La situación educativa en Argentina es crítica. En 2019, el país obtuvo el peor desempeño de su historia en las evaluaciones internacionales de aprendizaje (ERCE) de la UNESCO y, según las estadísticas resultantes, el 46% de los alumnos de tercer grado carece de competencias básicas de comprensión lectora. Sin embargo, la inversión en educación está lejos de ser una prioridad para los dirigentes nacionales y provinciales: 12 de 24 provincias redujeron la proporción de su presupuesto destinada a gastos educativos entre 2004 y 2021.
¿Cuántas provincias redujeron su inversión en educación entre 2004 y 2021?
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza son las que mas lo hicieron en ese período de 17 años: 8,8% y 7,3% respectivamente es el porcentaje en redujeron el dinero destinado a educación. En el extremo opuesto, Salta y Neuquén se erigieron como las provincias que más aumentaron la participación de esta área en su presupuesto: 8,1% en la provincia del Noroeste Argentino (NOA) y 6,6% en la patagónica.
Salta, además, se destaca como la segunda provincia que más porcentaje de sus recursos totales destinó a gastos para enseñanza en 2021, detrás de la Provincia de Buenos Aires, con 28,8% y 30,8%, respectivamente. CABA, por su lado, no sólo presentó una variación negativa entre 2004 y 2021, sino que también destacó como la jurisdicción que menor proporción de su presupuesto asignó a educación con un 16,7%. Le sigue Santa Cruz que invirtió en esta área el 17,6% de sus recursos provinciales.
La Ley de Educación Nacional, aprobada en 2006, establece que la inversión en esta área no puede ser menor al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, hasta el 2021, esta meta sólo se alcanzó en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2015. Así lo indica el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “Financiamiento educativo provincial”, que trabaja sobre los presupuestos de las jurisdicciones subnacionales dado que ─luego de la descentralización de competencias que se dio entre las décadas de 1970 y 1990─ de ellas depende el 75% del financiamiento educativo.
“La descentralización educativa dispuesta en el país requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional”, señaló Javier Curcio, autor del informe.
El documento fue elaborado con participación también de Martín Nistal y Víctor Volman.
“Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, agregó Curcio en relación a la deuda de múltiples provincias con los aprendizajes.
¿Cuál es la proporción de gastos en salarios y en inversión en infraestructura para la educación?
El informe de Argentinos por la Educación expone, además, que la mayor parte del dinero asignado a educación es destinado al pago de sueldos. Para el 2021, a nivel nacional, el 90% del gasto se utilizó para financiar al personal docente y no docente de los establecimientos educativos: 78% corresponde a salarios del sector público, mientras que el 12% restante fue dirigido al sector privado.
Sin embargo, a nivel subnacional, pese a que en todos los casos supera el 65%, la inversión en salarios exhibe mayores brechas. Chubut y Neuquén son las dos provincias con proporción del presupuesto destinada al financiamiento de personal más elevada: el porcentaje asciende al 91% y 86% respectivamente. En el extremo contrario, se destacan San Luis ─con inversión del 66%─ y Formosa y CABA ─ambas con 69%.
La magnitud del gasto en salarios docentes deja poco margen para la inversión en capital que permita mejorar las instalaciones y, en consecuencia, las condiciones de aprendizaje de los alumnos, especialmente de aquellos que asisten a escuelas públicas. “Es muy notoria la baja participación de gasto destinada a la inversión en infraestructura. Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en bienes de capital de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento”, explicó Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación.
El docente e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Juan Doberti, ratificó la excesiva participación del componente salarial en los gastos para enseñanza y subrayó la importancia de una mejor coordinación y comunicación entre Nación y provincias para la asignación del presupuesto. “En un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos y, asimismo, los escasos recursos se empleen de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones del país”, expresó.
En este contexto, y dado el bajo rendimiento de los alumnos locales y la calidad de sus aprendizajes, el informe de Argentinos por la Educación reafirma la necesidad de resarcir la deuda educativa del estado con los estudiantes. No se trata solo de invertir una elevada proporción del presupuesto en enseñanza, sino de hacerlo de manera eficiente y equitativa a fin de potenciar los aprendizajes de todos los chicos a nivel nacional.
ACM/MG