Distintas provincias en todo el país denuncian que, desde el cambio de gestión en diciembre de 2023, el Estado Nacional no envió insumos para realizar la práctica de interrupción voluntaria del embarazo y casi no tienen stock para garantizarla. En algunas, los gobiernos provinciales compran los elementos para suplantar las faltas, pero en otras no, por lo que estiman que solo podrán llevarla a cabo durante algunos meses más. En reiteradas oportunidades el presidente Javier Milei explicitó su repudio a la ley sancionada en 2020, que atribuyó a la “agenda sangrienta” del feminismo.
Tampoco se mantiene la distribución bimestral de los kits con métodos anticonceptivos y el Plan ENIA, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, está en riesgo porque a fin de mes se vencen los contratos de más de 700 trabajadores y trabajadoras que lo llevan adelante.
“Córdoba se quedó sin insumos de Nación y no hay circuito de compra efectivo, por lo que ya no estamos quedando sin insumos. La provincia compró, pero ¿hasta cuándo lo va a poder comprar? Hay un riesgo inminente. Tenemos la exigencia de que se reactiven las compras de Nación, necesitamos que se provea ya de insumo, no esperar a que falte”, afirmó Ana Morillo, integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, a elDiarioAR. Si bien los equipos de salud siguen trabajando y las redes de profesionales para garantizar la IVE están activas, la falta de insumos la pone en riesgo en todo el país.
“En el municipio el stock de Nación ya se acabó, lo que hemos recibido es de provincia. En nuestra farmacia central tenemos alguna provisión, muy poca. En enero la provincia empezó a comprar misoprostol, pero no mifepristona porque es muy cara. El misoprostol es muy bueno pero baja la eficacia”, explicó Morillo, que también es trabajadora del sistema de salud de la Ciudad de Córdoba. Hasta el momento, la capital provincial tiene 80 tratamientos en stock para 80 servicios donde se realiza la práctica, es decir, uno para cada servicio.
En las provincias denuncian que el circuito funcionaba correctamente hasta el año pasado, pero que ahora no hay una persona que dé la orden de distribuir los insumos. En el organigrama del Ministerio de Salud de la Nación no hay ninguna mención a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) que es el sector encargado de la distribución. Este diario consultó con la cartera dirigida por Mario Russo sobre la designación de la autoridad de esa dirección, pero no obtuvo respuesta. Se trata de un lugar clave porque desde ahí se gestiona la compra de métodos anticonceptivos e insumos para garantizar IVE/ILE y se distribuyen en las 24 jurisdicciones de todo el país a través del Programa Remediar para el uso gratuito en el sistema de salud público. Se trata de misoprostol, mifepristona, combipack (mifepristona + misoprostol) y equipamiento para aspiración manual endouterina (AMEU). Según datos oficiales, entre enero y octubre de 2023, la DNSSR distribuyó 70.428 tratamientos de misoprostol, 46.972 tratamientos de combipack y 8.010 tratamientos combinados (que constan de las mismas drogas que el combipack, pero con distinta presentación).
En Catamarca, por ejemplo, la situación es más compleja porque los insumos para los abortos legales provienen exclusivamente de Nación, por lo que estiman solo tienen para dos o tres más. Así lo confirmó a este diario Carola Ferreyra, trabajadora del sistema de Salud y referente del Plan ENIA en la provincia. “Lo poco que quedaba se ha distribuido entre los efectores que garantizamos el servicio, pero es lo que hay, no tenemos en el área central. En diciembre fue la última partida, que era poco y se distribuyó. Si no llega una partida nueva, podemos estirar dos o tres meses. No más que eso”, explicó Ferreira.
En Entre Ríos el lunes pasado recibieron anticonceptivos, pero nada de misoprostol de parte de la Nación. Hay lugares donde las compras las hacen los mismos centros de salud, pero la cantidad es acotada. “El panorama es incierto y sombrío porque no hay una decisión política del Ejecutivo de enviar los materiales. No hay firma para que nos envíen las cajas con medicamentos”, le dijo una trabajadora de salud entrerriana a elDiarioAR. La preocupación también reside en hasta qué punto las provincias podrán afrontar los gastos de la IVE con los recortes presupuestarios que tienen y con el aumento de los costos.
“¿Qué certeza tenemos? No sabemos si Remediar va a llegar, está todo en duda. Creo que las provincias que más recursos tienen van a poner parches en la compra de insumos, pero habrá otras que no van a poder comprar nunca. Es terrible porque volvemos a lo que era antes, la desigualdad tremenda de nuestro país, donde en algunas provincias las mujeres se mueren y en otras, acceden al aborto”, reflexionó Morillo. Actualmente una caja de misoprostol de 12 comprimidos cuesta alrededor de $80.000, una cifra inaccesible para algunos sectores de la sociedad.
Durante los tres años de implementación de la ley se realizaron 245.732 IVE/ILE en 1982 centros de salud y hospitales del país. “Hoy, con este nuevo gobierno toda está política pública está en revisión y amenazada, por una cuestión ideológica y también económica”, afirmó Yamila Picasso, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “En los próximos meses sabemos que comenzarán los faltantes. Porque si el Ministerio de Salud tiene el mismo presupuesto que en el 2023 no solo no alcanzará para la política sanitaria en general sino que tampoco habrá para comprar el misoprostol, la mifepristona y los métodos anticonceptivos”, agregó.
Sin prevención de embarazos no planificados
La falta de métodos anticonceptivos también es una preocupación muy grande en las provincias, a donde las últimas partidas que llegaron fueron en diciembre a través del programa Remediar. “Esto va a derivar en un problema tremendo, es un insumo caro. Nuestras usuarias pasan dificultades económicas y por ahí se priorizan otras cosas y no los métodos. Podemos dar información, pero no tenemos insumos para prevenir los embarazos y después si hay embarazos no deseados, no tenemos insumos para afrontarlo”, explicó Carola Ferreira.
Un dato basta para confirmar la importancia de la anticoncepción: entre 2010 y 2022, los embarazos adolescentes bajaron casi un 50%. Según los datos del Censo 2022, se bajó de un total de 13,1% de embarazos en mujeres de entre 15 y 19 años a 6,4% en el 2022. “Tenemos el stock que nos envío Nación anticipado, el 2021/2022 que tenía que llegar después, pero lo anticiparon porque sino iba a quedar haciendo cortocircuito con el gobierno actual, lo anticiparon para asegurar que lleguen”, explicó Morillo.
Otro de los riesgos inminentes es el desmantelamiento del Plan ENIA para prevenir los embarazos adolescentes que comenzó en el 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó con el de Fernández. El 31 de marzo se vence el contrato de las 700 personas que trabajan en todo el país realizando Educación Sexual Integral en escuelas y centros de salud. Al inicio de la gestión de Javier Milei les renovaron el contrato por dos meses, hasta el 31 de marzo, pero hasta el momento nadie informó cómo continuarán.
“Catamarca es compleja, el plan ha logrado reducir las tasas. El territorio catamarqueño es super extenso y con ENIA llegamos a lugares súper inaccesibles, inhóspitos. Tenemos el departamento Belén donde trabajamos con poblaciones rurales y originarias, es la única política pública que ha llegado a esos lugares garantizando esta cuestiones. Sobre la vulnerabilidad que ya existe, es imponer otra más. Hemos trabajando en la prevención del abuso sexual que en estas poblaciones que estaba naturalizado como rituales”, describió Ferreira para poner en dimensión la importancia de este plan que está en vilo con las nuevas autoridades.
Si bien el presidente Milei aún no cumplió con su promesa de derogar el aborto, la falta de presupuesto hace que en los hechos sus deseos pueden concretarse.
CDB/DTC