Ya son cinco las personas en situación de calle que murieron durante la ola polar en la Ciudad de Buenos Aires. Estaban en los barrios de Palermo, Retiro, Belgrano y Balvanera. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostienen que aumentaron los recursos por las temperaturas extremas, pero las organizaciones sociales reclaman que no son suficientes. Además, junto a legisladores y legisladores denunciaron la violencia policial hacia esa población: “Les mojan los colchones y les sacan las frazadas para limpiar el espacio público”. Esto se da en el marco de un aumento récord de detenciones por la contravención de portación de armas no convencionales en la vía pública sin causa que lo justifique.
Al atardecer, las entradas y pasillos de las estaciones de subte se convierten en uno de los lugares más concurridos por las personas en situación de calle. Se acercan en busca de calor. Sentadas o acostadas sobre cartones o colchones, se cubren con frazadas del frío extremo. Según datos oficiales, durante la última semana se recibieron 1000 llamados diarios a la línea 108 de Atención Social, un 15% más de lo que reciben habitualmente. Las organizaciones sociales que distribuyen comida reforzaron la asistencia, pero no dan a basto. “Todavía no tenemos los resultados de la autopsia, pero por más que diga que es un paro cardíaco, tiene que ver con el frío que pasaron tantas noches. También con el retiro de sus pertenencias por parte de Espacio Público, que tira las frazadas. Las noches que pasan sin poder tener abrigo también influye en esas muertes”, indicó Mónica De Russis, de la Asociación Amigos en el Camino que reparte comida caliente por la ciudad.
Ante el alerta por frío, desde el Gobierno porteño aumentaron en un 120% la cantidad de equipos que recorren las calles e indicaron que hay 600 personas dedicadas al Protocolo Invernal durante la noche. En mayo de este año, Jorge Macri lanzó “Red de Atención”, un programa que reemplaza al BAP (Buenos Aires Presente). Lo hizo semanas después de la criticada campaña de redes sociales en las que se mostraban los operativos de “limpieza” de gente que dormía en la calle. El nuevo programa tiene psicólogos, trabajadores y operadores sociales que recorren las calles en auto o a pie y que derivan a algunos de 47 Centros de Inclusión Social (CIS)
Sin embargo, el lunes pasado se hizo un “frazadazo” en el Obelisco para que la administración porteña declare la emergencia de las personas en situación de calle y cumpla la ley local N° 3.706 y la nacional N° 27.654. Otros de los reclamos fue que el acceso a los CIS sea por demanda espontánea y así evitar esperas de seis u ocho horas. El ministro de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Mraida, le dijo a elDiarioAR que tienen vacantes aseguradas para todas las personas que quieran pasar la noche en algún centro de inclusión social.
La cuestión es la cantidad de personas. Según el GCBA, hay 3.560 personas en situación de calle, lo que muestra un aumento del 14% entre abril de 2023 y 2024. Sin embargo, el segundo censo realizado por diversas organizaciones sociales relevó 8.028 personas para diciembre del año pasado. “En momentos de tanta emergencia y tanto frío discutir el número no tiene sentido porque es entrar a una discusión política. La certeza es que tenemos móviles recorriendo toda la ciudad y podemos dar respuesta a todos los llamados y llegar a cada persona que lo necesite. Además, toda persona que necesite y desee ir a un centro, lo tiene. No solo la cantidad es importante, también la caracterización de estos centros: abrimos nuevos para familias y el primero en Latinoamérica para llevar a cabo tratamientos de salud mental”, le dijo el funcionario a este diario.
Durante la sesión del jueves, legisladores y legisladoras porteñas aprobaron un pedido de informes para que GCBA dé detalles de la asistencia que reciben las familias con vulnerabilidad habitacional y qué tipos y cuántos subsidios están entregando. “Lamentablemente lo que viene sucediendo a nivel nacional se replica en la Ciudad de Buenos Aires, es la política de la crueldad y el descarte. Hay mucha violencia sobre los que más necesitan del estado presente”, le dijo la legisladora de Unión por la Patria Victoria Montenegro a este diario.
La legisladora, que es una de las que promueve el pedido de informe, indicó que recibió varias denuncias sobre personal policial violentando a las personas en situación de calle para que liberen las veredas. “Lo que necesitamos también es que se puedan articular las políticas públicas que tiendan a buscar soluciones y no a responder a la impronta del nuevo jefe de Gobierno que entiende que son comparables con la basura, que pueden limpiarse o que pueden levantarse con el accionar policial. Y que lleva adelante un enorme retroceso en materia de la Ley de Salud Mental y vulnera todos estos derechos”, indicó.
En ese sentido también se expresó De Ressis de Amigos en el Camino: “Le sacan absolutamente todo, decidieron que no se puede dormir en las calles y los obligan a retirarse. Les sacan las frazadas, las mochilas con documentos, con certificados de discapacidad y los carros de los que están trabajando y cartoneando. Van con la Policía y un camión y le retiran todas las cosas”.
En las últimas semanas se incrementó la cantidad de personas en situación de calle que fueron detenidas por la Policía porteña, fueron requisadas y trasladadas por portar cuchillos, pequeñas navajas o destornilladores, en su mayoría elementos para abrir latas de comida, cortar cartones o la misma comida. Finalmente el Poder Judicial declaró inconstitucional esas actuaciones porque no tenían ningún tipo de orden judicial sino que eran contravenciones por portación de armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique. “Lamentablemente, en las fiscalías se avala que la respuesta estatal a esta situación dramática sea a través de la fuerza que pueden ejercer las policías”, sostuvo el director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Julián Alfie, a eldiarioAR.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Ciudad dan cuenta de un crecimiento de la cantidad de causas iniciadas por esta contravención: de 300 en el 2021 a 400 en el 2023. “Es un récord en la historia de la Ciudad, al menos desde 2007 que es cuando comienzan las estadísticas. Es un accionar totalmente ineficaz, las estadísticas demuestran que hay apenas 8 condenas al año de aquellas 300 o 400 causas que se inician. El propio sistema judicial, en última instancia, termina descartando estos casos. No tiene sentido que se dilapiden los limitados recursos en perseguir y en hostigar a personas que están en situación de vulnerabilidad”, agregó Alfie.
Según estadísticas oficiales, en los últimos 3 años se registraron 1181 casos por portación de armas no convencionales en la vía pública sin causa que lo justifique, pero sólo 31 casos se llegó a una condena. “Claramente la política no debe ser de hostigamiento a las personas en situación de calle sino una política integral de abordaje que incluya programas sociales, que incluya justamente solucionar este enorme drama”.
Los datos del Gobierno porteño indican que casi el 75% de las personas en situación de calle son varones de entre 18 y 50 años y más de la mitad provienen del conurbano bonaerense. “Hay una ley nacional que indica que cada jurisdicción tiene que desarrollar una política pública de calle lamentablemente, es la única que lo está cumpliendo de la Ciudad de Buenos Aires, pero reconociendo que es un problema más grande que es un problema del AMBA y es necesario una coordinación con el gobierno de la provincia, pero bueno todavía eso no sucede”, afirmó Mraida y tiró el problema para la provincia gobernada por Axel Kicillof.
CDB/MG