No queremos que sean caciques ni referentes hombres porque ellos aprovechan de este lugar de poder para humillar, someter sexualmente a niñas y jóvenes de su propia comunidad. Los caciques, a veces, son cómplices, ¿Cómo es que no se llega a la justicia? ¿Cómo es que no existe ninguna acción contra los violadores?”, se pregunta Briseida Alejo.
“Mi niña Irupé, de 7 años, jugaba que era una doctora, soñaba con cantar. De pronto, su sonrisa se borró y en su mirada escondía un gran dolor. Un dolor causado por tres personas de buena familia”, contó otra de las madres en el encuentro. “No más sonrisas borradas, no más sueños rotos por culpa de los blancos”.
CDB/MG